Sucesos en Zamora
La sentencia que absuelve al empresario y a un vigilante en el polémico caso de la sal en Zamora es ya firme
Fiscalía y Abogacía del Supremo descartan recurrir el fallo de la Audiencia Provincial, que no halló pruebas del fraude de los dos acusados
El empresario y el vigilante de la Unidad de Carreteras del Ministerio durante el juicio en la Audiencia. | Ana Burrieza / Susana Arizaga
Ni el dueño de la empresa Edype que servía sal de bacaladeras al Ministerio de Fomento para la red viaria en Zamora, ni el vigilante del centro de conservación de carreteras de Rionegro tendrán que esperar la ratificación de su absolución por el Tribunal Supremo, al decidir la Fiscalía y el Abogado del Estado de este órgano judicial no formalizar el recurso impulsado desde Zamora contra la sentencia de la Audiencia Provincial.
La falta de pruebas sobre la implicación del empresario procesado de participar en el fraude de 2019.721 euros al Ministerio en Zamora al entregar sal con restos de bacalao como fundente justificó que las tres magistradas que formaron sala en la Audiencia optaran por descartar que el empresario, de iniciales D.H.M., se hubiera beneficiado con la venta de 200 toneladas de ese mineral a la UTE Rionegro (Copcisa-San Gregorio), imputación por la que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado exigían 6 años de prisión por beneficiarse en 110.000 euros con la estafa cometida entre los años 2007 y 2008.
Por la misma causa, las magistradas zamoranas absolvieron al funcionario, de iniciales P.F.N., al que la Fiscalía de Zamora y el Abogado del Estado exigían entre 2 y 4 años de cárcel por fraude y apropiación indebida de caudales público o malversación de los mismos por actuar como intermediario en la venta de biondas levantadas de la red estatal de Sanabria-La Carballeda y de chatarra de las calzadas.
La Audiencia tampoco pudo hallar pruebas de que las obras ejecutadas en el chalé del vigilante con empleados y material de la UTE las hiciera con "un propósito de defraudar a la Administración" estatal durante el juicio celebrado en noviembre. "No existe un dolo evidente de la existencia del fraude", sino la intención del vigilante "de obtener la reparación de la forma más rápida", sostiene la Audiencia.
Sin embargo, por esos trabajos la Fiscalía y Abogado del Estado de Zamora exigían la devolución de 18.000 euros al erario público y la condena a hasta 4 años de cárcel por el delito de fraude en la venta de biondas y chatarra, y por las obras efectuadas en su casa.
La Fiscalía y la Abogacía del Supremo comunicaban este viernes a los abogados de los dos acusados absueltos y del funcionario condenado su decisión de desistir del recurso ante el Alto Tribunal, una noticia que el abogado del vigilante de la Rionegro recibía con satisfacción al coincidir con sus tesis de defensa en el sentido de que "no existe nada contra mi cliente", ha manifestado Antonio Rodríguez.
El letrado sostiene que los argumentos con los que las acusaciones públicas pretendían que se condenara al funcionario de Fomento "son incongruentes con los términos de la sentencia, que dice que no tiene sentido" imputarle los delitos que pretendían las acusaciones públicas.
El letrado de P.F.N. lamenta que la absolución en firme de su defendido haya tardado 12 años en producirse, "a veces cuesta demostrar que eres inocente", apunta a la vez que subraya el perjuicio que se le ha causado a su defendido. "Hemos tenido que aguantar mucho cuando no hay motivos para la condena".
Del mismo modo, descartan el recurso presentado por el abogado del exdirector de la Unidad de Carreteras de Zamora entre 2007 y 2012, del funcionario Esteban Marino, condenado por la Audiencia a un año y medio de prisión y a la suspensión de empleo y sueldo por el mismo periodo, pena que ya no le afecta por estar jubilado ya.
El alto funcionario se mostró de acuerdo con la condena solicitada por la Fiscalía, tras llegar a un acuerdo con su abogado, lo que implica que admite que cometió el delito de cohecho impropio por haberse beneficiado de viajes, comidas y otro tipo de actividades de ocio con cargo a los pagos que Fomento realizaba a la UTE Rionegro a través del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras en el sector Sanabria-La Carballeda.
La Audiencia impuso 12 años de cárcel a cinco imputados, entre empleados de la UTE y funcionarios del Ministerio, por delitos de corrupción, entre los que figuran de fraude por cobrar facturas infladas a la Unidad de Carreteras del Ministerio en Zamora, 290.000 euros entre 2007 y 2012 que pudieran demostrase.
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