Sucesos en Zamora
El Estado pide 46 años por corrupción en el caso del chalé del ingeniero de Fomento
El técnico y su mujer lograrían la vivienda como "dádiva" de la UTE Puebla de Sanabria, con cuatro imputados, a cambio de obras viarias
El chalé propiedad del ingeniero R.T.T. y su mujer, cuya obra se investigó. / LOZ
Los indicios de que la UTE Puebla de Sanabia habría obtenido obras en carreteras estatales a cambio de construir un chalé sobre 700 metros cuadrados al ingeniero técnico del Ministerio de Fomento en Zamora, de iniciales R.T.T., en Roales del Pan entre 2011 y 2012, podrían conducir al alto funcionario durante 12 años y medio a prisión si la Audiencia de Zamora admite la pena solicitada por el Abogado del Estado. La "dádiva", como indica la acusación pública, estaría valorada en 300.000 euros.
El ingeniero en la Audiencia. | LOZ / Susana Arizaga
Estafa, cohecho y falsificación en documento mercantil son los delitos que imputa el Estado a R.T.T. y a su mujer, de iniciales P.C.Ch., al figurar como ambos promotores de la vivienda unifamiliar, caso de corrupción investigado por la jueza de Puebla de Sanabria en 2012, que los procesó por la presunta financiación de la construcción de la casa con facturas que se registrarían como pagos a las empresas de la UTE, la vallisoletana Cisa Castilla S. L. y la asturiana Contratas Iglesias por supuestas obras realizadas al Ministerio en la red viaria de Sanabria y que se girarían a Fomento.
El abogado del Estado solicita al Tribunal provincial una inhabilitación de 16 años que impida al ingeniero trabajar en la Administración o como cargo público durante ese tiempo. Su esposa, de admitirse las penas que pide el Estado ingresaría en la cárcel 4 años por los delitos de estafa y de falsedad en documento mercantil que también se imputan a R.T.T., como promotora de la casa.
Las diligencias relacionan "la dádiva" al ingeniero técnico con la adjudicación el 30 de julio de 2009 a la UTE de obras de rehabilitación del firme de carreteras del Ministerio por un importe de 11.339.601,44 euros para casi 13 kilómetros de la A-52 de la N-525 entre Puebla de Sanabria y Requejo; y para el tramo del límite provincial con la carretera de Orense con la N-VI, un total de 115,1 kilómetros.
Los otros cuatro imputados son los administradores y jefes de obras de la UTE, de Cisa Castilla S.L. y de su fialial Contratas Iglesias, esta última aparece en el sumario del caso como la constructora del chalé, de acuerdo con el certificado de final de obra del 7 de diciembre de 2012 hallado por la Guardia Civil, sellado con el visado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zamora el 24 de enero de 2013.
El Abogado del Estado pide para cada uno de los dos administradores de la empresa asturiana, de iniciales M.F.I.S. y L.I.S., este último arquitecto de la vivienda de Roales, 7 años y seis meses por estafa, falsedad documental y cohecho. Idénticas penas solicita para los jefes de obra de la UTE Puebla de Sanabria, M.S.A.; y de la sociedad Cisa, C.C.D., empresa esta úlitma que aparece ya como extinguida.
Si los magistrados zamoranos se descartan la estafa en la conducta del matrimonio, de R.T.T. y de P.C.Ch., la Abogacía del Estado pide que se condene subsidiariamente al matrimonio por malversación de caudales públicos, delitos por los que exige 5 años de prisión para R.T.T., lo que incrementaría su pena total de reclusión hasta 15 años -en lugar de los 12 y medio mencionados-.
Para su esposa, P.C.Ch., el Estado exige otros 5 años de cárcel, con lo que la Audiencia podría determinar que la procesada cumpliera 7 años de prisión en total, además de 6 de inhabilitación absoluta. La pareja deberá indemnizar con 55.189,78 euros al Ministerio junto a con los otros cuatro imputados en este caso, al margen de las multas.
Sobre la desaparecida empresa Cisa recaería, si se condena a su administrador, el deber subsidiario de pagar los 55.189,78 euros que reclama Fomento, que exige inhabilitarla para obtener subvenciones y ayudas públicas, para participar en contratos del sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales.
La pieza separada del procedimiento judicial de la trama de la sal
La Audiencia ya condenó a 5 años y nueve meses de cárcel el 7 de noviembre de 2022 al ingeniero técnico, quien tenía el control de la ejecución de obras en la red viaria competencia de la Unidad Provincial de Carreteras del Ministerio en Zamora entre sus funciones como responsable del área. Junto a él, fueron condenados otros funcionarios, como el director provincial de la Unidad entre 2007 y 20212, Esteban Marino, así como empleados de la UTE Rionegro (Copcida-San Gregorio).
Las penas que suman 12 años de cárcel para un total de cinco condenados que reconocieron el fraude en las toneladas de sal servida y con la venta de biondas y chatarras que eran propiedad del Ministerio. Los delitos que están detrás del total de 12 años de cárcel son: estafa, fraude, cohecho, prevaricación o apropiación indebida fueron suspendidas por cinco años al llegar a un acuerdo con Fiscalía.
El procedimiento judicial de la trama de la sal continúa para un vigilante de Fomento y un empresario titular de la sociedad Edype que servía a Fomento el fundente procedente de bacaladeras de Portugal, los únicos que proclamaron su inocencia y rechazaron el acuerdo con Fiscalía.
Para ellos se celebró un juicio en noviembre de 2022 que llevó a la Audiencia a absolverles por falta de pruebas y, en el caso del funcionario que era vigilante de instalaciones Fomento en Rionegro, los magistrados indican que recibía órdenes de sus superiores, de R.T.T. como intermediario en la venta de biondas. La absolución está recurrida ante el Tribunal Supremo por Fiscalía y por el Estado que reiteran sus argumentos.
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