La Fiscalía exculpaba ayer antes de iniciar el juicio en la Audiencia de Zamora por el fraude de 290.000 euros a Fomento a los cuatro directivos de la UTE Rionegro imputados por el delito de estafa al Ministerio por cobrar facturas engordadas de sal usada en las carreteras de Sanabria-Carballeda y por vender biondas entre 2007 y 2012, mientras que cinco funcionarios y trabajadores de la empresa eran condenados a 12 años y dos mes de cárcel.
Las condenas son solo por los delitos de estafa, fraude, cohecho, prevaricación o apropiación indebida, si bien el Ministerio Fiscal había visto indicios de malversación de caudales públicos, falsedad en documento, infidelidad en documentos y pertenencia a organización criminal de lo doce imputados inicialmente.
La UTE, compuesta por Contratas y Obras Públicas San Gregorio y Copcisa S. A. , solo tendrá que responder subsidiariamente de las cantidades defraudadas por sus empleados en caso de que estos no paguen las cantidades exigidas en sentencia que van desde los 110.000 euros a casi 18.000.
Tras el acuerdo alcanzado con Fiscalía y Abogacía del Estado ningún condenado ingresará en prisión al suspenderse las penas durante 5 años si no delinquen de nuevo en ese tiempo. Tendrán que abonar multas que oscilan entre las 540 euros y 1.080 euros.
Entre los condenados está el director de la Unidad Provincial de Carreteras en Zamora entre 2007 y 2012, Esteban Marino Alonso, que admitió ayer haber incurrido en cohecho impropio, por haberse beneficiado de viajes, comidas y otro tipo de actividades de ocio con cargo a Fomento, lo que le ha valido medio año de prisión y un año de suspensión de empleo y cargo público. Al faltarle apenas medio año para su jubilación, esta última pena no tendrá que cumplirla, indicaban ayer fuentes judiciales.
El exingeniero jefe de la Unidad de Carreteras, R.T.R., está condenado a 5 años y nueve meses de cárcel por prevaricación, estafa, fraude a Fomento; y cohecho, así como a inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público durante 2 años; y a un año de suspensión de empleo y sueldo. Como responsabilidad civil, la Audiencia le impone 100.000 euros por los beneficios que pudo obtener con su conducta delictiva.
Sobre el funcionario delegado de obra y jefe de conservación, de iniciales E.J.R.G., han recaído 4 años y tres meses de prisión por estafa; fraude; cohecho y apropiación indebida; además de inhabilitación para empleo o cargo público por 6 años; y suspensión de empleo y sueldo por un año. La indemnización que recogerá para este imputado la sentencia de las tres magistradas, nombradas ex profeso para este juicio, es de 45.000 euros con la venta de sal.
La Fiscalía sostiene que ese imputado, junto con el acusado de iniciales P.F.N., fue quien ideó la creación de la empresa Edype de distribución de sal para las campañas invernales en las carreteras de Sanabria-Carballeda, con la que se facturó una importante cantidad de fundente que no tuvo ningún coste para los imputados, puesto que la recogían gratis de los secaderos de bacalao de Portugal para venderla a la Unidad de Carreteras de Zamora y facturarlo al Ministerio como sal buena.
La pena de cárcel para el técnico y funcionario encargado del sector ZA-4, de iniciales S.S.S., es de dos años de prisión por fraude, cohecho y apropiación indebida; 6 años de inhabilitación de empleo y cargo público; y un año de suspensión de empleo y sueldo.
La empleada de la UTE, R.M.I., por apropiación indebida pagará una 360 euros de multa y 25.000 euros por los beneficios con la venta de biondas.
A otro trabajador de Roinegro, de iniciales P.O.A., se le ha condenado a 6 meses de prisión, además del pago de 35.000 euros.
Acuerdos que reducen los años de cárcel a más de la tercera parte
Los cinco imputados por la Fiscalía y el Abogado del Estado por el caso del fraude que llegaban ayer a un acuerdo para evitar el juicio en la Audiencia vieron reducidas sus condenas de prisión a más de la tercera parte. De modo que, para quien en el periodo investigado era director de la Unidad Provincial de Carreteras, Esteban Marino Alonso, se solicitaban 5 años de cárcel por prevaricación continuada, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, además de 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público y elevadas multas de entre 5.400 euros, 3.000 y 3.500 euros.
El ingeniero jefe de la Unidad, R.T.R., se enfrentaba a 13 años y medio de cárcel por los delitos y 32 años de inhabilitación, así como a elevadas multas de entre 7.200 euros y 5.400 euros. La Fiscalía exigía a la Audiencia para el técnico y funcionario encargado del sector ZA-4 de la red viaria de Sanabria, S.S.S., una condena a 12 años y medio de cárcel; inhabilitación para empleo o cargo público por 26 años y multas de entre 10.000 euros y 2.700 euros.
Para el funcionario delegado de obra y jefe de conservación, E.J.R.G.,15 años y medio de cárcel y 22 años de inhabilitación para empleo o cargo público, al margen de importantes multas. A los cuatro directivos de la UTE Rionegro, ahora exculpados, el conocido Emiliano Alonso, J.I.M.M., B.M.C. y G.G.B. se les exigían condenas a cada uno de 6 años de cárcel y multas individuales de 7.200 euros por estafa con la sal, delito del que les exoneran la Fiscalía y el Abogado del Estado. Además de la responsabilidad civil subsidiaria para la UTE Rionegro de 290.000 euros, única pena que se mantiene en caso de que los trabajadores condenados no paguen las cantidades proporcionales impuestas como indemnización al Ministerio.
El juicio continúa para dos acusados que se enfrentan a 6 años de prisión cada uno y piden la nulidad por indefensión
Mientras que los directivos de la UTE Rionegro adjudicataria del servicio de mantenimiento de la red de carreteras nacional en Sanabria-Carballeda se congratulaban de que, “tras doce años se haya hecho justicia porque la empresa nunca tuvo nada que ver con el fraude” detectado, aseguraba Emiliano Alonso Ortiz, jubilado ya de la empresa San Gregorio, integrante de la UTE, los abogados de dos de los 12 imputados rechazaban llegar a un acuerdo con la Fiscalía y el Abogado del Estado y solicitaban la nulidad de las diligencias y del procedimiento judicial. El juicio se reanuda para ellos el próximo lunes, 24 de octubre.
El abogado de uno de ellos, del acusado de iniciales P.F.N., al que se exigen 6 años y medio de prisión por estafa, fraude al Ministerio de Fomento como empleado público, prevaricación, cohecho, malversación y hurto, pide la nulidad de las actuaciones desde el inicio por haber dos diligencias abiertas al mismo tiempo, una en Fiscalía y otra en el Juzgado de Puebla de Sanabria.
El letrado Antonio Rodríguez denuncia que su cliente, al que Fiscalía y Abogacía del Estado exigen una indemnización de 110.000 euros, no estuvo asistido por un abogado en los primeros interrogatorios, lo que conculcaría el derecho a la defensa justa. El otro imputado que será juzgado es uno de los conductores de los camiones de sal de la UTE, D.M.H., al que se le acusa de un delito de estafa y se le piden 6 años de cárcel.
