Cárcel para el exingeniero de Zamora y su mujer por pagar parte de su chalé con dinero de Fomento

El ingeniero jefe de la Unidad Provincial de Carreteras, de iniciales R.T.R., y su esposa, P.C.Ch. han admitido que falsearon facturas para estafar al Ministerio de Fomento para "encubrir mendazmente los trabajos realizados" en el chalé de la pareja, valorado en 300.000 euros y en construcción sobre 700 metros cuadrados en Roales del Pan. , de acuerdo con la sentencia condenatoria de la Audiencia de Zamora que les impone 21 meses de prisión por estafa y falsedad documental; y 6 meses de prisión por estafa, respectivamente. El matrimonio ha pagado ya los 55.189,78 euros de indemnización de las facturas que pudieron justificarse.

La sentencia sostiene que las obras son una "dádiva" que obtuvo R.T.T. "por razón de su cargo en el Ministerio", de acuerdo con la sentencia del Tribunal provincial, un "favor" que le hizo la UTE Puebla de Sanabria, contratada por esa administración para la rehabilitación del firme de carreteas. Los cuatro responsables de las sociedades Cisa Castilla y Contratas Iglesias que conforman la UTE cometieron los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil al "ponerse de acuerdo" para realizar los trabajos en la vivienda unifamiliar del matrimonio. Se trata del administrador de una de las sociedades de la UTE, de iniciales L.I.S., y de los jefes de obra de las dos  M.S.A. y C.C.D., que entraron en el juicio por videoconferencia. El otro procesado, M.F.I.S., ha fallecido.

El quinto empresario condenado es titular de Perforaciones Roinsa, de iniciales R.C.S.D., quien pasó a realizar las obras cuando quebró Cisa quien conocía el método de facturación fraudulenta, aunque ningún detalle más, y que convino en cometer la ilegalidad. Las facturas fueron endosadas al Ministerio como parte de las obras adjudicadas a la UTE de Cisa y Contratas Iglesias para la rehabilitación del firme de unos 13 kilómetros de la A-52 de y de la N-525 entre Puebla de Sanabria y Requejo, el tramo de 115,1 kilómetros del límite provincial con la carretera de Orense con la N-VI, adjudicadas el 30 de junio de 2009 por importe de 11.339.601,44 euros, de acuerco con los hechos probados.

El Estado pide 46 años por corrupción en el caso del chalé del ingeniero de Fomento

Atenuantes de las penas de cárcel

El "reconocimiento de los hechos y la reparación del daño", es decir, el pago de esa cantidad por parte de los imputados ha pemitido a las magistradas aplicar estas dos circunstancias como atenuantes de las penas de cárcel y reducirlas a un total de 5,8 años de cárcel para los siete procesados, a petición de la Fiscalía de Zamora y la Abogacía del Estado, que exigía para los procesados la suma de hasta 46 años de reclusión inicialmente.

La Audiencia impone a R.T.R., encargado de llevar un control de la adjudicación y la ejecución de proyectos en la Unidad Provincial de Carreteras del Estado, una multa de 1.080 euros; y a su mujer, P.C.Ch, la impone 6 meses de prisión y la misma multa por la estafa. La sentencia fija un año de cárcel y la misma multa para los dos administradores de Cisa y de Contratas Iglesias de iniciales M.F.I.S. y L.I.S. por estafa y falsedad; así como para los dos jefes de obra de la UTE Puebla de Sanabria, M.S.A.; y de la sociedad Cisa, C.C.D., idénticas penas por las mismas infracciones penales.

La nota manuscrita

Al empresario de iniciales R.C.D.S., al que subcontrataron para realizar trabajos en el chalé tras quebrar Cisa, se le imponen tres meses de cárcel y una multa de 540 euros. Al parecer, el imputado C.C.D., responsable de Cisa, le habría indicado que debía facturar sus trabajos en el chalé bajo el epígrafe "rehabilitación del firme en las carreteras A-52 y de la N-VI", dichas indicaciones se hicieron en un mensaje manuscrito redactado por ese acusado, que ha reconocido la nota de su puño y letra que se adjunta a la factura por importe de 46.191 euros", indican la Fiscalía y el Abogado del Estado. R.C.D.S. "reconoció que nunca había trabajado" en esas carreteras y que desconocían dónde se ubicacan.

Connivencia y posibles pagos en sobres

La sentencia, ya firme tras el acuerdo de las partes personadas en la causa judicial, pieza separada del caso de la sal, indica que "todos los acusados se pusieron de acuerdo para redactar las facturas que encubrían mendazmente los trabajos realizados en la vivienda de R.T.R. y de P.C.Ch.", una trama que permitió que fueran pagadas por la empresa Cisa Castilla, según admiten los procesados, "conocían todos que se hacían como dádiva o favor" al exingeniero jefe "en razón de su cargo en el Ministerio de Fomento y que encubrían un engaño" a la Administración central, "al hacer pasar por obras en las carreteras", lo que "em realidad eran en el domicilio del acusado".

El empresario al que se subcontrató cuando quebró Cisa Castilla, cuando estaría ya ejecutada entre el 50 y el 70% de la obra del chalé, desconocía esa trama, aunque no el "carácter mendaz de las facturas", se apunta a los hechos probados, si bien "accedió al cobro de ese modo acuciado por las deudas a proveedores", aunque se le indicó que no existía problema por cobrar de esa forma.

El matrimonio promotor de la obra rescindió el contrato con la empresa de la UTE para suscribir uno nuevo con la sociedad de R.C.S.D., firmado por la esposa del exingeniero técnico el 21 de mayo de 2021 "habría cobrado facturas por la cantidad de 150.475 euros, y otros 30.000 euros en "B", en sobres que contenían normalmente entre 5.000 o 6.000 euros, y en un pago de 15.000 euros entregado por R.T.T. que supuestamente procedía de la venta de un piso" de su propiedad, según consta en las diligencias.

El importe total del presupuesto de la obra, de acuerdocon el contrato susctito con Cisa, "resultó ser notablemente mayor de lo que pagaba la propiedad, era de 100.000 euros y el coste real de 300.000 euros", de acuerdo con la investigación judicial que concluye que "la empresa se hizo cargo de la diferencia" entre ambas cantidades "y no el promotor de la obra".

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