¿Quién debe ejercer la soberanía nacional?

Según establece la Constitución Española, Art. 1.2: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", y Art. 92.1: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

A mayores, la Ley 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, en su artículo 2, recoge:

1. "La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado".

2. "Corresponde al rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente".

A juicio de un servidor, la Ley de Amnistía que ha sido recientemente aprobada por el Congreso, es fruto de una decisión política de especial trascendencia y, en consecuencia, debería ser sometida a referéndum, al menos consultivo, antes de su aplicación; y, mucho más, teniendo en consideración que tal medida no figuró en el programa electoral del partido que la ha impulsado, el PSOE, que, por el contrario, antes del 23/J negó la posibilidad de implantarla por considerarla inconstitucional (se ha escrito ya tanto sobre esto, que sobran más comentarios).

Por si quedaba alguna duda, decir que la Comisión de Venecia, sobre la Ley de Amnistía, ha informado que, sin entrar a cuestionar su constitucionalidad, tal medida de gracia no debería haberse tramitado y aprobado a través de procedimientos legislativos de carácter urgente, ni mucho menos ir dirigida a beneficiar a individuos concretos (como así ha sido).

Según la Comisión, la precitada ley debería contar con un respaldo mayor, a la hora de su aprobación, que el de una mayoría absoluta en el Parlamento, siendo preferible una mayoría cualificada mucho más amplia.

Es claro y notorio que la referida ley, que tiene su origen en un acuerdo que se gestó con nocturnidad y alevosía, entre representantes de Junts y del PSOE, en los prolegómenos de las elecciones generales del 23/J, para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, nace con unas intenciones que deliberadamente se ocultaron al pueblo español, lo que dejó a éste "fuera de juego" a la hora de votar, ya que no sabía exactamente lo que podía estar votando… Por tal motivo, y por muchos más, uno entiende que la Ley de Amnistía, antes de ser definitivamente aprobada y de entrar en vigor debería ser sometida a referéndum nacional para que todo el pueblo español pueda opinar sobre su procedencia.

Y, para terminar, permítaseme apuntar que alguien debería corregir al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que recientemente, el 08/03/2024, se ha atrevido a afirmar que: "la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados".

Con esta clase de políticos ¿A dónde vamos a llegar...?

Es la triste realidad que uno viene denunciando desde hace tiempo, y que tiene su origen en el despropósito que supone el que los representantes elegidos por el pueblo, a sabiendas, voten en contra de lo que opinan quienes les pusieron donde están. Eso es lo que ha sucedido al aprobarse una ley que, como todo el mundo sabía (el propio ministro Bolaños así lo reconoció), no contaba con el apoyo popular, según todas las encuestas.

Solo cuando se abra la vía de la censura, para que sea verdaderamente el pueblo el que pueda ejercer de manera real la soberanía nacional, podremos decir que vivimos en una democracia plena. Para llegar a ese punto, es necesario que haya manera de revocar un acuerdo parlamentario cuando sea demostrable que es contrario a la voluntad popular.

Visto así parece una barbaridad, pero si se profundiza, para llegar al fondo de la cuestión, se podrá concluir que algo habrá que hacer para evitar lo que ha sucedido con la tan manoseada ley, cual ha sido que el Parlamento, en contra de la opinión del pueblo, ha legislado en contra de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles, que es lo que se ha hecho al aprobar una ley que atenta contra los dos principios constitucionales citados.

¡País!

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