Isabel Blanco: "El Gobierno nos debe 260 millones de dependencia y perdona 15.000 a Cataluña"

Ni oposición al Gobierno, "sólo defensa de los intereses de Castilla y León", ni tibieza con la violencia de género, pese a gobernar con un socio negacionista. Isabel Blanco, la consejera zamorana de la Junta de Castilla y León tiene claras muchas cosas, como la importancia para las personas de unas buenas políticas sociales. Lo debe estar haciendo bien ya que, como sucede en Educación con la evaluación de Pisa, suele encabezar el ránking por la aplicación de la Ley de Dependencia.

–La mayor inversión de su departamento, y casi se podría decir de la Junta en Zamora es la nueva residencia. ¿Cómo va?

–El presupuesto inicial son algo más de 20 millones a lo que hay que añadir después el equipamiento. Es una apuesta por Zamora, por un sector que tanto empleo genera aunque muchas veces es desconocido, el de los cuidados, la atención a las personas. Las obras tienen un plazo de dos años por lo que estarán listas a finales del 25 o en el 26. Es verdad que ahora se ve poquita obra porque uno de los compromisos que teníamos con Educación es reponer las pistas deportivas que estaban en el terreno que hemos ocupado con la residencia para que las pueda disfrutar la gente de Zamora.

–¿En la residencia de Benavente se invertirá también?

–Son 3,4 millones de euros para tres unidades de convivencia y estamos pendientes de la adjudicación de las obras para empezarlas en este 2024, si puede ser.

–Tienen que hablar con el Imserso sobre el edificio de la residencia de los Tres Árboles en un futuro, cuando se traslade el geriátrico. ¿Les interesa quedárselo?

–Una vez que tengamos la residencia nueva hablaremos con el Imserso para ver si la podemos destinar a otro uso, siempre social.

–Su consejería participaba en el Plan Impulsa Zamora para el Hub de La Aldehuela. ¿Cómo está el proyecto?

–El Plan Impulsa Zamora fue un compromiso personal del presidente Alfonso Fernández Mañueco que puedo garantizar que es el que más ha tirado para sacarlo adelante. Tenía varios aspectos, como el polígono de Monfarracinos que está ya en tramitación y está el Hub de innovación en La Aldehuela, en colaboración con la Diputación, que cederá el inmueble a la Junta. Esperamos poder firmar ese convenio en enero para el uso del edificio y a partir de ahí las empresas con compromiso de venir, el Cluster Sivi, Intras o Cartif empezarán a hacer las adaptaciones que precisen. Cartif, por ejemplo, va a desarrollar ahí una serie de productos, como los andadores inteligentes y herramientas de nuevas tecnologías. Por parte de la Universidad de Salamanca, con Corchado, vendrá el Air Institute que a partir de la firma del convenio podrá ir haciendo esas obras de adaptación.

–¿El mundo de las ayudas técnicas es una revolución para la atención a las personas?

–El mundo de la nuevas tecnologías, me refiero en sentido amplio, ha venido para quedarse. En el modelo de atención en red que estamos implantando tienen mucho que ver para facilitar la vida a las personas, como la teleasistencia avanzada por ejemplo, que es algo más que apretar un botón si necesito ayuda e incluye detectores de movimientos, de humo, localización o relojes inteligentes que te pueden medir el azúcar o la tensión. Pero lo más importante, por eso es avanzada, es el seguimiento proactivo de las personas, que significa un seguimiento de los usuarios que en función de sus características, desde llamarles a ver cómo están o recordarles una cita médica. Todo eso viene acompañado por esos avances tecnológicos como los andadores, de las camas articuladas que también vamos a poner en marcha o al pilotaje de los programas de atención a las personas en sus domicilios. La teleasistencia avanzada la hicimos gratuita desde 2021 para todas las personas dependientes en la comunidad autónoma.

–¿Por qué saca tan buenas notas cuando los gerentes de residencias valoran la atención de la dependencia?

– El secreto de los servicios sociales es el trabajo conjunto en un territorio tan disperso como el de Castilla y León, con 2.248 municipios de los que 2.119 tienen menos de dos mil habitantes y solamente 16 más de veinte mil. Además se necesita una maquinaria muy engrasada, unos procedimientos muy optimizados. El último informe de Servicios Sociales decía que Castilla y León no es la que más recursos invierte pero sí es la más eficiente, la que mejor los invierte. Somos la única comunidad que tiene plena atención a la dependencia, sin lista de espera, porque resolvemos a la vez el grado de una persona y la prestación, si es ayuda a domicilio, teleasistencia o una cuantía económica a la que esa persona puede acceder. La ley de Dependencia establece que el plazo para la resolución de seis meses y nosotros estamos ahora en poco más de 110 días. La misma ley dice que la dependencia se debe pagar al 50% por el Estado y la comunidad autónoma. Nosotros ponemos 506 millones de euros, el estado 244, luego nos debe a los castellanos y leoneses 260 millones, que podríamos destinar a pagar más prestaciones. Para eso no tiene y tiene para perdonar 15.000 millones de euros a Cataluña.

–¿Están haciendo oposición al Gobierno desde la Junta de Castilla y León? ¿Son más "peperos" que Ejecutivo?

–No, al revés, somos más Gobierno, porque pensamos en los intereses de las personas de Castilla y León. Porque perdonar 15.000 millones no significa que desaparezcan del mapa, sino que los vamos a pagar todos. Y pensamos en las personas de Castilla y León en el esfuerzo económico que hacemos desde la Junta: hace poquito el acuerdo marco que tenemos con los ayuntamientos y diputaciones para los servicios sociales lo incrementábamos 15 millones de euros y para el próximo periodo lo aumentaremos en 106 millones.

–En el Ayuntamiento de Zamora dicen que en vez de la financiación al 50% tenía que pagarla toda la Junta, de quien son las competencias.

–Los números dan para hacer muchas trampas. Hay una ley que dice que son competencias delegadas de los ayuntamientos, prestar esos servicios. En la ayuda a domicilio, la financiación de la Junta debe llegar como máximo al 90% y el ayuntamiento poner a partir de un 10%, pero claro de una ayuda a domicilio básica, que es una prestación obligatoria para las personas dependientes. Otra cosa son los servicios extra, personas no dependientes y hay que contar las aportaciones de los usuarios. Los últimos datos consolidados, la liquidación de 2021, era que la Junta ponía cerca del 80% y el ayuntamiento en torno a poco más del 20%, aparte de lo que paga el usuario.

Cartif desarrollará en la Aldehuela otras herramientas que se unirán a los andadores inteligentes

Isabel Blanco

— Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

–¿La nueva ley de residencias es la plasmación de las enseñanzas de la pandemia?

–Se está tramitando en las Cortes. El modelo de las unidades de convivencia se había empezando a implantar antes de la pandemia, con proyectos piloto. Pero cuando llega el COVID es un punto de reflexión para ver qué ha funcionado y sobre qué hay que incidir. Y una de las cosas en las que había que incidir era ese nuevo modelo de atención residencial, unidades de convivencia, módulos para 12 o 16 personas según si son todas las habitaciones individuales o alguna doble, que tienen una serie de servicios comunes que además se pueden prestar para personas de fuera, sobre todo cuando están en municipios más pequeñitos. Si tenemos personas en atención en red, con programas como A gusto en casa que implantamos en Zamora y que la verdad está funcionando bien, pueden beneficiarse del comedor, la peluquería o cualquier otro servicio de la residencia, como fisioterapia. Cada persona tiene que elegir su proyecto de vida, y para ello hay que conseguir que las personas que están en sus casas tengan los cuidados como si estuvieran en un centro residencial y los que estén en una residencia puedan sentirse como en su casa.

–¿Es más viable también económicamente?

–El coste puede ser mas elevado porque en las unidades de convivencia habrá un personal de referencia, mientras que ahora mismo cuando tu tienes estructurado un edificio como si fuera un hotel todo el personal está en toda la residencia. Dentro de las posibilidades se trata de que las personas que viven en unidades de convivencia tengan siempre la mismos auxiliares, terapeutas o cuidadores que les ayudan en el día a día. La ley es también avanzar hacia la eliminación de las sujeciones, tanto físicas como químicas, usarlas solo en casos muy excepcionales y justificados. Y por supuesto avanzar hacia ese modelo de calidad desde el punto de vista de las inspecciones, la propia evaluación de los usuarios de los centros, la satisfacción que tienen. Las valoraciones se van a hacer públicas periódicamente, con lo cual a la hora de elegir una residencia se podrán conocer. Es un cambio total de concepto.

–¿El sector privado tendrá muchos problemas para adaptarse?

–Se está adaptando. La ley contempla algunas excepciones, sobre todo arquitectónicas en los edificios históricos. Toda la ley debe ir acompañada de financiación y hemos incrementado las prestaciones vinculadas, el dinero que reciben los usuarios para pagar esos servicios, llevamos ya tres años incrementando el precio de las plazas concertadas, subimos un 4% en el año 21, un 8,5% de media en el 22 y un porcentaje similar en el 23. Y hemos sacado una convocatoria para que las residencias puedan hacer esas obras de adaptación. Espero que la ley esté aprobada en el primer trimestre, como la ley de proyecto de vida de las personas con discapacidad.

–¿En qué consiste?

–Pretende garantizar a las familias de personas con discapacidad intelectual sus derechos a lo largo de la vida. Responde por ejemplo, a la inquietud de los padres, ¿qué va a pasar con sus hijos cuando ellos falten?, porque cada vez más las personas con discapacidad intelectual sobreviven a los padres. La ley garantiza que esa persona va a estar atendida, que la administración le va a dar los apoyos que necesite y van a ser los que ellos han elegido. Si una persona con discapacidad lleva toda la vida en un centro no tiene por qué irse a una residencia, va poder seguir en ese centro.

–¿Las sanciones a residencias que han publicado últimamente, significa que ahora hay más inspecciones?

–No, se hace siempre, informes de inspección y supervisión; se sanciona a los centros residenciales y cuando son firmes se publican en los boletines. Se ha hecho siempre, y las residencias que no funcionan, se cierran. Yo me estrené como consejera en 2019 cerrando una residencia pequeñita de Toro. Lo importante es que las personas están bien atendidas.

Vamos a publicar los resultados de las valoraciones de los usuarios sobre cada residencia, para que los ciudadanos puedan conocerlos

Isabel Blanco

— Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

–Ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno del ingreso mínimo vital. ¿Ha mejorado algo?

–El ingreso mínimo vital se le concede al 33% de los solicitantes. Además hay personas que cobran menos que con nuestra renta garantizada de ciudadanía por lo que hemos suplementado a 2.749 beneficiarios con una media de 308 euros y otras que se inadmiten, es decir, quedan en un limbo, porque para cobrar la renta de ciudadanía hay que pedir primero el ingreso mínimo, y se quedan sin una prestación ni la obra. Además nuestra renta iba vinculada a una serie de exigencias que no tiene el ingreso mínimo, como luchar contra el absentismo escolar o la reinserción laboral. Los servicios sociales tienen que ser la puerta de entrada de las personas que lo necesitan pero también la puerta de salida, no podemos ser un sistema eternamente asistencialista, la gente tiene que recuperar la vida normal, el trabajo, salir adelante por ellos mismos. Nosotros siempre hemos pedido que nos lo dejen gestionar, como al País Vasco y Navarra.

–En igualdad tiene nueva ministra, Ana Redondo.

–Coincidí con ella en las Cortes. Espero trabajo conjunto sobre todo en temas tan delicados como son los de la violencia machista.

–Ahí igual tiene más problemas con su compañero de Consejo de Gobierno García Gallardo, que no es muy partidario de ese concepto.

–Desde la Junta de Castilla y León seguimos incrementando el presupuesto de la lucha contra la violencia machista, los recursos, los nuevos servicios, eso es la realidad, lo que hace este Gobierno: apostar por las mujeres y sus derechos. Sólo dos ejemplos: hemos abierto el centro de emergencia en Zamora y puesto en marcha el centro de atención virtual regional frente a las agresiones sexuales.

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