La plantilla del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios pasará de 38 a 54 empleados

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha presidido hoy la reunión de la Asamblea General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios celebrada en el Salón de Plenos de la Institución Provincial. Una asamblea en la que se han aprobado las novedades referentes al operativo y en la que desde la Diputación se asumen los compromisos asumidos personalmente por Javier Faúndez para configurar el nuevo organigrama y tener un "dispositivo profesional que preste los mejores servicios a los habitantes de la provincia de Zamora", ha expresado. 

La relación de puestos de trabajo (RPT) ha sido el primero punto de esta asamblea aprobando la ampliación de la plantilla que pasará de 38 a 54 puestos de trabajo. Aunque se suprimirán tres plazas: una plaza de Auxiliar Administrativo, dos plazas de Suboficiales y una plaza de gerente. Un nuevo organigrama pactado con los representantes sindicales.

Faúndez ha anunciado también que se sacarán a concurso 20 plazas, "previsiblemente antes de final de año", y que se pondrá en marcha la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35 horas semanales respondiendo a la demanda del colectivo.

Reovación de instalaciones

Respecto al presupuesto del próximo ejercicio, el presidente de la Diputación ha avanzado en que se está trabajando en el mismo para contemplar otro de los objetivos solicitados que era la subida de niveles. El presidente de la Diputación también ha hecho referencia a la liquidación del presupuesto de 2022 que cerró el ejercicio con un saldo positivo de 365.000 euros. En este sentido, anunció que el remanente de tesorería acumulado que asciende a 2.335.000 euros se dedicará en parte a "tener los mejores parques de bomberos, renovando vehículos e instalaciones", ha expresado.

Por último, ha declarado que en la Asamblea General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se va a acordar la subida a los ayuntamientos consorciados de 1 a 2 euros por habitante al año con el fin de "actualizar los precios" al mercado actual.