La exalcaldesa de Roales y y ediles de Adeiza y PSOE, a juicio por asfaltar una calle

La pavimentación de la calle de la Cruz de Roales del Pan, situada en una urbanización privada, ejecutada con cargo al Plan de Obras de la Diputación de Zamora para vías públicas ubicadas en el casco urbano de municipios, ha terminado en una denuncia por prevaricación del alcalde de Vox, David García Montes, contra su predecesora en el cargo y tres concejales que dieron el visto bueno o propiciaron la actuación con su abstención en el Pleno.

El asunto podría no haber tenido recorrido alguno si García Montes hubiera retirado el proyecto de más de 56.000 euros en base al informe del secretario municipal que considera que es una obra ilegal porque se interviene en una unidad de actuación cuyo desarrollo (asfaltado) corresponde a los vecinos que residen en esa parcela y no al Ayuntamiento.

Sin embargo, cuando ya ha tomado posesión de su cargo como regidor bajo las siglas de Vox, en julio de 2019 licita la pavimentación para su inmediata ejecución, concluida en octubre de ese año. El 10 de octubre de 2019 la Alcaldía de Roales, es decir, García Montes, realiza una memoria sobre esa obra. La Junta de Gobierno de la Diputación recoge la ejecución del proyecto dentro de los realizados para la mejora de infraestructuras básicas.

Denuncia en los juzgados

El 14 de noviembre de 2019 el alcalde de Vox denuncia por prevaricación, por aprobar esa abra, a la anterior alcaldesa de Adeiza entre 2015 y hasta junio de 2019, Bernarda Miguel Marcos; al que fue su teniente de alcalde por el mismo partido, Luis Alberto González Pérez; y a los concejales del PSOE Manuel Sobrino Jambrina y Raúl Centeno Hernández (que ya no está en política) por haberse aprobado en Pleno el proyecto para esa vía pública, con la abstención de dos ediles del PP y otros dos del PSOE.

La entonces alcaldesa "disponía de dos informes contradictorios: el informe favorable del técnico del Ayuntamiento", subraya el abogado que defiende a los denunciados, Luis Felipe Gómez Ferrero, y "del secretario que sostiene que la calle de la Cruz no era suelo urbano, sino una unidad de actuación". Y se ciñe a la normativa de la Junta de Castilla y León que contempla que se debe urbanizar con el sistema de compensación: 50% del coste con cargo a los vecinos y el otro a la institución local. Su argumento impide que la obra sea financiada al cien por cien con cargo al Plan de Obras de la Diputación.

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El galimatías urbanístico

El abogado se pregunta por qué García Montes continuó con el proyecto "a pesar de que el secretario municipal volvió a advertirle de que, según su criterio, era ilegal", una cuestión sobre la que tendrá que decidir la Audiencia de Zamora, tras el juicio que se celebrará el día 21 de junio. El argumento del alcalde de Vox, que repite en el cargo tras el 28M, que "la obra corría prisa", agrega el letrado, que recuerda que "la Diputación dio el visto bueno a la solicitud de pavimentación de Roales que incluía esa obra, incluida esa calle, porque está dentro del casco urbano. El informe jurídico de la Diputación sirve para contratar la obra y la institución aprueba la disposición de gasto para su ejecución".

Gómez Ferrero añade que "el Plan de Urbanismo aprobado inicialmente en 2016 ya aparece esa calle como zona urbana; el Ayuntamiento ha colocado alumbrado y mobiliario; presta servicios municipales y los cobra; y el Ayuntamiento recuerda como si fuera suelo urbano". Asimismo, apunta que los vecinos que residen en esa zona del pueblo "han urbanizado sin que se les exigiera un plan de desarrollo urbanístico; unos han pagado y otros no por el desarrollo de la unidad de actuación".

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