Durante los últimos años se han experimentado una serie de cambios sociales y económicos, aunque estos no se han desarrollado de la misma forma si se atiende a las zonas rurales y urbanas. Las mujeres que viven en zonas rurales presentan una mayor precariedad que las que lo hacen en las urbes. Las presentes desigualdades acentúan la brecha de género y provocan que vean limitada su participación en varios ámbitos económicos y sociales de la provincia. De esta forma, la desigualdad de oportunidades se da tanto con los hombres con los que conviven en los municipios rurales, como con las mujeres que lo hacen en las ciudades.
Según los expertos, tres de cada cinco mujeres de las zonas rurales de Zamora que trabajan en explotaciones agropecuarias y ganaderas de carácter familiar no cotizan a la seguridad social, lo que supondrá una dependencia económica cuando alcancen la edad de jubilación. Según el informe “mujeres rurales”, de Women Initiative, pese a tener una participación igual o similar en las tareas laborales que los hombres, continúan siendo ellas las que se hacen cargo de las tareas del hogar y los cuidados, siendo la persona cuidadora principal una mujer en el 85,6% de los casos en la provincia.
Servicios públicos
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado hoy 15 de octubre, varios actores políticos, como UGTCyL, reclaman políticas transversales de igualdad para potenciar su liderazgo en el ámbito rural. Sostienen la petición en la base de que es preciso “reivindicar y poner en valor su trabajo, que es imprescindible en el desarrollo del medio rural, en la reducción de la pobreza y el mantenimiento de estos entornos, el patrimonio y la cultura”.
Las mujeres del medio rural tienen un menor acceso a los servicios públicos de todo tipo, como el transporte, la conectividad digital, los recursos sociales, sanitarios y educativos, entre otros.
Desde el sindicato consideran que esta realidad genera que aumente el problema de la despoblación. Puesto que, “estas realidades contribuyen a la huida del medio rural de las mujeres jóvenes hacia las grandes ciudades, en busca de oportunidades laborales”. Así, consideran que “el derecho a la igualdad efectiva de las mujeres es un factor que contribuye a frenar la despoblación y asegurar un desarrollo rural sostenible”.
Generalmente, la población rural cuenta con estudios de carácter medio, correspondientes a los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, un 52,3%, mientras que un 27% tienen estudios básicos, nivel en el que hay una clara predominancia de las mujeres frente a los hombres.
La diferencia en el nivel académico también tiene especial relevancia si se compara el nivel de estudios de la población femenina de la ciudad con la de zonas rurales.
En lo relativo a la tasa de empleo rural, la femenina está en torno al cincuenta y uno por ciento, mientras que la masculina alcanza el sesenta por ciento. De la misma forma, se ve representado en las cifras de la provincia, donde la tasa de empleo de las mujeres está en 39,9%, mientras que la de los hombres es de 48,5%. De igual manera, el 14,74 de las mujeres de Zamora están desempleadas, frente al 9,78% de los hombres.
Sin embargo, cabe señalar que porcentaje de población femenina que trabaja en el campo no se ajusta a la realidad, sino que se ve modificado si se tiene en cuenta que, de media, tres de cada cinco mujeres no están cotizando.
La desigualdad aumenta el riesgo de sufrir violencia de género
La falta de recursos de las mujeres que viven en el campo provocan que estén en mayor riesgo de sufrir violencia de género. La falta de recursos multiplica el riesgo de indefensión y la imposibilidad de disponer de protección y atención sanitaria rápida y efectiva. Asimismo, las mujeres que además de vivir en las zonas rurales pertenecen a otros colectivos vulnerables, por ser migrantes o tener algún tipo de discapacidad, ven incrementada su dificultad para acceder a servicios que favorezcan su plena inclusión y una vida independiente.
El último informe que recogía la macroencuesta sobre Violencia de Género, realizado por la Delegación de Gobierno de Castilla y León, revelaba que casi el ochenta por ciento de las mujeres de las zonas rurales de Zamora no presentaban denuncias por este motivo, siendo los pueblos con menos de 2.000 habitantes los que recogen una mayor ausencia de denuncias por las víctimas. No obstante, la Fundación Matrix señala que “las denuncias en este medio representan la mitad de las del país”.
Titularidad compartida como vehículo para llegar a la igualdad
Las parejas que comparten trabajo en la gestión de una explotación pueden solicitar la titularidad compartida, que permite que la administración, representación y responsabilidad sea de las dos personas titulares, fomentado así la igualdad entre ambas. Esta figura jurídica supone además que el reparto de rendimientos sea al 50%, que se considere a ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación y que ambas partes coticen a la seguridad social.
En Zamora se han llevado a cabo catorce altas en esta modalidad y 454 en toda la comunidad, casi duplicando a la siguiente, Castilla-La Mancha, que cuenta con 243. Desde su instauración en 2011, su evolución ha sido progresiva y ha contribuido a que el trabajo de la mujer deje de entenderse como extensión de los cuidados a la familia, una ayuda a la renta familiar y se convierta en una aportación económica efectiva. Para fomentar esta medida, cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica una serie de subvenciones, contando en el presente año con 1,5 millones de euros de presupuesto. La concesión es directa, con una cuantía máxima anual de 1.500 euros por explotación beneficiaria.
