"Aunque una persona desaparezca, no lo hacen sus derechos"

El programa de televisión "Quién sabe dónde" movilizó a la sociedad española de los noventa para encontrar a las personas desaparecidas. Treinta años después de aquél proyecto pionero que cambió vidas, el periodista Paco Lobatón continúa con su particular "militancia" contra las desapariciones de la mano de la fundación QSDGlobal, un trabajo que ha compartido durante las III Jornadas de Desapariciones Involuntarias de Personas en el Medio Rural celebradas esta semana en Zamora.

–¿Cuál es el papel y la importancia del tratamiento de las desapariciones en los medios de comunicación?

–Hay que conciliar los derechos y las necesidades de las familias de las personas desaparecidas para difundir con respeto la situación que están viviendo. A raíz de experiencias como la desaparición de Diana Quer, a través de la fundación Quién Sabe Dónde Global convocamos en 2016 un foro en el que se elaboró una guía de buenas prácticas que se resume en dos principios fundamentales, no añadir dolor a las familias y no interferir en los procesos de búsqueda o investigación policiales.

–En el caso de las desapariciones rurales, la Guardia Civil pide que se comunique ante la más mínima sospecha, ¿qué hay que hacer ante una desaparición en un entorno más ordinario?

–Lo primero es presentar una denuncia ante lo que se tenga más cerca, un puesto de la Guardia Civil o una comisaría. En la jornada de Zamora se ha repetido una frase que se está haciendo memorable, y es que las primeras horas son fundamentales para resolver una desaparición. Los responsables de la Guardia Civil añaden a esto que estas no son las horas más importantes, sino que son las únicas.

Farmacias y drones, los dos aliados inesperados contra las desapariciones

–¿Cómo puede afectar al resultado de una desaparición el tiempo que se tarde en denunciar?

–Las desapariciones que se resuelven en las primeras horas representan el 77% de los casos. Cuando pasan más de 48 horas, las posibilidades de encontrar con vida a la persona desaparecida decaen. Por eso, lo primero y más importante es hacer la denuncia y que esta tenga una respuesta lo más inmediata posible, porque cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, y el primero es precisamente el de ser buscado.

–¿Cree que en la actualidad la sociedad está más concienciada sobre las desapariciones o aún hay que seguir afianzando los mensajes importantes?

–Hay que repetirlos de forma sistemática. Hay que vencer los ciclos que se podrían denominar de eclosión en torno a algún caso especialmente mediático y luego silencio, incluso olvido. Hay que romper esa dinámica y hacer que de manera sistemática se haga presente la causa de las personas desaparecidas y la necesidad de la colaboración ciudadana para ponerle remedio.

–Sobre sus inicios, ¿cuándo empezó su compromiso con la lucha contra las desapariciones?

–Mi militancia con esta causa arranca en un programa de los años 90, "Quién sabe dónde". Allí aprendí a valorar que la resolución de los casos que planteábamos era posible porque la gente llamaba, porque la gente colaboraba. De modo que el éxito del programa estaba en la respuesta ciudadana de una sociedad, la española, que tiene esa capacidad solidaria.

–En las zonas rurales despobladas de Zamora, esa colaboración ciudadana es menor porque hay mucha menos gente. ¿Cómo puede solventarse?

–No es menor porque haya menos gente. La gente que hay es vital para practicar esa colaboración y, de hecho, eso ocurre de manera natural. Lo importante ante las situaciones de emergencia, cuando la desaparición se ha producido por una enfermedad neurodegenerativa, es la respuesta que tienen que darla las instituciones, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están preparados.

–La Guardia Civil ha resuelto con éxito el 100% de las 62 desapariciones registradas en Zamora desde 2022, ¿cómo valora estas medidas?

–La experiencia que está teniendo aquí la Comandancia de la Guardia Civil desde hace un tiempo es formidable y se está convirtiendo en un referente nacional para la actuación en este tipo de entornos rurales, pero también podemos sacar lecciones para actuar frente a las desapariciones de manera general, una de ellas sería la respuesta inmediata sin presumir ningún tipo de voluntariedad. Una desaparición que rompe los hábitos conocidos de una persona y que hace temer a su entorno hay que convertirlo inmediatamente en un aviso, en una alerta, en una denuncia. Eso es vital.

El Ramos Carrión acoge las jornadas sobre desapariciones rurales de la Guardia Civil

–El entorno familiar, vecinal… juega un papel fundamental a la hora de detectar desapariciones.

–Debemos estar siempre vigilantes ante el fenómeno terrible de la soledad y contraponerla a la solidaridad. En España hay 800.000 personas que padecen Alzhéimer. Es muy importante transmitir el mensaje de que cualquier persona con Alzhéimer está en riesgo de desaparecer, incluso en las fases iniciales que se consideran las más leves, esta persona puede perder la capacidad para orientarse y entrar en una deambulación errante.

–¿Qué se puede hacer para ayudar a ese entorno que ha sufrido una desaparición?

–Tanto para nosotros como fundación como para instituciones como el Centro Nacional de Desaparecidos, la atención a las familias es fundamental, porque el impacto de una desaparición es traumático, es una herida abierta. He llegado a hacer una afirmación incluso más allá, porque creo que es una emergencia que a veces se cronifica.

–¿Qué quiere decir con que se cronifica?

–Vemos que ante emergencias o siniestros de cualquier tipo inmediatamente hay una respuesta e incluso hay equipos de psicólogos que acuden. Una desaparición no deja de ser una emergencia, una emergencia que se cronifica, por lo que requiere esa atención con más motivo todavía, porque la herida no desaparece de manera espontánea, no la cura el tiempo.

–¿Se desprotege a las familias de los desaparecidos?

–A veces, de repente hay un hijo de esa persona desaparecida que queda en un limbo legal, porque es un huérfano, pero no tiene ese reconocimiento, por lo tanto, no tiene ayuda familiar. Están desprotegidos porque no hay un resorte previsto para darle ese amparo, que es un amparo no sólo psicológico, sino también económico y social.

–Esta desprotección va más allá.

–En las jornadas tratamos el caso de Lucía, cuyo padre, Miguel Fernández desaparece en septiembre de 2016 en Gallegos del Campo. Ella ahora se enfrenta a la declaración de fallecimiento. Es una auténtica barbaridad que se haga firmar a una familia que su ser querido desaparecido está fallecido si no hay una evidencia constatable, tangible. Mientras no haya evidencia de muerte hay esperanza de vida. Pero en cualquier caso lo que no es aceptable es que a esa declaración se le sigue llamando de esa forma tan cruel cuando se le podría dar otra denominación, por ejemplo, desaparecido no retornado.

–Es necesario incorporar cambios en la legislación sobre desapariciones.

–E incluir las cláusulas necesarias para proteger lo que haya que proteger. Por ejemplo, esta declaración actualmente llamada de fallecimiento supone un dineral a las familias, porque tienen que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, en los boletines provinciales, en medios de comunicación de ámbito local, regional, nacional. Las familias lo han denunciado, hay veces en que todo esto tiene costes que van de los 1.000 euros a los 3.000 euros.

-En caso de un fallecimiento ordinario esto no es así.

-Claro, ¿cómo lo perciben las familias? Como una multa. Sufren el infortunio de que ha desaparecido alguien de su entorno familiar más querido y además tienen que pagar para intentar tener una situación patrimonial que no condicione la situación de otros familiares. En caso de una muerte normal, las personas primero tienen derecho a un duelo y por lo tanto hay procesos de aceptación final, pero la desaparición niega la posibilidad del duelo y a la familia solo le queda el derecho a la esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo