Sucesos en Zamora
El industrial acusado de violar y abusar de seis niñas podría ir 59 años a prisión
El imputado habría aprovechado las fiestas de sus hijas con amigas y los viajes de vacaciones para agredirlas sexualmente durante cinco años
Zamoranas y zamoranos se manifiestan contra el patriarcado y las agresiones a mujeres. | Jose Luis Fernández / Susana Arizaga
Hasta 59 años y un mes de prisión podría cumplir el industrial de Villaralbo por violar y abusar sexualmente de seis menores de edad, amigas de sus hijas a lo largo de cinco años, los mismos durante los cuales las niñas de entre 11 y 16 años permanecieron en silencio, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Y es que, tras el padre ejemplar, paciente y dispuesto a ceder su casa para las fiestas del grupo de amigas de sus hijas e, incluso, a llevárselas de vacaciones a la costa, parecía esconderse un auténtico depredador sexual de menores.
En ambos espacios, en su propia casa y lejos de los padres y madres de las menores, el imputado de iniciales P.F.R. podría actuar a sus anchas, sin levantar sospechas. Lo que vendría a ser un auténtico pederasta, siempre según las pruebas e indicios recabados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 que investigó uno de los casos que mayor conmoción causaron en la capital y la provincia, dado que el empresario es muy conocido, incluso fue distinguido con un premio por la Cámara de Comercio de Zamora.
Superioridad y relación de confianza
P.F.R. se valdría de su superioridad frente a las menores y de la relación de confianza de las niñas y sus familias para actuar con total impunidad, o eso llegaría a creer él, de acuerdo con el relato del escrito de acusación de la Fiscalía de Zamora y el auto de procesamiento de la jueza.
La gravedad de esos delitos y esas dos circunstancias llevan al Ministerio Público a exigir a la Audiencia de Zamora condenas de cárcel para P.F.R. que oscilan entre los 12 años de reclusión por violación continuada hasta los dos años y siete meses por abuso. En medio, otras de 11 años por agresión sexual con penetración y de cinco años y seis meses por abusos continuados a varias de las niñas.
El empresario zamorano está acusado de haber cometido ocho delitos contra la indemnidad sexual de seis menores. Entre esas pequeñas, estaban hijas de personas de su propio círculo de amistades, con las que el industrial mantenía una relación estrecha. Esa cercanía justifica la absoluta tranquilidad con la que las familias dejaban a sus hijas pasar la noche con las niñas del procesado en la casa de este o con la que les permitía que se fueran de viaje con él.
Vulnerabilidad por ser menores
La Fiscalía alude expresamente a "la vulnerabilidad" de algunas de las víctimas "por razón de edad", todas menores de 16 años y alguna de 11 años, así como a que el industrial se prevalió de "una situación de convivencia", o "de una relación de superioridad" o relaciones "afines" con las víctimas para explicar las elevadas penas de cárcel que solicita al Tribunal provincial. La inmadurez de las denunciantes es síntoma de esa vulnerabilidad de las niñas.
Algunos delitos están agravados en el Código Penal, precisamente, por el "escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima", porque "se la hubiera colocado en una situación de total indefensión", lo que el Ministerio Fiscal considera que ocurrió tras efectuar las pruebas oportunas, escuchar a los expertos que han tratado a las menores en sus consultas privadas, donde conocieron lo sucedido, y a los forenses y psicólogos de los juzgados que lo corroboran.
Los padres y las madres estaban convencidas de que P.F.R. cuidaba del bienestar de sus pequeñas, de acuerdo con las declaraciones recabadas durante la instrucción del caso y testimonios a los que ha tenido acceso este diario.
El escrito de acusación de la Fiscalía se ha trasladado ya a las acusaciones particulares para que soliciten las penas de prisión que consideren oportunas, paso previo a que el abogado del empresario elabore su escrito de defensa, paso previo a la celebración del juicio.
Forenses y psicólogas
La Fiscalía no ha dudado del relato de las seis niñas sobre los ocho episodios de agresiones y abusos sexuales que afirman haber sufrido, tres de ellas violadas por el industrial de Villaralbo, pruebas que sustentan el escrito de acusación del Ministerio Fiscal junto a las de los expertos que las han examinado, desde los forenses y las psicólogas del Instituto de Medicina Legal, a los policías nacionales especializados en este tipo de delitos.
Precisamente, las primeras pruebas, el interrogatorio realizado por los agentes nacionales, dieron lugar a la apertura de diligencias por parte de la jueza y al decreto del secreto de sumario para impedir que se pudieran destruir pruebas e influir en las niñas, su entorno y los testigos para que modificaran sus relatos.
Las penas
Por los abusos continuados y la agresión sexual (violación) a una de las menores, la acusación pública exige 16 años y medio de cárcel; por la agresión sexual continuada a dos denunciantes, 12 años de cárcel por cada uno de los delitos; por abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, cinco años y medio; otros cinco años y medio por abusos sexuales continuados a otra de las adolescentes; y dos años y siete meses por cometer ese mismo delito contra otra de las niñas.
La Fiscalía solicita a la Audiencia que, de condenarle a prisión, tras cumplir la pena que se le imponga a P.F.R., se le prohiba durante 15 años aproximarse a menos de 500 metros de las menores, de sus domicilios, de sus lugares de estudio, de sus trabajo o de sus residencia y comunicarse con ellas por ningún medio o terceras personas.
La Audiencia deberá decidir si le inhabilita durante 16 años para realizar cualquier trabajo, profesión, oficio o actividades que estén relacionadas con menores, sean retribuidas o no, "que conlleven un contacto regular y directo" con personas de esas edades. La acusación pública solicita que, de ser condenado a reclusión y tras cumplir esa pena de cárcel, se le someta a libertad vigilada durante otros 10 años para proteger a las menores una vez que abandone Topas.
Recurre la ampliación de prisión sin fianza
El empresario permanece en prisión provisional sin fianza, medida que la Audiencia prorrogó por otros cuatro años el pasado mes de febrero, al cumplirse los dos años máximo de esta medida antes de que se celebre el juicio. El abogado del procesado, que sostiene que todo es mentira y obedece a un complot para sacarle dinero, ha recurrido al decisión de la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Asimismo, aprovecharía fiestas que celebraban en su domicilios sus hijas con sus amigas, como las de pijamas, en las que permitiría a las niñas que consumieran alcohol, lo que podría facilitar sus abusos, de acuerdo con los testimonios recogidos durante las declaraciones de las denunciantes en presencia de los expertos de la UFAM de Zamora y de la Comisaría Central de Madrid.
De paciente y cuidador de confianza a posible depredador sexual de menores
El acusado P.F.R. ofrecía una imagen totalmente distorsionada respecto de los testimonios que las menores, los episodios de agresiones y abusos sexuales que se decidieron a relatar tras el trauma sufrido. Las familias recuerdan cómo se ausentaba de encuentros para asistir a las fiestas de pijamas de sus hijas y las amigas de estas, en las que les permitía beber alcohol a pesar de sus cortas edades, según afirman las niñas, para después abusar de ellas.
El industrial se habría visto desenmascarado por una de las menores durante una de las sesiones con su psicóloga. El origen de las alteraciones en el estado de ánimo y comportamiento de la niña no era otro que los abusos sufridos por parte del padre de dos de sus amigas, el empresario P.F.R., terminó por confesar la menor de edad a la profesional.
De inmediato, la Unidad Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Zamora y expertos de la Comisaría Central de la Policía Nacional tomaron declaración a la presunta víctima y ante la envergadura del presunto delito, se ordenó el ingreso en prisión sin fianza el 19 de febrero de 2022, donde permanece tras ampliar la reclusión la Audiencia hasta que se dicte una sentencia tras el juicio.
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