El exjefe de Jardines de Zamora y una empresaria, a juicio por la obra del parque de Cabañales
La imputada reclamó al Ayuntamiento 3.418 euros por el parque de Belén que le adjudicó el funcionario pero que se ejecutó con medios municipales
Vega llega al Juzgado en el coche de la Policía Nacional. | Nico Rodríguez / N. R.
S. A.
El delito de estafa procesal sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zamora al exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Alberto Vega Vicente, y a la empresaria gallega a la que este adjudicó un parque infantil en la plaza de Belén, por el que ambos ingresarían 3.418 euros, a repartir, según admitió la dueña de la sociedad contratada que, en realidad, nunca llegó a realizar la obra. Un delito por el que la Fiscalía de Zamora solicitará un año de prisión para el funcionario municipal y una multa de 3.600 euros en el juicio que se ha fijado para el 30 de noviembre.
Sin embargo, la empresaria, de iniciales G.N.S., demandó al Consistorio ante el juzgado para reclamar los 3.600 euros del proyecto, lo que le llevó a incurrir en un delito de estafa procesal, según la Fiscalía y el Consistorio, porque el parque lo realizó personal de Jardines, cuya contrata era entonces el Grupo Raga, sociedad representada por la abogada María Jesús Hernández Elvira en otro procedimiento judicial en el que se investiga a responsables de la adjudicataria y no el letrado Cándido Conde-Pumpido, como se ha dicho por error, quien actúa solo como representante legal de Vega Vicente en ambas causas.
La propietaria de la empresa Romina&Ekaiz a la que Vega Vicente adjudicó el parque denunció a la institución local por impago de la factura de 3.418 euros correspondiente a la construcción del parque infantil de arena aunque no se le adeudaba porque se hizo el trabajo con material del servicio de Jardines y los empleados públicos, como confesó ella misma ante la jueza. De forma paralela, saltó el caso de Alberto Vega, al que el Ayuntamiento acusa de posibles delitos corrupción por su gestión al frente del área municipal, lo que llevó a la empresaria a retirar la denuncia, sin lograr que la institución local no la llevara al juzgado por un delito de fraude procesal, por interponer esa denuncia falsa.
Vista del polémico parque de Belén, en Cabañales. / cedida
Fueron, precisamente, las ilegalidades cometidas con la adjudicación de este proyecto las que llevaron al equipo de Gobierno de IU en el Ayuntamiento a abrir el expediente disciplinario al funcionario a finales de 2019 que terminó la suspensión de sus funciones al frente del servicio municipal, corroborado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la suspensión de empleo y sueldo decretada en marzo de 2021 por el alcalde, Francisco Guarido, tras retirarle la gestión de fondos públicos en 2020.
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