Acusa a su exmarido de cortar el agua, la luz y la calefacción para sacarla del piso en Zamora

La vivienda que compartió durante 25 años con su esposa y sus dos hijos terminó inhabilitada para que esta pudiera residir tras la separación: sin calefacción; sin luz; sin agua caliente, en principio, y sin suministro, al final; sin acceso a la lavandería, ni a la cocina, la misma del negocio de hostelería y alojamiento rural, según la denuncia que podría costar el ingreso en prisión al imputado por un delito de violencia de género o de coacciones.

La mujer declaró ayer en el Juzgado de lo Penal que tuvo que irse a vivir con su madre porque no podía vivir en las condiciones en las que quedó la vivienda, "helada de frío", indicaron sus hijos ante la jueza.

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Esa "era la única cocina que podía utilizarse", indicaron la mujer y los dos hijos, quienes especificaron que el procesado terminó por bloquear la entrada a la misma con un tabique de pladur; y por instalar una cámara de vigilancia dirigida a la puerta de entrada a la casa, según el auto de procesamiento contra el imputado, de iniciales T.A., que confirmó la Audiencia de Zamora.

Un auto de noviembre de 2022 en el que el juez sostiene que existen indicios de que el procesado, hostelero de Ferreras de Arriba, cometió un delito de violencia de género, ya que "ha colocado una tapia" para aislar la cocina, "cambiado bombines de cerraduras" de diversas estancias del piso, entre ellas la de entrada a la cocina y al dormitorio de uno de los hijos que estudiaba fuera, de acuerdo con el testimonio de este testigo que reiteró que su padre pegó en 2020 a su madre y a su hermano mayor.

Tres años de cárcel por maltrato

El juez de instrucción considera en el auto que el acusado "ha realizado reformas impidiendo" que su exmujer "use la vivienda", según el auto de procesamiento. El abogado de la acusación reiteró la petición de 3 años de cárcel para el imputado por un delito de violencia de género. Si la jueza de lo Penal no hallara pruebas suficientes de esta infracción, solicita, subsidiariamente, que imponga la misma pena de reclusión, 3 años, a T.A. por coacciones graves a su exmujer para que abandonara la que había sido la casa familiar situada encima del negocio que ambos regentaban como cafetería y como .

En el caso de que la jueza de lo Penal no hallara pruebas de uno de esos dos delitos, el letrado de la denunciante solicita una condena a un año de reclusión por coacciones leves.

Por contra, la abogada del hostelero imputado solicitó la absolución por entender que "la acusación no tiene prueba fiable de que el clima hostil y de miedo" que su exmujer y sus hijos denuncian haber vivido lo generara el procesado y no el resto de la familia.

La defensa negó que su defendido se haya comportado "con crueldad", como se le acusa, con lo que quiere descartar la existencia de violencia de género, mientras que la Fiscalía Provincial reiteraba las malas relaciones entre la exmujer y el acusado y éste y los dos hijos de ambos, lo que le ha llevado a no formular acusación.

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A lo largo de un juicio muy tenso, testificaron los dos vástagos para confirmar la actitud violenta contra su madre de su progenitor, de T.A., con insultos continuos, empujones e, incluso, patadas cuando ambos trabajaban en el negocio de hostelería antes de que la denunciante decidiera, ayudada por su familia, solicitar el divorcio.

La Audiencia confirma los indicios de delito de maltrato

La Audiencia emitió un auto para confirmar que había indicios de que el acusado cometió los delitos que se le imputaba desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que investigó la denuncia de la mujer por violencia de género o por coacciones.

Los magistrados consideraron que había pruebas de que los hechos ocurrieron tal y como relataba la exesposa del industrial. La vivienda familiar, en la que debía residir la mujer tras el inicio de la separación, estaba situada "encima del bar, tenía un salón sin cocina", especificó uno de los hijos en la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal, por lo que la familia siempre había usado la del negocio de hostelería.

El joven especificó que su padre les había montado "otra cocina con muebles viejos, sin electrodomésticos, solo con un microondas, no teníamos nada", ni siquiera enseres y alimentos.

La entrada al cuarto en el que se unificaban los mandos de los servicios públicos también se les impidió, agregan los testigos.

Y la cámara de seguridad instalada por el imputado, que en el juicio de ayer afirmó que no funcionaba, se dirigía a la entrada de la casa, por lo que la mujer y sus hijos sospechaban que les grababa para controlar sus movimientos.

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