Los desahucios multiplican por 25 el número de ocupaciones en Zamora

Dos alarmas han crecido durante los últimos tiempos alrededor de la vivienda. Por una parte, la alarma social que advierte del riesgo de que a uno le ocupen la casa cuando baja a por el pan. Por la otra, la alarma física que, tanto por radio como por televisión, insisten en que uno instale en su hogar para poder bajar a comprar el pan tranquilo sin temor a que nadie entre. El debate sobre la seguridad de los propietarios vuelve a estar de actualidad tras la convocatoria de elecciones generales y los anuncios de mantenimiento, modificación o derogación de la Ley de Vivienda en función de quién esté en la Moncloa pasado el 23 de julio. Pero, ¿hay base en Zamora para estar asustados por esta cuestión? Los datos dicen que no. Y lo dicen en mayúsculas.

El año 2022 terminó con un total de cuatro ocupaciones en el conjunto de la provincia de Zamora. Las cifras que aporta el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior demuestran cómo las denuncias por esta cuestión no se corresponden con la alarma social instalada en la calle. Y hay que tener en cuenta que en estos números no se distingue entre usurpación y allanamiento, por lo que la problemática podría ser todavía menor. Conviene explicar que usurpación es un delito leve consistente en entrar de forma ilegal en un inmueble deshabitado, que no es vivienda principal de nadie, para convertirlo en residencia. Allanamiento, por su parte, es la entrada en el domicilio habitual de una persona, está considerado como delito grave y acarrea penas de prisión.

Los desahucios caen un 40,6% en el primer trimestre, hasta los 6.579

La serie estadística apunta a un sostenimiento del número de denuncias por ocupación de vivienda en la provincia de Zamora a lo largo de los años. Cuatro avisos en 2022, siete en 2021, dos en 2020, seis en 2019 y cuatro en 2018. Sumando los últimos ocho años, se han producido 35 situaciones de usurpación y allanamiento en el conjunto del territorio. Teniendo en cuenta el parque de viviendas, que asciende a 141.483 según datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre del ejercicio anterior, se pone de manifiesto que la ocupación ilegal de viviendas afecta anualmente a una de cada 35.000 casas repartidas por la geografía provincial.

Con los datos en la mano, se puede concluir que no es cierto que el movimiento okupa sea uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad zamorana, que ve cómo se produce un delito de allanamiento o usurpación cada cuatro meses. Por el contrario, sí que se advierte que los desahucios deben ser un mayor motivo de preocupación, teniendo en cuenta las 35 ejecuciones hipotecarias registradas por el Consejo General del Poder Judicial en Zamora durante el pasado ejercicio 2022. Una por cada 4.000 viviendas censadas en el territorio. Tres al mes. Una cada diez días. Por cada casa ocupada desde 2015 en la provincia, 25 familias han sido desahuciadas de sus hogares. Y, en esos casos, no ha habido alarma física ni social que haya sonado.

Casi un millar de ejecuciones hipotecarias en los últimos ocho años

Los tiempos en que un desahucio sí causaba cierta alarma entre la sociedad han pasado a mejor vida. Pero, eso no significa que no se sigan produciendo. El Consejo General del Poder Judicial ofrece información detallada sobre las certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de la Propiedad. El pasado ejercicio 2022, por ejemplo, hasta 35 familias sufrieron un proceso de esta índole en Zamora. Y la serie estadística es desoladora. Un total de 78 desahucios en el año 2021, 138 procedimientos en el año 2020, 104 en el ejercicio 2019, 78 durante el curso 2018 y 101 en el 2017. En los últimos ocho años, se han notificado 881 procesos de ejecución hipotecaria. Números tras los que se esconden penurias de personas que a menudo no cuentan con una solución habitacional en el momento de abandonar su hogar.

La nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos trata de proteger de los desahucios a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La norma establece este umbral en las personas cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y cuyo gasto en la vivienda suponga más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. En estos casos, si se producen impagos, un tribunal podrá establecer un plazo de suspensión de dos meses para las personas físicas y cuatro meses para las personas jurídicas antes de proceder al desalojo.

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