Dueños de pisos de Zamora denuncian dificultades para echar a morosos que se declaran vulnerables por el COVID

“Si un okupase te mete en un piso, puedes tener que esperar hasta un año para recuperar la propiedad por orden judicial y a ver en qué estado lo encuentras”, explica un propietario que todavía no ha podido rescatar varios pisos. Y las medidas garantistas para proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis COVID ha sido un “coladero” en no pocos casos, “se aprovechan de las dificultades para echarles y no hay quien les saque del piso”, agrega el secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana de Zamora, Salvador Prieto Liébana. Hasta un año puede tardar en materializarse el desahucio o el lanzamiento por orden de un juez.

Es uno de los muchos titulares de inmuebles que critican la lentitud del sistema judicial para poder rescatar su casa de quienes alquilan la vivienda pero dejan de pagar las mensualidades; o de inquilinos que la han tomado al asalto, “lo ven vacío, cambian la cerradura y entran a vivir” sin más. Una casuística preocupante que confirma Prieto Liébana, denuncia “una gran desprotección del propietario” frente a esas conductas, de la que responsabiliza a la inexistencia de una legislación que regule las actuaciones a emprender en caso de encontrarse con okupas. Reclama una norma específica que pueda aplicarse con rapidez y critica la legislación actual porque “no es nada favorable al mercado de vivienda estable”.

El medio año que se estipulaba para poder llevar a cabo un desahucio o lanzamiento se ha visto prolongado con creces tras la pandemia, destaca el responsable de la Cámara de la Propiedad Urbana, que responsabiliza a un “sistema judicial que no funciona” para dar una respuesta adecuada a esta problemática con desahucios y lanzamientos, “el procedimiento se demora muchísimo”. A ello han contribuido los sucesivos reales decretos para responder a la situación socioeconómica provocada por el COVID que han ido aplazando esas acciones para garantizar que no se perjudique a que quienes viven en los pisos y no pueden hacer frente al gasto como consecuencia de las dificultades para obtener ingresos como resultado de la pandemia, por lo que “una vez que alguien se te mete en tu piso, es difícil volver a disponer de la propiedad”.

Los pasos a dar para demostrar que los inquilinos morosos no se encuentran en “situación de vulnerabilidad” sobrevenida por la crisis económica del COVID puede dilatar “incluso más de un año” la ejecución de un desahucio o lanzamiento, concretan desde la Cámara de la Propiedad, ya que entran en juego los servicios sociales, que deben emitir informes. “Los trámites se han dilatado y supone un lastre para los dueños de los inmuebles”, apunta Prieto Liébana.

Esa circunstancia la han aprovechado ocupas para “tomar” pisos vacíos o mantenerse en ellos sin pagar, exponen afectados y refrenda el secretario de la entidad. Se ha dado el caso en Zamora capital de moradores que se han hecho dueños de prácticamente edificios enteros, como ocurrió “en el número 6 de la calle de la Guardia Civil”, explica el titular de los inmuebles, Manuel Rodríguez, que arrendó un piso, estas personas “crearon malestar en el vecindario y la gente se terminó yendo. Pusieron una cadena en la puerta del portal y resulta imposible echarles”. En algunos casos, los realquilan a terceras personas y los destrozos causados tras el desahucio ha sido significativo para este propietario.