La Fiscalía solicita inhabilitar a cuatro concejales de un pueblo de Zamora por asfaltar una calle
Los ediles incluyeron en el proyecto parte de una urbanización privada a pesar del informe en contra del secretario municipal
Declaración de los acusados en el juicio por prevaricación a cuatro concejales de Roales del Pan. / EMILIO FRAILE
La Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial de Zamora condenas por prevaricación para los cuatro concejales de Roales del Pan encausados por aprobar el proyecto de asfaltado de cuatro calles del municipio, entre las que se incluía la calle de la Cruz, que pertenece a una urbanización privada construida hace unos 30 años, y que en todo este tiempo no había sido recepcionada oficialmente por el Ayuntamiento.
Los encausados son la entonces alcaldesa de Roales del Pan, Bernarda Miguel (Adeiza); el teniente de alcalde, Luis Alberto González (Adeiza); y los concejales del equipo de gobierno Raúl Centeno (PSOE) y Manuel Sobrino (PSOE).
Planes provinciales de la Diputación de Zamora
El proyecto fue aprobado en el Pleno del 1 de abril de 2019 para presentarlo a la convocatoria de 2018 de los Planes Provinciales de la Diputación de Zamora, que conceden subvenciones a los ayuntamientos para la realización de obra básica. Fue aprobado con el voto favorable de Bernarda Miguel, Luis Alberto González y Raúl Centeno, la abstención de Manuel Sobrino, y la abstención de los dos ediles del Partido Popular, Miguel Ángel San Martín y José Lorenzo, que no están acusados. El séptimo concejal de la Corporación era Agustín Fernández, del PSOE, no asistió a esta sesión plenaria ni a la mayoría de las celebradas en el mandato 2015-2019.
La Fiscalía se basa en que el secretario municipal había emitido un informe, antes del pleno del 1 de abril de 2019, en el que advertía a la Corporación que la calle de la Cruz se urbanizó como una «unidad de actuación» y asfaltarla enteramente con dinero público iría contra las normas urbanísticas de Roales del Pan vigentes en ese momento. Según explicó el secretario, citado como testigo en la vista oral, lo pertinente era desarrollar un plan parcial en el que el asfaltado se costearía entre los propietarios y el Ayuntamiento.
La versión de la exalcaldesa
La exalcaldesa, que fue la primera en declarar, relató las particularidades de esta calle de Roales del Pan, que estaba asfaltada «a trozos» porque algunos de los propietarios habían cementado el tramo correspondiente a su parcela, y otros no, debido a la falta de acuerdo entre ellos para llevar a cabo la obra conjuntamente. La calle recibía desde hacía muchos años todos los demás servicios municipales, tales como el alumbrado, el suministro de agua, el saneamiento o la recogida de basura, actuando como si se tratara de terreno urbano consolidado. Además, en el vial viven varias personas mayores y otras con enfermedades graves, por lo que frecuentemente acceden las ambulancias, motivos por los que decidió incluir la calle de la Cruz en el proyecto de asfaltado.
Además, Bernarda Miguel explicó que según otro informe del técnico municipal la calle de la Cruz cumplía las bases de la convocatoria de los Planes Provinciales, ya que el único requisito era asfaltar vías urbanas, sin especificar urbana consolidada. También aseguró que había consultado al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora sobre la situación concreta de la calle de la Cruz, y en ningún momento le pidieron que excluyera esa vía del proyecto.
Asimismo, aseguró la exalcaldesa que hubo dos reuniones, previas al pleno, conjuntamente con el técnico y el secretario, en las que este último explicó que existirían formas de solucionar el conflicto por la calle de la Cruz, como cobrar posteriormente a los vecinos de la vía su parte proporcional del coste del asfaltado mediante un impuesto especial.
El informe del secretario no se leyó en el pleno, pero sí se adjuntó al proyecto que se sometió a votación y que debían conocer todos los concejales. Además, la presidenta de la Corporación, Bernarda Miguel, informó al resto de miembros sobre la opinión del secretario acerca de la calle de la Cruz, y sobre las actuaciones que podría llevar a cabo el Ayuntamiento para solucionarlo.
Los otros tres concejales encausados contaron la misma versión que la exalcaldesa. En el caso de Manuel Sobrino, aseguró que él se abstuvo porque «no entendía» la problemática.
La postura de la oposición
Los concejales de la oposición en ese momento, ambos del PP, declararon como testigos y aseguran que durante el pleno advirtieron al equipo de gobierno que asfaltar la calle de la Cruz por parte del Ayuntamiento era ilegal, pero se abstuvieron en la votación porque el proyecto incluía otras cuatro calles y no querían que Roales del Pan perdiera la subvención de la Diputación de Zamora.
Uno de estos ediles del PP, Miguel Ángel San Martín, había sido alcalde anteriormente y también aprobó y adjudicó un proyecto para asfaltar esa vía en 2006, pero lo paralizó justo antes de ejecutarlo, precisamente cuando supo que la vía era una Unidad de Actuación.
David García, el siguiente alcalde, ejecutó la obra
En junio de 2019 cambió el gobierno y todos los concejales encausados pasaron a la oposición. La nueva Alcaldía recibió la subvención, que ascendió a 56.000 euros, adjudicó las obras en julio y las ejecutó en septiembre, incluido el asfaltado de la calle de la Cruz.
El nuevo alcalde, David García (Vox), asegura que no tuvo conocimiento del informe del secretario contra el asfaltado de la calle la cruz hasta el 17 de septiembre de 2019, día que concluyeron las obras, «porque me increparon algunos vecinos» de esa calle por haberla asfaltado con dinero público. Los propietarios de la urbanización estaban enfrentados entre ellos porque a lo largo de los años algunos habían querido acometer la obra y otros se habían negado.
El actual alcalde de Roales, David García, conversa en el hall de la Audiencia Provincial con los tres compañeros de su equipo de gobierno en el mandato 2019-2023, dos de los cuales eran concejales también en la anterior Corporación. / EMILIO FRAILE
David García segura que él no había leído el informe en contra del secretario porque durante los primeros meses en el Ayuntamiento firmaba los documentos «sin leerlos» porque «no podía abrir los expedientes en mi teléfono móvil» y «no tenía acceso a las claves del ordenador».
Había referencias al informe en todos los ficheros que Davíd García firmó electrónicamente para crear la mesa de contratación y adjudicar la obra.
El caso de Manuel Sobrino
El Ministerio Público sostiene que la intención de los ediles era buena, pero sabían que la obra era ilegal
Durante el juicio, también se valoró si el equipo de gobierno tenía algún interés en el asfaltado de esta vía en concreto. La acusación particular expuso que varios familiares del concejal Manuel Sobrino viven en esa urbanización, pese a lo cual el edil no se ausentó de la votación y participó en la misma, absteniéndose.
En cambio, el edil aludido y el resto de acusados aseguran que en el tramo incluido en el proyecto de asfaltado solamente vive uno de los hijos de Sobrino, y que la entrada a su vivienda da a una vía diferente, concretamente la calle de la Vega. Según algunos testigos, la vivienda también tiene otra puerta a la calle de la Cruz.
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación a cada uno
Dos de los acusados son actualmente portavoces de PP y PSOE, respectivamente, en Roales del Pan
La Fiscalía considera que, al margen de todas las particularidades de la calle de la Cruz, los concejales del equipo de gobierno decidieron aprobar el proyecto a sabiendas de que contravenía la normativa urbanística, tal y como advertía el secretario municipal en su informe, y cree que todos ellos tenían conocimiento de dicho informe.
El Ministerio Público no pone en duda que la intención de los concejales al asfaltar la vía era beneficiar al municipio, y pide que la Sala lo tenga en cuenta a la hora de fijar las penas, pero también sostiene que la decisión fue dolosa, que los concejales que la tomaron sabían que era algo ilegal.
La prevaricación se castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 a 15 años. La Fiscalía pide 10 años para cada acusado.
Si finalmente la Audiencia decide condenar a los concejales, habría cambios en la actual Corporación Municipal del Ayuntamiento de Roales del Pan, pues actualmente Bernarda Miguel es la portavoz del Partido Popular y Luis Alberto González es el portavoz del PSOE, y no podrían ejercer como concejales durante un mínimo de nueve años, en función de lo que dicte la magistratura. Centeno y Sobrino ya no forman parte de la Corporación.
Acusación particular: piden hasta 9 años de prisión
La acusación particular -el Ayuntamiento de Roales- va mucho más allá y su letrada pidió que se condene a la exalcaldesa, a Luis Alberto González y a Raúl Centeno por prevaricación y malversación a seis años de prisión y 15 de inhabilitación cada uno; y a Manuel Sobrino por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias a 9 años de prisión, a 15 de inhabilitación y a multa de 12 meses. Además, pide responsabilidad civil por la subvención de 56.000 euros que el Ayuntamiento devolverá a la Diputación.
Petición de absolución
La defensa, por su parte, pide la absolución porque los concejales tenían en sus manos dos informes con opiniones contradictorias, uno del técnico municipal de obras y otro del secretario.
También argumenta que el informe del secretario no tenía categoría de «reparo», y apunta que los técnicos de la Diputación no dijeron nada contra el asfaltado de la calle de la Cruz en ninguno de los tres informes en los que se aprobó la subvención, se certificó la obra y se transfirió el dinero.
Por otro lado, la defensa sostiene que la calle de la Cruz era «terreno urbano consolidado de hecho», pues ya recibía todos los servicios municipales, los propietarios de viviendas pagan IBI urbano e incluso el vial estaba en parte asfaltado por ellos, por lo que «puede que ya se cumpliera el 50%» que corresponde a la parte privada.
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