El Ayuntamiento de Roales del Pan, 14 años después, continúa intentando recuperar los cerca de 4.600 metros cuadrados de terreno municipal que cedió en 2007 a la constructora que quería urbanizar el Cerro de la Cruz –o Cerro de la Plata– a cambio de la construcción de un pabellón de usos múltiples deportivos y culturales que el pueblo nunca ha llegado a ver.

Todos los terrenos que la constructora posee en Roales, incluidos los que obtuvo del ayuntamiento siguen envueltos en un concurso de acreedores que provocó el propio consistorio roalino en 2016 cuando la Administración que entonces presidía Berna Miguel reclamó a la empresa –llamada AT Inversiones– los pagos atrasados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero el Ayuntamiento de Roales no es el único acreedor, sobre los terrenos pesa una hipoteca con una entidad financiera local y anotaciones de otros acreedores de la constructora. Lo mismo sucede con algunas viviendas de la zona urbanizada del cerro que la empresa no llegó a vender.

Muchos de esos acreedores tienen que cobrar antes que el Ayuntamiento de Roales, por lo que es virtualmente imposible que el municipio pueda recuperar el montante total de la deuda.

Sin embargo, el último giro acontecido en el concurso abre una ventana de oportunidad para Roales, pues hay una oferta de un cliente que pretende quedarse con todos los terrenos, pero libres de cargas, con la intención de ampliar la urbanización en el futuro, para lo cual será imprescindible que se sienten a negociar las licencias con el Ayuntamiento de Roales del Pan.

Lo que el municipio reclama en el concurso de acreedores es el IBI de la última década, una deuda que el ayuntamiento acaba de fijar este año en 49.550 euros. Por otro lado, están las tres parcelas cedidas en 2007 por el ayuntamiento que presidía Miguel Ángel San Martín.

Según el plan de urbanización que se sometió a exposición pública, el ayuntamiento se quedó con un 10% de la superficie para usos no lucrativos –dotar a la urbanización de equipamientos y zonas verdes–, compuesto por las parcelas 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 33; y se quedó con otro 10% de la superficie destinada a viviendas de protección oficial (VPO). A este último lote, el de terreno para VPO, pertenecían las tres parcelas permutadas a cambio del futuro pabellón por parte del equipo de San Martín, al que ya pertenecían los concejales José Ángel Gallego y José Lorenzo, que continúan como ediles del equipo de gobierno local de Roales del Pan.

Estas parcelas permutadas fueron la parcela 21, de 1.982 metros cuadrados, la parcela 22, de 1.984 metros cuadrados, y la parcela 31, de 624 metros cuadrados. El plan de urbanización permite construir entre 67 y 72 viviendas en estos terrenos. Los tres terrenos fueron posteriormente hipotecados junto al resto de terrenos que tiene la constructora en el cerro, y aún pesan varias notas de embargo sobre ellos.

En el transcurso del último pleno municipal, el alcalde mostró las notas simples de las parcelas no lucrativas que el ayuntamiento posee en el cerro, para demostrar que están libres de cargas. Esos otros terrenos nunca fueron hipotecados ni pagan IBI, puesto que nunca pertenecieron a AT Inversiones. Según afirma el alcalde en una conversación con este diario, tampoco figuraban en el inventario patrimonial del ayuntamiento hasta 2021, lo que había llevado a la falta de mantenimiento de la pista de pádel construida en uno de estos terrenos, por lo que se llevará a cabo una mejora de esas instalaciones en los próximos meses para su disfrute por parte de los vecinos.

Parte de esos terrenos de uso no lucrativo son los que se ofrecieron a la Junta de Castilla y León para la ubicación de la futura residencia de mayores en Zamora –que finalmente no se hará en Roales– y donde existe un proyecto para ubicar un hospital privado especializado en cuidados paliativos.

En cuanto a los otros terrenos, los permutados a AT Inversiones, fueron valorados en el contrato de 2007 en 818.000 euros y la constructora se comprometió a edificar el pabellón una vez que el Ayuntamiento de Roales hubiera encargado el proyecto del edicio. La constructora abonaría el coste del proyecto en los cuatro meses siguientes y se comprometía a terminar la obra en un plazo de dos años a contar desde la obtención de las licencias. El contrato también incluía que, en caso de incumplimiento, las parcelas volverían a formar parte del patrimonio municipal.