Urbanismo
Instalan paneles solares sin permiso en Benavente y se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros
Urbanismo abre dos expedientes por colocar placas fotovoltaicas en cubiertas sin licencia
Una empresa y un particular se enfrentan a sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros por instalar paneles fotovoltaicos en las cubiertas de sus propiedades sin licencia y tras haber sido informadas desfavorablemente las declaraciones responsables presentadas.
Una inspección de la Policía Local detectó ambas instalaciones en los meses de junio y agosto en las calles Ávila y Del Parque y formuló denuncia tras comprobar que carecían del título habilitante.
El Departamento de Urbanismo ha incoado sendos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad a las propiedades concediendo plazos de audiencia de diez días para que los denunciados puedan presentar alegaciones.
Declaraciones desfavorables
En ambos casos, las declaraciones responsables de Obras, Usos e Instalaciones presentadas fueron rechazadas por los servicios técnicos municipales. Pese a ello, los propietarios consumaron la instalación de las placas solares en los tejados de sus respectivos inmuebles.
En ambos casos, según señalan los informes, se tiene en cuenta que "las obras se encuentran concluidas si bien son compatibles con el planeamiento vigente, siempre que se cumplan los trámites para que la parcela alcance la condición de solar, aportando junto con la licencia, el correspondiente proyecto de urbanización, así como el resto de las cuestiones advertidas en el informe técnico municipal que motivaron su control posterior en sentido desfavorable".
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León estable que la ejecución de actos de uso del suelo que requieran licencia urbanística, no amparados por licencia ni orden de ejecución, cuando sean compatibles con el planeamiento urbanístico, constituyen infracciones urbanísticas leves sancionables con las cantidades citadas.
Las propiedades expedientadas tendrán que cumplir las medidas que Urbanismo establezca en los expedientes de restauración de la legalidad, que conllevan multas coercitivas en caso de incumplimiento.
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