Personas con discapacidad de Zamora piden mejoras en su situación, más allá de cambio de nombre de la Constitución

Deficiente, impedido, subnormal, mongólico, incapaz, tullido, minusválido, son muchos los calificativos utilizados para definir a los colectivos que hoy llamaríamos de personas con discapacidad, que han ido pasando de moda a medida que, por un lado, iban adquiriendo un tono ofensivo y por otro la sociedad ha ido ganando en integración de los diferentes. Algo lógico si se tiene en cuenta que se trata de un colectivo no menor: solo las personas con una discapacidad reconocida de al menos un 33% suman cerca de 12.500 ciudadanos en la provincia de Zamora: exactamente 12.459 según los datos cerrados a finales de 2022.

Aunque eliminados del lenguaje común de la vida diaria casi por completo, estos calificativos, sin embargo, siguen estando presentes, con mayor o menor justificación en algunos ámbitos sociales. Uno de los más llamativos, el del artículo 49 de la Constitución que decía: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Aprobada la eliminación del término 'disminuidos' de la Constitución

La nueva redacción se ha hecho en dos puntos que hablan ya no de disminuidos sino de personas con discapacidad: "Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Valoración del Cermi

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi) celebraba un cambio que destierra del texto constitucional el término "disminuido" y también adapta la Constitución a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, lo que refuerza "los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad".

Obdulio Bailador, un zamorano con más de un 80% de discapacidad reconocida se alegra también por la noticia, pero, precisa, es poco más que una operación cosmética que debe ir acompañada además de muchas otras iniciativas en favor del colectivo.

Centrándose solo en el apelativo, Bailador explica que "el problema de los calificativos es la connotación que lleva. Los chavales cuando se saludan se dicen, "hola cabrón", pero no se están insultando en realidad. El que a mí me llamen disminuido me puede parecer bien o mal en función de la connotación que tenga. Entonces hay que pensar en la educación, en la empatía y la convivencia más que en el término en sí. Hombre, es importante el término, no estoy diciendo que se le pueda llamar cualquier cosa a la gente, pero estamos entrando en un sistema de distracción a través del lenguaje que desde la parte del afectado es inaceptable".

Aún quedan en el lenguaje técnico palabras como invalidez que perviven porque tienen otras connotaciones que no tiene nada de negativo, como las personas que no son aptas para trabajar o el caso de las que no pueden desenvolverse por sí mismas por ejemplo en una residencia.

Diferentes realidades

Hay que tener en cuenta que con el término genérico de personas con discapacidad se engloba a amplios colectivos. Solo en Zamora hay 7.080 personas con una discapacidad física, 1.989 con discapacidad mental, 1.482 con discapacidad intelectual, 1.033 con discapacidad visual y 899 auditiva, además de seis personas que son sordociegas.

Son colectivos muy amplios de personas con una serie de necesidades funcionales específicas, algunas desde la cuna, otras derivadas de accidentes, enfermedades y otras causas que les llevan a perder la visión, el oído, la movilidad o la capacidad intelectual. Y que han conseguido algo que parecía imposible: poner de acuerdo al 88% del Parlamento.

Miedo a perder el trabajo

La esclerosis múltiple es una de las enfermedades que puede llevar a la discapacidad. El presidente de la Asociación en Zamora es Andrés Campos. Atiende «en torno a 80 personas todas las semanas», que no son todos los afectados por la patología: «Nos imaginamos que habrá más, porque hay gente que por temas personales no quiere decir que tienen la enfermedad. Por temas de trabajo sigue habiendo ese tabú que no decir que tienes una enfermedad degenerativa».

Esta entidad atiende no solo a los «escleróticos» como se autodefinen, también "a los enfermos de Parkinson o ELA que no tienen asociación en Zamora y les damos los servicios que tenemos, como logopedia, fisioterapia, psicología se lo damos a todos los pacientes".

Como se puso de manifiesto en una entrevista que mantuvo el propio Andrés Campos, la trabajadora social, Ana Campos y el paciente Prudencio Macías, que realiza un reto en favor de la enfermedad, los problemas de estos pacientes para acceder a unidades especializadas, al reconocimiento de la enfermedad y la valoración de la incapacidad son importantes. Muchos, dicen, están trabajando, pero expuestos a que un posible brote les provoque una mala pasada.

"La decisión del Congreso llega un poco tarde"

El delegado de la Fundación Personas- Asprosub de Zamora dedicada a las personas con discapacidad intelectual, Isidro Deza, cree que el cambio de la denominación de «disminuidos» de la Constitución «llega un poco tarde», debido a que este tipo de palabras peyorativas ya habían caído en desuso en la sociedad. «Ha habido socialmente un cambio importante», indica Deza, aunque «quedan cosas por hacer porque los propios políticos a veces escriben tuit y llaman a los contrincantes con unas palabras que se siguen usando como insulto».

Destaca que «todo el mundo valora lo que es capaz de hacer nuestro colectivo, se les ven ya como un vecino, como un ciudadano. Pero cuesta porque ellos si no cuentan con los apoyos necesarios tienen dificultades para acceder a cosas en las que los demás lo tenemos un poco más fácil. Imagínese un puesto de trabajo, una consulta de Traumatología donde hay que estar esperando y los sanitarios te hablan con su vocabulario: podemos hacer muchas más cosas, pero tampoco se puede negar que hemos conseguido mucho».

Reconoce que Asprosub se mantiene por el prestigio de marca que aporta su trabajo desde los años 60, aunque «haya que pagar un peaje».

Laboralmente, en tierra de nadie

Salvador Domingo Mateos Ramos padece una discapacidad del 42% «que ahora seguramente sea mayor» por culpa de una enfermedad degenerativa de nombre impronunciable y que afecta a los tendones.

Reconoce que no ha prestado mucha atención a la decisión del Congreso de cambiar el artículo de la Constitución que se refería a las personas con discapacidad como «disminuidos», quizá porque en apariencia apenas se le nota que padece un problema tan serio: «si estuvieran con una enfermedad como la que yo tengo, iban a saber lo que es bueno».

Salvador trabajó como cerero en la fábrica de velas de Francisco del Prado en la carretera de la Estación, luego de panadero en La Alhóndiga, antes de regentar su propio horno de leña en Andavías. «Después quedé muy enfermo, en 2017», lo que se unió a un divorcio y una mala racha, en la que tuvo que sobrevivir con la magra paga de la renta garantizada de ciudadanía.

Contratado por horas en Ilunion fue cuando trabajaba de limpiador en un centro comercial cuando un encargado le apuntó la posibilidad de la ONCE. «Me ha cambiado la vida», dice Salvador, ahora con un trabajo y sueldo fijo. «Y he encontrado el amor»; se acaba de casar en julio.

"Es un maquillaje para tapar las deficiencias importantes"

Obdulio Bailador es un asesor fiscal que ha estado toda su vida trabajando a pesar de tener una discapacidad del 83,5% por una espina bífida. «Es verdad que había que cambiar la denominación de disminuido porque no tenía sentido y las connotaciones negativas. Pero es poco más que un maquillaje para seguir manteniendo el sistema como el de la Ley de Dependencia que es de risa. Cambiamos el término, pero no se pueden dar seis euros a una persona con una minusvalía».

Y es que «hay que cambiar muchas cosas, desde la cúspide hasta lo más bajo». Por ejemplo «es ilegal que en Zamora haya una Policía Municipal a la que no se puede acceder», que haya mutuas de trabajo sin accesibilidad a las oficinas, o que la Comisaría con un edificio nuevo, tenga un ascensor en el que no cabe una silla de ruedas.

Y luego «alguien abre una cafetería y le obligan a ampliar el baño y quitar tres mesas para que entre una silla de ruedas».

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