Un trozo del Castillo de Villaralbo se vende por 183.900 euros en Wallapop y Milanuncios

El dueño de Cuadros Eléctricos, pendiente de ser juzgado por fraude a Hacienda, reside en la fortaleza que construyó e inauguró en 2006

Castillo de Villaralbo

Castillo de Villaralbo / LOZ

Sobre la mesa, 183.000 euros y el comprador logrará tener por vecino a un empresario de gran influencia entre las personalidades más "ilustres" de la provincia y Castilla y León, el dueño de General de Cuadros Eléctricos (GCE), José Fernández Alonso. La proximidad del chalet individual al popular castillo construido por este empresario es otra de las singularidades con las que convivirá la persona que adquiera los 7.712 metros cuadrados anejos a la fortaleza de "Villaferga", situado a solo un kilómetro de la localidad de Villaralbo.

Varias plataformas de compraventa online, como Wallapop o Milanuncios, recogen el interior de los que 241 metros que conforman la edificación diseñada por quien fue el dueño de todo el terreno situado en el paraje "El Llanero", a un kilómetro del centro urbano del municipio de Tierra del Vino. Una suite con baño, un dormitorio también con baño, un aseo, cocina, sala, garaje y la zona ajardinada muestran el peculiar gusto de este empresario gallego afincado hace décadas en Zamora.

Una finca de más de 16.000 metros cuadrados

Aún se recuerda la sorprendente inauguración de su castillo, levantado sobre una finca de 16.960 metros cuadrados. La celebración de unas justas el 30 de septiembre del año 2006, en las que aparecía junto a su esposa, ambos con trajes medievales ante decenas de invitados, incluidas autoridades locales, de Zamora capital y de la provincia, así como personalidades de todos los ámbitos, fue una noticia más que comentada, que ocupó espacio en este diario y minutos de televisión. Una fiesta por todo lo alto que ocho años más tarde aguaría el negro horizonte que fueron barruntando sus negocios.

Mapa de situación del Castillo de Villaralbo

Mapa de situación del Castillo de Villaralbo / LOZ

Una deuda de 547.000 euros con el Banco Popular Español, contraída tres años después de la puesta de largo del castillo, en el que residía junto a su esposa, se llevó por delante su querido "Villaferga", en el que llegó a disfrutar de gran cantidad de animales y perros, donde albergaba a sus invitados y organizaba fiestas para el pueblo.

El empresario todavía no ha logrado dar carpetazo a ese etapa en la que su economía aflojó y su empresa menguó hasta llegar a un situación insospechada por aquellos primeros años de este siglo XXI.

Fraude a Hacienda

El inicio de la segunda década de los años 2000 colocó al empresario que había obtenido grandes reconocimientos de administraciones y del mundo empresarial en la picota. Un fraude de 1.129.225,61 de euros situado entre 2014 y 2015, una deuda con la Agencia Tributaria que logró aplazar en septiembre de 2022 a cambio de negociar una salida para ver reducida la petición de 12 años de prisión por cuatro delitos contra el organismo público y para salvar la sociedad. Una condición que le apartó temporalmente del banquillo de los acusado en el Juzgado de lo Penal, tras pedirle una condena a 12 años de prisión por fraude a Hacienda. El titular de una de las empresas puntera en tecnología, General de Cuadros Eléctricos ni ha iniciado ese diálogo ni ha hecho llegar una propuesta alternativa, compromiso adquirido por sus abogados para evitar un juicio que se suspende este mes por quinta vez. La huelga de funcionarios le libró de la vista oral en junio de este año 2023. La Fiscalía de Zamora y el abogado del Estado exigen prisión por el impago del IVA y del Impuesto de Sociedades de GCE entre 2014 y 2015, así como una multa de 2.258.451 euros.

La jueza de lo Penal concedió al Fernández Alonso "un plazo razonable" para negociar con Hacienda continuar con la empresa fundada el 5 de septiembre de 1996 en Villaralbo, que se convirtió un grupo con más de treinta sociedades. Junto a él, será juzgada la empleada y administradora única de Microplus World Corporativa, de iniciales de N.S.R., para la que la Fiscalía y el abogado del Estado, piden 8 años de cárcel y multa de 2.258.451 euros como colaboradora necesaria

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