El Consejo de Cuentas detecta deficiencias en el plan antifraude de Zamora

El Consejo de Cuentas ha entregado en las Cortes de Castilla y León el informe sobre la fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en los municipios de la comunidad que hayan sido beneficiarios del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (FRTR) en el ejercicio 2022, una medida que se ha aplicado en Zamora, pero con deficiencias en algunos casos, como el de los ayuntamientos de la capital y Fuentesaúco.

El informe recoge que todas las diputaciones provinciales y las capitales de provincia de Castilla y León aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, y que, de los nueve ayuntamientos no capitales de provincia incluidos en el ámbito de la fiscalización, dos lo aprobaron (Aranda de Duero y Medinaceli) y siete no lo han hecho (Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco).

La falta de operatividad total de la herramienta CoFFEE -sistema de gestión e información de la ejecución del Plan de Recuperación- no contribuyó al conocimiento de sus obligaciones por parte de algunas entidades locales.

El Consejo realiza nueve recomendaciones para mejorar la implantación de los planes, dirigidas singularmente, según los casos, a las 27 entidades que fueron objeto de esta fiscalización, coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo. Entre ellas, la realización de evaluaciones de riesgo, el establecimiento de un sistema de control interno eficaz o las consultas a bases de datos como herramienta de detección, tanto del fraude como del conflicto de intereses y de la doble financiación.

En el ámbito temporal de esta auditoría, del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022, un total de 233 entidades locales de Castilla y León eran beneficiarias y participaban en la ejecución de medidas del PRTR al haber obtenido fondos. La fiscalización se extendió a 27 de estas entidades, incluidas las 9 diputaciones y las 9 capitales de provincia, que tienen la obligación de aprobar un plan antifraude. El informe analiza las medidas antifraude adoptadas, chequea los planes de medidas, la puesta en práctica de medidas de detección del fraude, así como las medidas de prevención y corrección.

Entre otras medidas se pedía la realización de una autoevaluación, pero no lo han hecho la Diputación de León, los Ayuntamientos de León y Zamora, así como los siete ayuntamientos que no han aprobado el Plan de Medidas Antifraude.

Con relación al análisis de los planes de medidas antifraude, 13 entidades aprobaron sus planes dentro del plazo previsto y 7 lo hicieron fuera de dicho plazo. Las diputaciones de León y Soria, así como los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Aranda de Duero y Medinaceli no remitieron el Plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Formación y concienciación

Se contempla, con carácter general, la previsión de formación y concienciación sobre la lucha contra el fraude por parte de todas las entidades, si bien las Diputaciones de León y Segovia, así como los Ayuntamientos de León y Zamora no las han desarrollado.

La previsión expresa de procedimientos de seguimiento solo se contempla en las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca y Zamora y en los ayuntamientos de Salamanca y Aranda de Duero, que encomiendan al Comité o Comisión antifraude la verificación del correcto funcionamiento de los procesos implementados, la evaluación y revisión de resultados y, llegado el caso, la mayor parte de ellas, encomienda a dicho órgano la propuesta de revisión del plan.

Con carácter general, las entidades definieron en sus planes el conflicto de intereses, sus clases y los actores implicados, incluyendo medidas, tanto de prevención como de detección de estos conflictos, las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, y los ayuntamientos de Burgos, Valladolid y Aranda.

Todas las entidades constituyeron un comité o comisión antifraude, a excepción de los ayuntamientos de Palencia, Zamora y Aranda de Duero, donde no consta que haya llegado a constituirse.

En cuanto al análisis de las medidas de detección del fraude, las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora y los ayuntamientos de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora comunicaron haber hecho un uso efectivo de las consultas a bases de datos, si bien tan solo la Diputación de Burgos y los ayuntamientos de Ávila y Palencia establecieron un procedimiento para ello.

Las entidades que habilitaron de forma efectiva un canal de denuncias son las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora y los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Aranda de Duero. Sin embargo, tan solo las diputaciones de Burgos y Salamanca y los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid establecieron medidas para detectar denuncias falsas y el procedimiento a seguir, en su caso.

Recomendaciones

El Consejo de Cuentas realiza 9 recomendaciones. Entre ellas, los ayuntamientos de Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco, como beneficiarios de fondos del MRR, deberían adoptar algún tipo de medida, política o declaración de lucha contra el fraude.

La Diputación de León y los ayuntamientos de León y Zamora, deberían realizar anualmente, en el marco de la función de control de gestión, el test de autoevaluación y riesgo sobre el conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción.

Las diputaciones de León y Soria, así como los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Aranda de Duero y Medinaceli, deberían remitir su Plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Las diputaciones de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y los ayuntamientos de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, deberían, a través del Comité o Unidad antifraude, llevar a cabo la evaluación del riesgo de fraude.

Las diputaciones de Segovia y Soria, y los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora y Medinaceli deberían establecer un sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado con controles que se centren en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.

Las diputaciones de León y Palencia, y los ayuntamientos de Burgos y Zamora, deben adaptar el modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses para su firma por los contratistas y subcontratistas y por los beneficiarios de las subvenciones y por los intervinientes en los procedimientos relativos a convenios, encargos a medios propios u otros negocios jurídicos que puedan formalizarse.

Finalmente, las Diputaciones de León, Palencia y Soria, así como los Ayuntamientos de León, Zamora y Medinaceli, deberían habilitar un canal de denuncias externo por remisión al canal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.