El Consorcio de Bomberos deberá, por sentencia judicial, elaborar e implantar un procedimiento de trabajo para garantizar la seguridad y la salud para la plantilla de la entidad de derecho público, una orden del Juzgado de lo Social número 2 en consonancia con el informe de la Inspección de Trabajo que dio un plazo de seis meses, incumplido hasta el momento, lo que motiva la demanda del delegado de UGT e tras las alegaciones de la Diputación Provincial que ahora se extienden al recurso interpuesto contra este último fallo judicial, han expuesto hoy el secretario de UGT de Zamora, Raúl Castaño, y el de Acción Sindical, Jerónimo Cantuche.
Una cuestión que es responsabilidad directa del presidente del Consorcio, el diputado del PP de Personal, José Luis Prieto, "si ocurre algo" a alguno de los profesionales "toda la responsabilidad la asume él", ha subrayado Cantuche. El Juzgado condena a poner en marcha unas medidas esenciales ante el grave riesgo de seguridad y salud de las tareas que acometen los bomberos del Consorcio. Un asunto que está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tras el recurso presentado por el también diputado de Personal, José Luis Prieto, a quien UGT pide "que se vaya de la Diputación", declara Castaño.
Recurso contra la designación de director técnico
Por otro lado, UGT ha interpuesto una demanda contra la designación del director de Protección Civil de la institución provincial como director técnico del Consorcio, un decreto del presidente de Cs de la Diputación, Francisco José Requejo, y contra la propuesta de modificación de la plantilla del Consorcio, aprobada "en una mesa general con la negativa de UGT porque no se pueda nombrar una plaza por decreto que se crea en base a una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) anulada por del Juzgado Contencioso de Zamora", también recurrida ante el TSJ por parte del Consorcio.
Además de defender que "no se sostiene la excepcionalidad" aludida para justificar el nuevo nombramiento, "basada en que no hay bomberos del tipo A o que no pueden llevar estas funciones, no sabemos en qué se sustenta el presidente del Consorcio", Cantruche apunta otra ilegalidad en este procedimiento porque "no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia" esa variación de la plantilla.
UGT se dirigió al presidente de la Diputación y a la secretaria de la Administración provincial para insistir en no se pueden ignorar las sentencias que anulan la RPT y el estatuto de 2014 y recurrir al de 2007, derogado ya, lo que supone "un requiebro ilegal del presidente de la institución provincial". Tampoco se puede conculcar el derecho constitucional que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo.
El sindicalista se reitera en la irregularidad que supone incluir en la RPT ese puesto de trabajo porque "es una plaza de plantilla y no se puede aprobar porque se adscribe a la plantilla de la propia Diputación y no se contempla ahí". Una decisión a la que el responsable de Acción Sindical de UGT solo encuentra una explicación: "Decir que lo paga la Diputación y no el Consorcio porque sería inaceptable porque es ya un técnico de la institución".
Los dos sindicalistas se preguntaron "hasta cuándo va a aguantar el presidente del Consorcio" y ponían el acento en que los representantes de la institución provincial y del Consorcio "recurren" las sentencia y no esperan la resolución del TSJ para aplicar sus resoluciones.
El sindicato es especialmente duro con esa actitud tras "cuatro años recurriendo sentencias" de los juzgados de lo Social y del Contencioso de Zamora contrarias a su política de gestión, en palabras de Cantuche sin que "prime la seguridad y la salud de los trabajadores" y, en este caso, "es muy grave" que recurra al TSJ porque "no estamos hablando de cuestiones administrativas", sino de la integridad física de los bomberos. Por eso, "pensábamos que el presidente del Consorcio iba a ser más sensible con esto", agrega para destacar que "nosotros defendemos el interés de los trabajadores".
Plazas con fondos europeos
Por último, UGT ha recurrido el acuerdo del Pleno provincial de 21 de enero de 2022 que modifica la plantilla de personal de la Diputación y se crean plazas vinculadas a la gestión de los fondos europeos que lleguen, competencia que también es del diputado de Personal y Recursos Humanos, "sin incluir informe del jefe de Servicios, con uno del propio trabajador que es un escrito al diputado, ni informe de viabilidad económica", una decisión que se despachó en media hora, en la que se abordaron cinco puntos más.
"No se ofrece posibilidad de debate", denuncia Cantuche, "el diputado de Personal aprueba los borradores de sus propuestas y te adhieres o no. Hay un grave problema que trasciende a la Diputación y está en juego la gestión e los fondos europeos", por lo que piden que se convoque de nuevo la mesa de negociación para evitar el recurso ante los tribunales, "no queremos que se paralice" la administración del dinero que llegue de Europa, advierte.
