La voluminosa documentación que acaba de derivar el Juzgado de Puebla de Sanabria a la Audiencia Provincial sobre el caso del fraude al Ministerio de Fomento, investigado desde marzo de 2012 y que imputa a 15 personas, dilatará la fecha para la celebración del macrojuicio hasta primeros de 2022. según fuentes consultadas por La Opinión-El Correo de Zamora. Y es que el procedimiento abreviado está conformado por 9.500 folios recogidos en 14 tomos, además de por seis DVD’s que contienen diversa documentación y las declaraciones los 15 procesados. Un trabajo arduo que incluye el profuso estudio de toda la causa por parte del Tribunal provincial para determinar si se admiten las pruebas propuestas por las partes, es decir, establecer cuáles se aceptan de las que hayan solicitado los abogados de la defensa de los acusados, la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado personados en el procedimiento que ventilará las posibles condenas a prisión o absoluciones.

La Fiscalía imputa a los procesados, técnicos y funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora, responsbles y trabajadores de la UTE Rionegro adjudicataria del mantenimiento de las carreteras estatales en Sanbria-Carballeda, delitos de prevaricación, estafa, apropiación indebida, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad documental, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y pertenencia a organización criminal. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se prolongó desde 2012 hasta bien avanzado el año 2017, si bien las diligencias se han dilatado por el número de partes personadas en la causa y por los recursos que se fueron presentando en diferentes fases, entre ellos contra las imputaciones de cada uno de los investigados, de los que solo prosperó la relativa a un encargado de a UTE que dejó de trabajar en 2007, por lo que la Audiencia resolvió a favor y le exculpó de posibles delitos.

Los magistrados deberán ahora someter a estudio todo el procedimiento abreviado para determinar también qué testigos y peritos de los propuestos por las partes admite el Tribunal provincial para que se aporten en el juicio.

Los funcionarios de la Audiencia deberán citar a esos testigos y peritos que finalmente se acuerden, trámites que llevan un tiempo largo hasta que se notifica la obligada comparecencia en el juicio. El importante número de procesados obligará a prolongar la vista oral durante días, si bien aún no se ha determinado si será el primero de los mediáticos de la provincia que se pueda seguir a través de la sala de prensa con señal de YouTube.