Los «GPS» instalados en los camiones quitanieves para supervisar la distribución diaria de sal en las carreteras de la comarca de Sanabria, propiedad de la UTE Zamora-Rionegro -encargada hasta 2011 de la conservación de esa red vial estatal-, «no controlaban nada» de tal proceso para eliminar la nieve del firme, explicaron camioneros de esos vehículos a la juez de Puebla, dentro de la investigación de irregularidades en la gestión de ese servicio.
Esos vehículos comenzaron a usar a partir del año 2004 el novedoso sistema para controlar el fundente que se echaba a las carreteras en periodo invernal, indicó un testigo, aparatos que, sin embargo, «no funcionaban» correctamente, «cada poco venían los técnicos porque se estropeaban», afirmaron en el Juzgado empleados de la UTE Zamora-Rionegro, adjudicataria de la conservación de las carreteras estatales en Sanabria.
Los conductores de quitanieves llegan incluso a afirmar que los «GPS» «no indicaban nada» y que «no los usaban porque no sabían ni cómo funcionaban», recogen las diligencias realizadas para determinar si empleados de la UTE y funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora cometieron delitos de cohecho, apropiación indebida o malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública.
Una situación muy diferente a la actual, con la concesionaria del servicio público, Valoriza, cuyos «GPS» tienen «una pantalla donde se controla todo», declaró uno de los camioneros que ha desarrollado su trabajo con ambas empresas. En esa pantalla se describen todos los detalles de funcionamiento de los quitanieves: «si la cuchilla está bajada o subida, y si el salero está o no en funcionamiento», concretó uno de los conductores llamado como testigo por la jueza de Puebla. Por contra, los «GPS» de la Zamora-Rionegro «no tenían pantallas», apuntó otro.
Entre las personas inculpadas en este caso se encuentra, en relación también con el funcionamiento de este sistema de control, un trabajador de la Zamora-Rionegro, cuyas iniciales son J.R.L., imputado como posible autor de los delitos de cohecho, defraudación a la Hacienda Pública y falsedad documental, que investiga el Juzgado de Puebla. Su comparecencia ante la juez, Patricia Marqués Fernández, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, se justifica por su relación con la supervisión de los «GPS», según aparece en el sumario sobre posibles prácticas ilegales habidas entre 2006 y 2011, con la supuesta complicidad de la Unidad de Carreteras, en el mantenimiento de las vías de Sanabria por parte de la UTE Rionegro, que perdió la concesión en favor de Valoriza a mediados de 2011.
Las declaraciones de los propios camioneros interrogados apuntan que «el control sobre el fundente que se esparcía lo hacía cada conductor», así como «las anotaciones en los partes diarios», que entregaban en la oficina de la UTE. Esos partes los supervisaba el encargado. A preguntas de la magistrada y del fiscal, se indicó que «en alguna ocasión» les decían la cantidad de sal que debían anotar como gastada en esos partes de trabajo, en concreto se menciona a uno de los encargados, cuyas iniciales son M.G.F., imputado por cometer posibles ilegalidades en el desempeño de sus funciones como empleado de la UTE Rionegro.
Testigos de la causa apuntan a ese trabajador como quien, en ocasiones, al concluir la jornada laboral, «daba a todos los trabajadores la instrucción de que cambiaran los partes en cuanto a la cantidad de fundente» para que «pusieran más cantidad» de la arrojada a las carreteras, a veces «el doble de lo que se había echado».
Las jornadas laborales que empleados de la UTE Zamora-Rionegro destinaban a realizar trabajos particulares en las viviendas y chalés, tanto de responsables de la propia adjudicataria, como de los funcionarios de la Unidad Provincial de Carreteras, es decir, del Ministerio de Fomento (y no del de Justicia, como se indicó ayer por error), terminarían cargándose a la propia Administración central, de acuerdo con los testimonios recogidos en las diligencias que dirige la magistrada de Puebla de Sanabria, Patricia Marqués Fernández, labores que aparecen detalladas en el sumario. Se concreta, en base a los testimonios recogidos de empleados de la UTE, que el propio jefe de conservación y delegado de la obra, el imputado E.J.R.G., fue quien dio la orden a aquellos para hacer un cuarto de baño a un vigilante de Fomento, P.F.N., inculpado; varias obras en tres viviendas del exjefe de Sección, R.T.R, ingeniero técnico de Obras Públicas también imputado, tales como cerramiento de garaje y de una terraza e instalación de un kit de triturado para aguas fecales; la colocación de un mueble lavabo o el desatasque de un fregadero al mismo jefe de conservación; el traslado de un colchón al técnico del sector, S.S.S.; y echar hormigón en el chalé de la ingeniera R.M.I, estos últimos también acusados. En los partes de trabajo se anotaban tareas propias de la conservación, no estos trabajos, los que se cargarían a la concesión.
