El curso judicial comenzará en Puebla de Sanabria con el interrogatorio de los 15 imputados y 23 testigos en las diligencias por el presunto fraude al Ministerio de Fomento en la compra de sal, venta ilegal de biondas y chatarra y otras presuntas irregularidades en la comarca de Sanabria, en la sector ZA-4, cuando estaba adjudicada a la UTE Zamora-Rionegro, entre 2004 y 2011.

Entre los llamados a declarar por la juez, a petición de abogados de los acusados de delitos que van del cohecho al tráfico de influencias o defraudación a Hacienda, se encuentran los representantes de seis empresas con las que la UTE mantenía relaciones comerciales para adquirir la sal fundente y para vender la chatarra que procede del mantenimiento de las carreteras de la red viaria nacional, dependientes de la Unidad Provincial de Carreteras de Zamora.

En el sumario se recoge literalmente que un empleado de la concesionaria, el delegado de obra y jefe de conservación, cuyas iniciales son E.J.R.G., "promovió la constitución de la empresa Edype con familiares (dos primos), con la finalidad de facturar una gran cantidad de sal", mayor a "la que realmente traían los camiones" y que, "en muchos casos, duplicaba la adquirida" por esa firma.

Los testimonios recogidos por otros trabajadores de la UTE indican que el presunto fraude no solo tendría que ver con el engorde de las facturas del material fundente que se endosaban finalmente a la Unidad de Carreteras, sino con la calidad del mismo, puesto que procedería de saladeros de Portugal, lo que explicaría la presencia de "cabezas y espinas", así como el "fuerte olor a pescado" que desprendía. Los empleados llegaron a detallar que observaron "trozos de palé y ladrillos" en la sal cuando Edype comenzó a servir ese material utilizado para limpiar de nieve y hielo la red viaria nacional de la comarca sanabresa en los meses de invierno. El posible fraude parece confirmado con "duplicados de albaranes y demás documentos contables" que se incautó la Guardia Civil en los registros ordenados por la magistrada de Puebla en las empresas, apunta el sumario, y que fueron cotejados "con la documentación intervenida a Edype y analizada por la Agencia Tributaria".

Por lo que se refiere a la posible venta ilegal de chatarra y de biondas -como, por ejemplo, las que habrían sido retiradas en buen estado de la N-525- y que habría supuesto ingresos de entre 6.515,03 euros y 37.365,04 para algunos funcionarios de la Unidad de Carreteras de Zamora y para empleados de la UTE, los representantes de algunas chatarrerías que aparecen en las diligencias darán cuenta de las operaciones que se efectuaron en el periodo investigado.