Hasta 50.000 euros llegaron a pagar algunos de los seis imputados en el presunto fraude al Ministerio de Fomento en el mantenimiento de carreteras en Sanabria-Carballeda para hacer frente a la fianza impuesta por la juez. Unos para no ingresar en la prisión de Topas y otros para abandonarla, tras ser recluidos la madrugada del miércoles, según la información que ha podido recabar este diario de diversas fuentes. Todos están en libertad con cargos.
Entre los que llegaron a permanecer varias horas en prisión se encuentra un técnico de la Unidad de Carreteras de Zamora cuyas iniciales son S.S., encargado del sector y uno de los cuatro funcionarios de Fomento que testificaron el martes ante la juez de Puebla de Sanabria.
El otro detenido que acabó la madrugada del miércoles en Topas y pudo dejar la macroprisión, como el anterior, la tarde de ese mismo día, es el empleado de la UTE Rionegro, que responde a las iniciales de E.J.R., y que, según fuentes próximas al caso, podría haber abonado una cuantía muy inferior, entorno a los 5.000 euros, si bien otras sostienen que los dos imputados desembolsaron hasta 50.000 euros e incluso más.
Quien no había logrado ayer reunir el dinero suficiente para depositar la fianza en el Juzgado de Puebla es el ingeniero técnico, cuyas iniciales son R.T., a quien ayer se le situaba fuera de Topas por error.
Al parecer ninguno de estos tres imputados a los que la juez envió a Topas quiso declarar, tras ser citados para el martes con escasas horas de antelación y sin conocer el contenido de la denuncia que se investiga desde el Juzgado de Puebla ni de las diligencias que se han desarrollado desde que hace dos años comenzaran las pesquisas, con el Ministerio Fiscal al frente. Los otros tres encausados que, sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía y de la juez, habrían abonado la fianza para poder eludir la prisión provisional.
Junto a los dos funcionarios del Ministerio de Fomento está imputado el exjefe de la Unidad Provincial de Carreteras del Estado, Esteban Marino, que fue destituido en octubre de 2012, tras tomar posesión del cargo en febrero de 2005 para suceder a Carlos Casaseca, quien había asumido el puesto provisionalmente tras el ceso de otro jefe, Diego Morillo, expedientado por el Ministerio por irregularidades en su gestión.
La investigación judicial trata de determinar si ha habido fraude en la facturación de las partidas de sal que se utilizaban en las campañas de invierno, así como en la retirada de biondas de las carreteras de la zona de la comarca de Sanabria-Carballeda, adjudicada durante unos 16 años a la UTE Rionegro, constituida por una empresa catalana y otra zamorana.
Entre el lunes y el miércoles pasado habrían comparecido en el Juzgado de Puebla de Sanabria una veintena de personas (la mayoría como testigos, ya que solo seis salieron del despacho de la juez como imputados: los tres funcionarios y tres empleados de la UTE), entre ellos, cuatro funcionarios y dos vigilantes del Ministerio. Entre los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas Rionegro que fueron citados el martes y el miércoles figuran el jefe de Conservación y Explotación de Carreteras, la jefa de operaciones y el gerente de la empresa adjudicataria.
