Un matrimonio chino y un zamorano se sentaron ayer en el banquillo de los acusados como imputados en un delito de tráfico de extranjeros, por el que la Fiscalía les pide seis años de prisión a cada uno de ellos. La acusación pública sostiene que crearon una empresa ficticia para producir artículos hortofrutícolas en Congosta de Vidriales, que en realidad serviría para encubrir el delito de inmigración ilegal, puesto que los chinos nunca llegaron a Zamora. Captados por el suegro del joven chino en su localidad de origen, se les cobraba 1.300 euros para costear el viaje y facilitarles el permiso de trabajo y residencia. Es el primer juicio que celebra la Audiencia Provincial por un delito de inmigración ilegal. El único testigo que podía corroborar la acusación del Ministerio Fiscal no compareció ayer en la primera vista oral que la Audiencia Provincial celebra por un delito de inmigración ilegal. Resultó imposible escuchar el testimonio del ciudadano chino, llegado a España a través de la empresa constituida por un compatriota y un zamorano, que explicó a la Policía Nacional cómo fue captado, junto a otros vecinos, por el suegro del asiático.

El hombre les exigía el pago de 13.000 yuans, equivalentes a 1.200 euros, a cambio de facilitarles el pago del pasaje desde China hasta España, desde el pueblo en el que vivían, donde nació el matrimonio imputado formado por Z.L y J.L., su esposa. Se les prometía trabajo en España y el permiso de trabajo y residencia. La Brigada de Extranjería únicamente pudo localizar a dos de los 16 chinos que reclamaron los imputados supuestamente para cubrir puestos de trabajo. Ninguno de ellos compareció ayer en la vista oral.

El inspector jefe de Extranjería afirmó en el juicio que el acusado chino «tenía que saber dónde estaban los inmigrantes» que no llegaron a Congosta «porque trató de renovar el permiso de trabajo de cuatro de ellos cuando se terminó el primer plazo». Asimismo, aseguró que el ciudadano chino, Z.L., se encarga de captar inmigrantes en su país de origen a través de familiares y amigos de su ciudad natal y que tenía contactos con otras empresas. El inmigrante que relató cómo había contactado con Z.L. aseguró que nunca había estado en Zamora y sí en Barcelona, donde el procesado es dueño de restaurantes chinos y residía con su esposa, también imputada, en la fecha en que solicitó el contingente de trabajadores extranjero para su empresa de Zamora. El policía indicó que se sospechaba que «estaba creando una red de empresas» con el fin de introducir extranjeros porque «estaba inscribiendo otra» saltó este caso.

Junto a un vecino de la comarca de Benavente, L.S.P.G., creó una empresa ficticia para el cultivo de puerros y productos hortofrutícolas asiáticos en una finca de 4.000 metros en Congosta. Solicitaron en el Inem 12 trabajadores chinos para contratarles en el verano de 2004. Su intención era proveer a restaurantes chinos, como buen conocedor que era empresario chino del sector de la hostelería y de la demanda de esos artículos por restaurantes de su nacionalidad. Incluso llegaron a contactar con una empresaria de la zona de Benavente para ofrecerle la mercancía, aseguró el zamorano durante el juicio contra ellos por tráfico de extranjeros. La agricultora corroboró tal versión.

Cuando la Oficina de Empleo comunicó a la sociedad que no existían parados de ese perfil, solicitaron en la Subdelegación del Gobierno un contingente de inmigrantes para cubrir las plazas. Los permisos de residencia y trabajo fueron tramitados y recogidos por un matrimonio chino, con poderes para ello, que acompañó a cada uno de sus compatriotas recién llegados a España. Fue la única vez que se vio en Zamora a los inmigrantes. Ni en Congosta ni en Ayoó, donde el socio chino alquiló una casa con cinco habitaciones, previo pagó de varias mensualidades por adelantado, para los jornaleros, vieron chino alguno trabajando en la zona.

Transcurridos los siete meses de la autorización para trabajar en España y, en concreto en Zamora, la Policía Nacional comenzó a buscar a los inmigrantes asiáticos, sin ningún éxito. La Subdelegación había comunicado la situación irregular del grupo a la Comisaría y al Inspección de Trabajo, que efectuó visitas a la finca y al dueño de un matadero de la zona al que el empresario extranjero le llegó a ofrecer diez empleados, así como dinero por contratarles, según indicaron entonces los inspectores y negó ayer en el juicio.

La pareja de chinos, asistidos por una traductora, negaron ninguna irregularidad en su comportamiento, al igual que su socio zamorano, y explicaron que nunca llegaron a ampliar el negocio, como tenían previsto, con el alquiler de nueve hectáreas al cuñado del zamorano por la falta de empleados. El único que cultivó la plantación de puerros que hicieron fue éste último.