El Ministerio Fiscal solicita seis años de prisión para cada uno de los tres imputados, mientras que los abogados de la defensa exigieron la libre absolución por considerar que la acusación «se basa en un informe policial en el que se hacen conjeturas sobre la situación de los chinos, que nadie sabe dónde están, en España», según el letrado del socio e imputado zamorano. En base a ello, subrayó que «la prueba de cargo no se ha practicado» e incidió en que las argumentaciones policiales eran «percepciones subjetivas» y que el caso se reduce a que unos temporeros chinos nunca llegaron al lugar de destino para efectuar la siembra para la que se les contrató por siete meses. «Aquí es donde empiezan las especulaciones», prosiguió el letrado, «y se da por hecho que están trabajando en un taller clandestino y no que pudieran regresar a su país», una visión que achacó a los prejuicios sociales sobre la inmigración, «por la concepción de que se delinque si se es chino, una percepción europea, pero que es un supuesto». Ambos letrados recordaron que la Ley de Extranjería está para perseguir a las organizaciones que introducen extranjeros para su explotación sexual o laboral, «pero no es así en este caso, en el que no hay ánimo de violentar la normativa, ni está acreditado», puesto que no testificó ningún inmigrante. El abogado insistió en que tampoco se ha podido justificar «que los chinos no volvieran a su país, ni que el trato» que les dieron los acusados «fue indigno y se violentaron sus derechos fundamentales, ni hubo ánimo de lucro» por parte de los procesados, que negaron haber recibido ningún dinero por solicitar a los trabajadores.
