Comisiones de Investigación en España

Para muchos juristas, las comisiones de investigación tienen todo el sentido: "Están pensadas en la Constitución para buscar responsabilidad política. Son procesos para subsanar defectos de la legislación o vigilar las acciones de quienes han estado en el Gobierno". Pero añaden un matiz importante: "Otra cosa es para lo que se usan. Ahora, básicamente, son un espectáculo público". También un instrumento de utilización mediocre de la política partidista.

El artículo 76 de la Constitución establece que "el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público". La Carta Magna remarca, en todo caso, que "sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas". El objetivo es, por tanto, determinar las responsabilidades políticas en asuntos en los que haya podido producirse una mala gestión de los servidores públicos.

Las cerca de 30 comisiones puestas en marcha en democracia en España evidencian que en la mayoría de los casos no han cumplido el objetivo que perseguían y que han sido utilizadas de una forma "torticera" por los partidos.

Para muchos juristas habría que suprimir en la legislación penal que los partidos políticos y sus miembros sean acusadores populares en los juicios contra partidos políticos y sus miembros a fin de evitar la judicialización de la política por intereses de partido. Para promover la separación de poderes cuando son legisladores los que se personan en este tipo de juicios.

También habría que suprimir las pingües subvenciones con dinero público y reparto de publicidad institucional de las instituciones políticas a los medios de comunicación o, al menos, si estas subvenciones persisten, que la ley establezca criterios claros y racionales en la distribución y no se deje ésta, como es habitual, a los criterios discrecionales, que se convierten en discriminatorios, de las instituciones públicas. De lo contrario, continuará la práctica, que tantas veces contemplamos en los medios, de la subvención a los protectores medios amigos: perfecta unión entre el color político de la institución y el montante del dinero que se da al medio, aunque éste carezca de audiencia o haya surgido ayer mismo.

La politóloga y consultora de Comunicación de GAD 3, Marta Marcos, coincide en este punto: "Pueden llegar a servir como instrumento de control político y, sin duda, sirven como instrumento de impacto mediático. Pero no tienen recorrido más allá", puesto que sus conclusiones no son vinculantes en ningún ámbito: ni en el judicial, ni en el de la gestión pública. Nada obliga a que se tomen decisiones a partir de lo que se compruebe.

En este momento está abierta la comisión que investiga las compras de mascarillas en la pandemia impulsadas por el PP en el Senado y el PSOE en el Congreso. La comisión de las mascarillas en la Cámara Baja con la declaración de Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas. Por el contrario, en el Senado con Koldo García. Por lo que vamos conociendo, estas comisiones no servirán más que para evidenciar una vez más la mediocridad de muchos de nuestros políticos. No interesa la verdad, solo el espectáculo partidista para los cada vez más simplistas ciudadanos. Muchas de las intervenciones serán simples bulos para agitar el escándalo, azuzados por teloneros elegidos por ser personajes de segunda fila en su partido, con ansias de promoción interna debido a su boca calienta.

Conviene también recordar que recientemente el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha archivado provisionalmente la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, de Compromís.

Según publicó en su día El País Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Valencia, fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) por la presunción de encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada, con acusación particular de "España 2000", un partido extraparlamentario ultraderechista. El presidente de este partido, José Luis Roberto, fue el abogado defensor de la menor. El mismo que en un tuit afirmó refiriéndose a Oltra: "Te voy a follar, incluso sin tocarte un pelo". Y que antes le había obsequiado con un estruendoso escrache con despliegue de gigantesca bandera española en su domicilio. En la causa se personaron la asociación "Gobiérnate", de la conocida ultraderechista Cristina Seguí y el partido político Vox, ejerciendo la acusación popular.

Poco después se produjo un hecho insólito en el escenario político español: la dimisión de la vicepresidenta de una comunidad autónoma, Mónica Oltra, en junio de 2022 por una simple imputación judicial.

El TSJV afirmaba que había indicios, pero no definía el alcance de esos indicios; también aseguraba que no disponía de "una prueba directa". No obstante, el tribunal la imputó a pesar de la aparente flojedad de las pruebas. Posteriormente la menor declaró que "la habían dejado tirada" y que había sido engañada por unas personas que le habían prometido casa y trabajo a cambio de sus manifestaciones. También un informe de la policía judicial demostró que Oltra decía la verdad y no había borrado correos comprometedores.

Como se ve, si se lee detenidamente la información no está nada clara la situación del TSJV en este caso. Como todo sabemos, en España, la Justicia de altura está bajo sospecha para una parte importante de ciudadanos y no voy a repetir lo ya sabido y múltiples veces publicado.

Por favor, no gaste mucho tiempo en este asunto. No servirá para nada. Emplee mejor su tiempo en ver como la primavera llena de luz y color nuestra tierra. Lo que he escrito anteriormente es un desahoga personal.

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