Lawfare

Trataré de analizar el concepto de lawfare, introducido en el leguaje político español no hace tanto y que forma parte de la justificación del pacto al que han llegado PSOE y Junts para la legislatura, así como de sus consecuencias.

Podemos definirlo el lawfare como la forma de conseguir objetivos políticos a través de medios institucionales correspondientes al ámbito jurídico, es decir, mediante la instrumentalización del derecho. ¿Es esto nuevo? No. Son muchos los que defienden que este fenómeno no es más que una variante de diferentes fenómenos de intromisión de los grupos de poder en cuestiones políticas que han ocurrido a lo largo de la historia. Yo también lo creo. Es evidente que en muchos casos se ha hecho un uso de la ley como arma política. Pero no entraré aquí en consideraciones sobre si el concepto Lawfare tiene la suficiente solidez como para constituirse por si mismo en categoría, aunque creo que no la tiene.

Lo que no podemos admitir es el presupuesto de que la instrumentalización del derecho se realiza solo desde el poder y hacia la oposición. Tampoco podemos admitir, como defienden muchos politólogos y todos los políticos españoles que hablan de lawfare, que solo puede considerarse lawfare si la víctima pertenece a la izquierda política. El uso pervertido del derecho se puede ejercer desde cualquier grupo de poder (fáctico, económico, de la inteligencia, mediático…) y contra cualquiera, sea cual sea su pensamiento político o su posición respecto al poder, gobierno u oposición. Es decir, cualquiera puede ser víctima o victimario de esta práctica.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, ha sido calificado de víctima del lawfare para acabar con sus políticas progresistas y a la vez como victimario al introducir en la Constitución del 2008 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que era el responsable de designar a los titulares de los organismos de control y regulación del Estado, que eligió de forma sistemática personas con fuertes vínculos con el poder Ejecutivo, que puede controlar las instituciones del país, incluyendo el poder Judicial, al que se le exigían condenas, como ha denunciado Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Todo esto con la necesaria colaboración de los poderes mediáticos, capaces de crear el ambiente necesario para que la instrumentalización del derecho sea exigida por una parte de la población y tolerada por otra.

El pacto firmado por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se adentra, en mi opinión, en un terreno desconocido y muy peligroso para nuestro sistema político democrático al introducir en el citado texto el concepto de lawfare

Por lo tanto, la utilización pervertida del derecho desde el poder político hacia la oposición no es la única forma de manifestarse. Existe un posible uso desde los poderes fácticos hacia los gobiernos, con el objetivo de destruir e inhabilitar su imagen pública y su posibilidad de competir electoralmente.

Hay una cosa evidente y es que las acciones motivadas por el lawfare suponen una afectación a la esencia del estado de derecho, puesto que inciden en sus elementos constituyentes, el imperio de la ley, la separación de poderes y las libertades individuales.

El pacto firmado por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez se adentra, en mi opinión, en un terreno desconocido y muy peligroso para nuestro sistema político democrático al introducir en el citado texto el concepto de lawfare. No es mi intención analizar el conjunto del texto, me limitaré a analizar las razones y las consecuencias de reconocer la existencia del lawfare en España, pero no me resisto a calificarlo como vergonzoso, falaz, debilitador del estado de derecho y de la separación de poderes y claudicante ante el nacionalismo. En España no ha habido lawfare en el tratamiento judicial de los condenados por el procés.

Que este documento lo firme Junts no puede asombrarnos pero que lo haga el PSOE supone un camino de no retorno para el actual socialismo español, aquejado de los males del populismo y de la defensa de lo identitario y que ha dejado de defender la igualdad entre españoles.

La referencia al lawfare aparece incluida en el párrafo del acuerdo que recoge la aprobación de una Ley de Amnistía, sobre la que han tenido la oportunidad de pronunciarse la militancia del PSOE, ERC, Junts y los miembros del Consell de la República Catalana que parecen ser de mejor condición que el resto de los españoles.

En este párrafo se acuerda la constitución de "comisiones de investigación" y que sus conclusiones serán aplicadas en los casos en los que se acuerde que haya existido lawfare, es decir, que esas comisiones podrán concluir que el poder Judicial es responsable de instrumentalizar el derecho para perseguir a ciudadanos por sus ideas políticas independentistas y no por haber cometido un delito. Esto supone una quiebra muy grave de la separación de poderes, esencial para entender un régimen como democrático desde los textos de John Locke en el siglo XVII y de Montesquieu después, puesto que supone una reversión por parte del poder Legislativo, profundamente mediatizado por el Ejecutivo, de las decisiones del poder Judicial. De la misma manera, recoge la posibilidad de que las conclusiones de esas comisiones de investigación, parlamentarias, den lugar a "acciones de responsabilidad". ¿Quién serían los destinatarios de esas responsabilidades? No se especifican, pero es fácil pensar que lo serán los jueces cuya actuación haya sido calificada como derivada de "situaciones comprendidas en el concepto de lawfare". Y respecto a cuáles serán estas responsabilidades, no se me ocurren otras que las civiles, penales y patrimoniales.

Por lo tanto, si el concepto es poco sólido y sus límites brumosos, usarlo para definir actuaciones comprendidas como lawfare y que pudieran derivar en responsabilidades, deja en manos de la subjetividad y de la arbitrariedad cualquier decisión.

Aparentemente, introducir este concepto parece una cesión al nacionalismo, que sirve a Junts para justificar una supuesta persecución por sus ideas políticas independentistas por parte de la corrupta democracia española pero, en mi opinión, este acuerdo también es una forma para el PSOE de asegurarse una defensa ante la esperable reacción del poder judicial frente a este acuerdo. Cualquier posicionamiento o decisión judicial que no guste al gobierno podrá ser despachada con una rápida referencia al lawfare: el gobierno progresista está siendo sometido a un acoso por parte de los jueces, que responden a los poderes fácticos, económicos y mediáticos de la derecha que no respeta lo decidido por los ciudadanos en las urnas, mediante un uso instrumental del derecho.

Esto nos mete a los españoles en una senda que no se sabe a dónde nos conduce.

(*) Exdiputado

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