Tercermundista. Es el adjetivo aplicado durante gran parte del año a la deficiente cobertura, no ya de Internet, sino de telefonía móvil en gran parte de la provincia de Zamora. Con la llegada del verano, la mayoría de los pueblos multiplica hasta por diez sus habitantes, pero las infraestructuras permanecen en mínimos. La consecuencia inmediata: el caos más absoluto.

Un sucinto repaso a la hemeroteca de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de los tres últimos meses basta para hacerse una idea del infierno que, en materia de comunicación, han vivido decenas de miles de personas en todas las comarcas, desde Aliste, Tábara, a la Carballeda y Sanabria. En esta última, un conjunto de vecinos de varios pueblos entregó en el Ayuntamiento de Lubián un documento con la firma de usuarios afectados, hartos de dar vueltas por sus respectivos pueblos en busca de una cobertura óptima. Los cortes de servicio, de diferentes operadoras, han sido la tónica habitual, con estampas para la estupefacción de los pobladores y visitantes de localidades en las que, a pesar de tener a la vista las estaciones repetidoras sufrían un aislamiento involuntario.

La dispersión geográfica y la despoblación vuelven a ser claves en el desinterés manifiesto de las operadoras debido a una supuesta falta de rentabilidad económica, de forma que, según denuncian los afectados, son capaces de tener a municipios varios días sin telefonía, incluso la fija, dejando a los abonados a merced de contestadores automáticos o a servicios de atención al cliente que no responden a las exigencias de un mínimo de calidad. Si para un usuario particular la comunicación le reporta problemas cotidianos, el asunto aumenta de forma exponencial cuando se trata de administraciones y, sobre todo, negocios. Ese turismo rural que se pretende potenciar como pilar económico de la provincia jamás podrá llegar a buen puerto si los clientes son incapaces de comunicar con los propietarios de los establecimientos. Cualquier otro tipo de negocio padece esta condena, además de la ausencia de banda ancha de Internet, lo que resulta cualquier cosa antes que un estímulo para que el emprendimiento pueda generar empleo y asentar población en la Zamora rural.

A la hora de buscar responsabilidades, como suele ocurrir en los problemas que tienen como origen la necesidad de financiación, los frentes se multiplican. Las quejas recogidas, por ejemplo, en la Alta Sanabria, han pasado del Ayuntamiento a la Junta y a la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento. Este organismo, dependiente del Gobierno central, tiene en su mano el máximo poder regulatorio. Pero la normativa, del año 2009, ya se ocupó de ponerse la venda antes de recibir la pedrada.

Textualmente, el documento admite que "aunque los operadores ofrecen una cobertura de la práctica totalidad del territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la telefonía fija, no existe una obligación de cobertura universal en la telefonía móvil. En el momento actual, la telefonía móvil no tiene la consideración de "servicio universal", por lo que lo normal es que no resulte posible obligar a los operadores de telefonía móvil a disponer de cobertura en sitios concretos". A renglón seguido añade la madre del cordero: "No obstante, para áreas territoriales en las que no exista y quiera garantizarse una cobertura, en ocasiones se opta por celebrar convenios para abarcar mayor porcentaje de territorio entre los operadores y las Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, o Comunidades Autónomas)".

En otras palabras, que es necesaria la colaboración de las distintas administraciones para resolver un problema de envergadura y que las medidas dispuestas hasta ahora en este sentido no surten efecto, dada la realidad palpable de quienes sufren directamente las consecuencias. Es cierto que ese decreto de mayo de 2009 recoge como derecho de los consumidores la indemnización por averías o interrupciones del servicio. Pero el hecho de que la telefonía móvil encabece las quejas en las oficinas de consumo apunta a que internarse en los vericuetos de reclamar lo que en justicia pertenece a un abonado que cumple con su cuota y factura, dista mucho de esa transparencia y facilidades que recoge en otro de los puntos la legislación al respecto.

España es el país europeo con tarifas más altas de telefonía móvil. Los españoles, los menos satisfechos con los servicios de las operadoras, más del doble que otros usuarios de países de la Unión Europea. Entre ellos, a la vista de lo que ocurre verano tras verano, los zamoranos que habitan en los pueblos y aquellos que regresan a su tierra de origen, forman parte de un colectivo que reclama su legítima aspiración a disponer de un servicio que debe ser considerado básico y universal en un mundo dominado por la tecnología digital. Por tanto, dicho servicio, del que se lucran las operadoras en un mercado libre como empresas que lo prestan, debe ser regulado y vigilado de cerca por las administraciones públicas como últimas garantes de ese derecho, en defensa, siempre, de los consumidores.