El choque entre Endesa e Iberdrola por las nucleares resucita: batalla por cuándo cerrar todas las centrales

Endesa e Iberdrola son las dos grandes propietarias de las centrales nucleares en España. Las dos compañías eléctricas son socias y comparten accionariado en casi todas las plantas. Las participaciones accionariales mayoritarias son cambiantes en cada central: las tiene una u otra compañía en según qué instalación. Al final, el peso de ambos grupos en el negocio nuclear en el mercado español es similar. Pero las posiciones que mantienen una y otra eléctrica sobre el futuro de las nucleares no son coincidentes, y ahora vuelven a poner de manifiesto sus diferencias.

A medio camino entre la necesidad y la virtud en ambos casos, en las últimas semanas ha vuelto a ser evidente que Endesa apuesta por mantener en funcionamiento las centrales nucleares todo lo posible y más allá de lo previsto, mientras que Iberdrola está dispuesta a conformarse con cerrar las plantas siguiendo el calendario pactado con el Gobierno y que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035 de todos los reactores hasta el apagón total. El choque entre ambos grupos se repite justo cinco años después del gran acuerdo de todo el sector y el Ejecutivo para fijar claramente las fechas de los cierres de las plantas y ordenar los desmantelamientos.

Diferentes visiones

“Intelectualmente estoy a favor de la extensión de la vida de las nucleares. Cada uno tenemos nuestros defectos”, explicaba con sorna el consejero delegado de Endesa, José Bogas, hace unas semanas en un encuentro con medios de comunicación con motivo de la presentación de los resultados anuales de la eléctrica. “Alargaría las centrales nucleares, y eso es algo que propondremos al regulador y propondremos al Gobierno (…) Veremos si somos capaces de convencer al Gobierno de que haya un alargamiento de las nucleares, lo haremos o trataremos de hacerlo al menos desde Endesa. No sé las otras empresas qué piensan sobre esto”.

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Lo que piensan otras compañías eléctricas no es exactamente lo mismo. “Existe un protocolo de cierre. Un acuerdo firmado con el Gobierno para un proceso de cierre de las centrales hasta 2035. Y nos gustaría respetar ese plan”, explicó el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, hace unos días en una conferencia con analistas para la presentación de la actualización del plan estratégico de la compañía. “Vamos a respetar lo que hemos firmado”, sentenció.

El presidente de Iberdrola dejaba una puerta abierta a reconsiderar su posición, subrayando que técnicamente es posible alargar la vida de las centrales nucleares más allá de lo ahora previsto, pero como extender el tiempo de funcionamiento exige inyectar nuevas inversiones millonarias, sólo es factible hacerlo si se garantiza la rentabilidad de las centrales con los cambios regulatorios necesarios. “Se trata de una cuestión económica. Si hay una compensación adecuada que permita cubrir las inversiones adicionales, podemos estudiar el caso. Pero de momento vamos a respetar lo que hemos firmado”, indicó Galán.

Las posiciones de ambas compañías se ajustan a sus necesidades y son consistentes con el diferente perfil de sus operaciones. Iberdrola es un grupo muy internacionalizado, prácticamente global, en el que el peso del mercado español es menguante, y en España tiene una amplia capacidad de generación con renovables y con centrales hidroeléctricas. Endesa concentra su actividad sólo en España y Portugal, va mucho más corta de capacidad de producción eléctrica para cubrir sus necesidades y depende más de la generación de esas centrales nucleares.

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Naturgy, tercera mayor eléctrica y mayor gasista del mercado español, aún mantiene participaciones minoritarias en algunas centrales nucleares y tradicionalmente ha tenido una posición alejada de la defensa del alargamiento de la vida de las plantas. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha subrayado recientemente que la seguridad de suministro eléctrico estará garantizada incluso si cierran todas las nucleares en las fechas previstas, gracias a la expansión de nuevas renovables y la estabilidad a la producción que dan las centrales de gas (Naturgy es el mayor operador de este tipo de plantas en España).

Las diferentes sensibilidades en torno al mantenimiento de la nuclear se manifiestan en un momento en que todas las compañías propietarias de las centrales están haciendo frente común contra la subida que prepara el Gobierno de las tasas que pagan las plantas para financiar su desmantelamiento y la gestión de los residuos. Foro Nuclear, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, maniobra para frenar el ‘tasazo’ y conseguir una reforma integral de la fiscalidad que soportan las centrales. Además, ha presentado sendos recursos en el Tribunal Supremo contra el plan de residuos radiactivos del Ejecutivo para construir siete cementerios nucleares y contra el carpetazo al proyecto de tener un solo almacén de basura nuclear en Villar de Cañas (Cuenca).

El control de las centrales

Endesa tiene participaciones mayoritarias en Ascó II, Vandellós II y controla en solitario Ascó I. E Iberdrola es el mayor accionista en Almaraz I y II, en Trillo y controla enteramente Cofrentes. Naturgy tienen participaciones muy minoritarias en Almaraz y Trillo, y EDP también está presente con una participación menor en el accionariado de Trillo.

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A pesar de las participaciones mayoritarias de una u otra compañía en cada central, las decisiones sobre las plantas, al estar regidas por las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE) en que participan las eléctricas, han de adoptarse por unanimidad. Existe el acuerdo tácito que le da preponderancia sobre cada central a la eléctrica con mayor participación, pero la exigencia legal es la de adoptar los acuerdos en los consejos de cada central por unanimidad. Un condicionante que hace unos años derivó en una situación de bloqueo por las diferentes posiciones de Iberdrola y Endesa sobre cuánto alargar la vida de las centrales.

Y es que durante años las dos grandes eléctricas protagonizaron un choque frontal sobre el cierre de las centrales nucleares españolas. Tras duros enfrentamientos a cuenta de la solicitud de reactivar la central de Garoña y de qué hacer con la renovación de licencias de otras plantas, hace justo cinco años se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y todo el sector. Una paz nuclear 'in extremis', cuando a punto estaba de expirar el plazo para poder presentar la solicitud de renovación de funcionamiento de Almaraz y Vandellós.

En marzo de 2019, el Ejecutivo y Enresa -la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales- pactaron con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP un calendario de apagado escalonado entre 2027 y 2035 de todos los reactores. Endesa conseguía alargar la vida de las nucleares más allá del tope de 40 años que entonces se consideraba como referencia (de media las plantas funcionarán 46 años hasta su cierre) e Iberdrola lograba un escenario regulatorio claro y posteriormente también logró garantías -pactadas por separado con Endesa- sobre las inversiones máximas que se inyectarían en algunas centrales.

El cierre gradual de los siete reactores españoles acordado entre el Gobierno y las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. La clausura en la fecha acordada de Almaraz -en la que Iberdrola tiene una participación mayoritaria- empieza a darse por hecho por el poco margen temporal que queda para intentar ampliar su vida (habría que adoptar la decisión de alargar su vida este mismo año por los plazos que exige preparar la parada y programas las inversiones necesarias con antelación). Pero Endesa parece dispuesta a intentar postergar la clausura del resto de centrales, sobre todo las plantas catalanas de Vandellós y Ascó en las que tiene la mayoría accionarial.