Las expropiaciones de Tábara afectarían a cinco de las 120 parcelas dedicadas a placas

La delegada territorial de la Junta, Leticia García, ha abordado las denuncias de la Asociación para la Defensa de la Tierra de Tábara sobre las expropiaciones ligadas a los procesos de utilidad pública de algunos de los siete parques solares proyectados en la comarca, de los que solo cinco de las 120 parcelas "irían a una posible expropiación forzosa" que aún no está en marcha.

"En primer lugar, lo que se ha producido a nivel procedimental es una declaración de utilidad pública que no lleva aparejada de forma inmediata las expropiaciones", ha señalado la delegada en respuesta a la asociación, que acusaba a la administración autonómica de haber tramitado estos expedientes bajo un "ocultismo total", según recogía este mismo diario en días anteriores.

Por su parte, la delegada ha enfatizado que por el momento "no ha habido una resolución de inicio de expropiación forzosas", un trámite que la Junta de Castilla y León iniciará una vez esté recopilada "toda la información respecto de las parcelas afectadas".

Estos siete proyectos, cuya tramitación "ya dura años", según ha puntualizado García, habrían incluido en un primer momento zonas de regadío. Sin embargo, desde junio del año pasado los proyectos de energías renovables no pueden asentarse en zonas de regadío debido a que la Junta de Castilla y León legisló para proteger este territorio agrícola. Como consecuencia, "la propia empresa eliminó las parcelas que estaban en la zona de regadío", ha explicado la delegada territorial, quien asegura que actualmente estos proyectos solo tienen en cuenta secano.

En este sentido, desde la asociación de Tábara han denunciado con anterioridad que aunque se haya excluido el regadío, "no se han modificado los proyectos", según las declaraciones que este periódico recogió con anterioridad a la respuesta de la delegada.

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Dueños "ilocalizables"

Sobre la lista de afectados, García ha sostenido que esta habría ido reduciéndose a lo largo del proceso, durante el que la misma empresa Ignis habría llevado cabo "distintos acuerdos con los propietarios". En la actualidad, de aproximadamente 120 parcelas afectadas "quedarían solo cinco que irían a una posible expropiación forzosa".

De estas, la empresa habría decidido "desistir" de dos de ellas, por lo que quedarían fuera de la instalación fotovoltaica. "Las otras tres serían las únicas que quedarían de cara a expropiación forzosa posible porque los propietarios son ilocalizables", por lo que se ha optado por mantener estos tres terrenos dentro del procedimiento de expropiación "si llegase en algún momento a producirse", ha seguido insistiendo la delegada sobre un procedimiento que quiere dejar claro, no ha empezado aún.

"No hay una afección de parcelas en regadío ni el procedimiento de expropiación forzosa ha llegado a afectar a propietarios, puesto que se ha llegado al mutuo acuerdo", ha concluido Leticia García. Para finalizar la delegada territorial ha insistido en que los propietarios de las parcelas habrían llegado "a acuerdos", por lo que las alegaciones procederían en su mayoría de asociaciones agrarias.

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