Multan a 69 empresas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) publicaba ayer el listado de las primeras empresas sancionadas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria, un total de 69 compañías que no pagan a los agricultores y ganaderos un precio justo que permita al menos cubrir los costes de producción de los alimentos.

La organización agraria COAG mostraba ayer su satisfacción por la publicación de este listado. “Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva, porque la cadena no se regula con buenas voluntades y la publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores", declaraba Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. “Si bien hay grandes dificultades en la aplicación, porque hay muchas resistencias a cambiar formas tradicionales de funcionamiento muy perjudiciales para las personas productoras, como por ejemplo el modo en el que se construye el precio en la cadena, comprobamos cómo esta ley es necesaria para avanzar en la regulación de la cadena y favorecer que los agricultores y ganaderas percibamos un precio digno por nuestro trabajo”.

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Entre los motivos de las sanciones a las 69 empresas están el incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos, elemento clave para la seguridad y transparencia de las operaciones en la cadena.

Con esta primera lista publicada se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Cadena. La publicación de las sanciones por infracciones graves y muy graves ha sido una reclamación histórica de las organizaciones agrarias desde la publicación inicial de la Ley de Cadena en 2013.

En febrero de 2020, y como consecuencia de las movilizaciones agrarias de ese invierno, se conquistó dicha demanda entre otras cuestiones, gracias a la modificación de la ley realizada con el Real Decreto-ley 5/2020, que introdujo la obligatoriedad de llevar a cabo esa publicidad para las administraciones competentes. Posteriormente, con la Ley 16/2021 se consolidaba esta publicación y se fijaba el carácter trimestral de la misma.

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COAG considera además que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. “Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena”, señaló Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.

COAG considera que es imperioso seguir trabajando en la aplicación de la ley porque las personas del sector están contra las cuerdas y el abandono de explotaciones del modelo social es continuo

En este sentido, y atendiendo al compromiso del ministro Planas en la reunión del Observatorio de Cadena del pasado 20 de febrero, COAG reclama una convocatoria urgente de este órgano para proceder a la aprobación y publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes.

La organización agraria también ve necesario que el Observatorio trabaje en el desarrollo y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley 12/2013.

Finalmente, COAG reclama la puesta en marcha de un observatorio de costes y mercados de insumos que permita analizar los precios y estructura de los distintos costes de producción para el sector primario, ahora que, según las declaraciones del MAPA están evolucionando a la baja y deberían repercutir en una bajada de costes para las personas productoras.