El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que alerta de que la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial "supondrá un importante impacto negativo para el sector ganadero extensivo y semi-extensivo de la Comunidad Autónoma, puesto que provocará un incremento en el número de daños a los ganaderos, principalmente de ovino y bovino".

Este cambio se pretende llevar a cabo con la oposición frontal de las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria "precisamente donde el cánido cuenta con un planes sostenibles de gestión que permiten su aprovechamiento cinegético, compatible con la presencia de más de un 90% del censo nacional".

Los veterinarios castellanos y leoneses recuerdan en este comunicado que durante el año 2020 los ataques superaron los 2.500, de los que más de 2.000 se produjeron al sur del Duero, donde la especie ya contaba con ese estatus de protección, "mientras que, al Norte, con una gestión sostenible basada en cupos apoyados en criterios científicos, los daños son mucho menores".

Estos daños "no solo generan un impacto directo en las ganaderías afectadas por la muerte de los animales por el lobo, sino otros indirectos vinculados al estrés post-traumático de los que sobreviven, que pueden suponer la aparición de enfermedades derivadas de la inmunosupresión provocada, así como problemas reproductivos vinculados a abortos, reducción en las tasas de fertilidad, y también pérdidas en la producción lechera o menores tasas de ganancia media diaria de peso", valoran los Colegios de Veterinarios. Por ello, consideran que todo ello "contribuirá, sin duda, al cierre de numerosas ganaderías en los próximos años, en un sector que es clave para el desarrollo rural sostenible y el mantenimiento de población en la España vaciada”.

Desde el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León consideran que "generalizar la protección total del lobo ibérico, sin considerar el necesario equilibrio que de forma continua debe establecerse entre sus variaciones poblacionales y el impacto que ocasiona, es a todas luces una medida desacertada que debería ser reconsiderada. Es urgente contar con estudios científicos que orienten las actuaciones para compatibilizar la biodiversidad, que aporta el lobo, con la actividad ganadera extensiva, que preconiza el Pacto verde europeo".

 "Previamente a implantar cualquier nueva medida es exigible evaluar su impacto, en su vertiente ambiental, social, económica y sanitaria. Actualmente, la especie en nuestro país en general y, en Castilla y León en particular, se encuentra lejos de requerir una protección mayor de la que ya tiene en la actualidad, con estrictos planes de gestión basados en cupos que han demostrado ser capaces de conservar las mayores densidades de la especie por km2 de Europa y que están favoreciendo la recolonización de territorios donde no estaba presente desde hace varias décadas", concluye el comunicado.