La Junta dice que las 85 viviendas del parque público de alquiler en Benavente "están todas ocupadas"
El Ayuntamiento cree que la mesa de seguimiento "no está cumpliendo su objetivo puesto que solo se han puesto a disposición de familias vulnerables dos viviendas en cinco años"
Continúa la disputa entre el Ayuntamiento de Benavente y la Junta de Castilla y León sobre el acceso al alquiler de viviendas sociales en esta ciudad. Esta mañana el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega, achacaba a la Junta el desconocimiento de la situación real del parque de viviendas y criticaba lo que considera la “desatención” de la necesidad de vivienda de familias vulnerables.
Reitera el concejal de Bienestar Social que son 88 viviendas en Benavente de titularidad de la Junta “y no cuatro como ha afirmado la delegada territorial” de las que “sospechamos” que el 18% están vacías. Y se cuestiona Vega si la mesa de seguimiento creada a raíz del convenio firmado entre estas dos administraciones “está cumpliendo su objetivo, nosotros creemos que no, puesto que solo se han puesto a disposición de familias vulnerables dos viviendas en cinco años”.
Pregunta en Cortes
Por su parte, el procurador en Cortes por el PSOE, José Ignacio Martín Benito, preguntaba en la sesión de esta tarde por cómo da respuesta la Junta de Castilla y León a las necesidades de vivienda de las familias que están en extrema vulnerabilidad en Benavente.
En este sentido el consejero de Familia, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura que “no son 88 son 85 las viviendas del parque público de la Junta y están todas ocupadas y 17 de ellas son de asignaciones singulares. Hay cuatro que no están ocupadas, están en distintos procesos de regularización” y ha señalado los procesos de tres de ellas: un deshaucio administrativo, otra está en trámite de ejecución hipotecaria y otra en obras. Pero cuando estén libres no se van a asignar a situaciones de emergencia, sino asignaciones singulares de las que es competente la Junta de Castilla y León”.
Incide Quiñones que “es necesaria la distinción de situación de necesidad urgente, y la necesidad general de familias vulnerables, que están protegidas por nuestra Ley de Derecho a la Vivienda. Porque en el primer caso la competencia es municipal, no de la Junta de Castilla y León” y añade que “hemos previsto un sistema que el de asignación singular al margen de las convocatorias y concursos públicos de alquiler para asignar de forma rápida, no de emergencia pero sí rápida una vivienda.
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