La comunidad de propietarios del Edificio Villalar vio desestimado su recurso contra la homologación del acuerdo intrajudicial para poner fin a 17 años de litigios y conflicto urbanístico yel Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les ha impuesto las costas judiciales.
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El hecho de que en su recurso ante la Sala de lo Contencioso establecieran la cuantía de 1,9 millones, cantidad con la que el Ayuntamiento debía garantizar la demolición y nueva construcción del edificio, aleja del pleito una cuantía indeterminada para el cálculo de las costas judiciales y constituye la base de los criterios de minutaje seguidos por los letrados que han intervenido en representación del Ayuntamiento y de Román Ávila.
Los once propietarios y vecinos del edificio Villalar tendrán que asumir unos cuarenta mil euros de costas sin contar los honorarios que puedan percibir su abogada y el arquitecto que elaboró el informe pericial para la comunidad, según ha podido saber este periódico.
Las peticiones fallidas del recurso
En su recurso, los vecinos realizaron cuatro peticiones a la Sala y una quinta subsidiaria: “que se declare la situación jurídica de ilegalidad urbanística o fuera de ordenación del edificio Villalar; que se ordene la no realización de nuevas obras en ese inmueble si con ello no se restituye su legalidad; que se condene al Ayuntamiento de Benavente a proceder a su costa a la demolición total o parcial del edificio citado y a su consecuente reconstrucción conforme al PGOU de Benavente; y que para garantizar lo anterior se le exija la prestación de garantías suficientes (cifradas en 1.899.522, 61 euros) que habrán de estar vigentes hasta que se otorguen la licencia de primera ocupación y las demás autorizaciones que sean necesarias”.
La petición del recurso incluía, con carácter subsidiario y si el edificio quedaba en situación de ilegalidad o fuera de ordenación, “que se establezca la indemnización que proceda, que según el informe pericial acompañado asciende a 1.142.940,40 euros”.
Comunicación municipal
Al margen de la cuantía de las costas judiciales, el alcalde dirigió ayer cartas individuales a todos los vecinos y a la presidenta de la comunidad de propietarios, comunicando la posibilidad de levantar la suspensión del expediente de responsabilidad patrimonial si, tal y como han anunciado, acreditan que han dado cuenta al TSJ que no recurrirán en casación la sentencia a su recurso.
El expediente administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial se inició en septiembre de 2021, pero quedó en suspenso al encontrarse en tramitación el procedimiento de ejecución de títulos judiciales y haberse suscrito por todas las partes una solicitud de suspensión de las actuaciones judiciales con el objeto de someterse a un procedimiento de mediación intrajudicial.
Fuente municipales han explicado que, ahora, una vez que la abogada de los vecinos anunció que no habría recurso, “se puede agilizar” el procedimiento que determinará las indemnizaciones a las que pueden tener derecho los vecinos y que estos cuantifican tras la resolución en 660.000 euros.