El edificio Villalar tiene licencia, y por lo tanto no puede demolerse desde hace nueve años. Ha tenido que producirse un acuerdo intrajudicial, al que los vecinos del inmueble se prestaron inicialmente y luego se opusieron reclamando el derribo del edificio y una indemnización millonaria, para conocer un hecho fundamental en este conflicto judicial y urbanístico que dura 16 años.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) lo deja meridianamente claro. “Aunque es verdad que la sentencia de esta Sala de 2 de septiembre de 2010 anuló la licencia de obras concedida en marzo de 2005, no lo es menos que, además a instancia de la ahora apelante (los propietarios y vecinos), en enero de 2013 se la otorgó a ésta una nueva licencia urbanística, licencia que tenía por objeto restaurar la legalidad infringida y que es firme”.
Prosigue la resolución: “No es cierto que el edificio de autos no cuente con licencia, pues sí que dispone de ella en virtud de un acto que además es firme, extremo que ha de ponerse en relación con lo que es una doctrina jurisprudencial reiterada, y de acuerdo con el principio constitucional de seguridad jurídica la existencia de un acto autoriza torio que da cobertura a un inmueble excluye o hace que sea improcedente la demolición del mismo”.
La resolución va incluso más allá. “Aunque no es preciso entrar en esa cuestión, no está de más subrayar que yerran tanto la parte apelante (los propietarios) como el auto del Juzgado a quo cuando aluden a que el edificio litigioso ha quedado fuera de ordenación, pues aparte de que no hay una declaración expresa en tal sentido en el planeamiento aplicable, tanto una declaración de esa índole como la consideración de uso disconforme con el planeamiento urbanístico se refieren a los usos del suelo, y no por tanto al incumplimiento de concretas determinaciones o parámetros —ancho mínimo de escalera, radio de curvatura de la rampa de acceso al garaje, dimensión del patio de parcela—, uso del suelo residencial que en el caso debatido no es objeto de ninguna controversia”.
La resolución, tan clarificadora como demoledora, impone las costas a la comunidad de propietarios, cuya buena fe llega a cuestionar al presentar este recurso.
Reproches
La comunidad de propietarios del edificio Villalar no solo no tiene la condición de ejecutante en el incidente judicial (lo que ya invalida el recurso que ha presentado según los magistrados) sino que, además, la petición de demolición del inmueble a costa del municipio y la reclamación de una indemnización millonaria al Ayuntamiento de Benavente (más de tres millones de euros en total) ha motivado uno de los muchos reproches del TSJCyL de esta resolución.
“No se sabe qué beneficio le reportaría (a los vecinos) la demolición del inmueble que pretende si, como se apunta por el Ayuntamiento demandado la finalidad última es conseguir una cuantiosa indemnización dineraria, tal proceder podría incurrir en el abuso de derecho o fraude de ley procesal” prohibidos por la ley, dice la sentencia.
“Cabe entender que el auto apelado (por la comunidad propietarios), al homologar el acuerdo de mediación, hace suyo todo su contenido, también la parte referida a que el mismo no es contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros, interés que desde luego no viene mejor representado por el posible coste de las actuaciones que se persiguen en la apelación, en las que se manejan cantidades en torno a los dos millones de euros, de un lado, y de más de un millón de euros, de otro”, señala.
El TSJCyL da la razón al Ayuntamiento y al arquitecto Román Ávila y ha impuesto las costas a los propietarios. La sentencia no es firma. Cabe recurso en casación ante el Tribunal Supremo.
Reacciones
La sentencia provocó ayer la reacción de Ávila y del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente. El arquitecto y demandante celebró el contenido y el fallo de la sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y ha calificado de “sinsentido” que la comunidad de propietarios, “invitados ahora como espectadores”, se opusieran a un acuerdo que evita la demolición del inmueble.
“Era justo lo que han pedido todo el tiempo y de repente lo quieren tirar para sacar una indemnización. Que estén dispuestos al derribo del edificio, perfectamente válido, por lucro, es un disparate insólito”.
Ávila reprobó la postura de la oposición del Partido Popular y Ciudadanos al equipo de Gobierno, a los que ha acusado de rechazar “con falsedades” el acuerdo intrajudicial que ponía fin a un pleito judicial de 16 años de duración y de “mirar para otro lado y no hacer nada contra la corrupción”.
El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, cargó contra el Partido Popular y Ciudadanos tras conocerse el contenido de la sentencia, que ha descrito como “un varapalo judicial”, “un mazazo político” a la oposición y también “la respuesta a sus infamias”.
Huerga ha recordado que PP y C’s llegaron a acusarle junto a miembros del equipo de Gobierno de “malversación de fondos” y “prevaricación”; reveló que fue amenazado durante las reuniones con los vecinos con querellas por estos presuntos delitos y que el expresidente y mediador, el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, fue blanco ataques y faltas de respeto, al igual que técnicos municipales o el abogado del Ayuntamiento.
“Teníamos el enemigo en casa. Una concejala que trabajaba para sus intereses y no para los de Benavente filtró el acuerdo intrajudicial, que era confidencial”. Se refiere Huerga a la concejala de Ciudadanos, Sara Casquero, propietaria también en el edificio Villalar y a quien Ávila ha señalado también directamente.
Huerga ha anunciado acciones legales por esto y se ha referido a las posibles indemnizaciones a los vecinos, una situación que cambia al tener el edificio licencia: “serán probablemente menores que si hubieran aceptado el acuerdo intrajudicial”.
