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La Opinión de Zamora

Tribunales

Huerga carga contra el PP y Ciudadanos de Benavente: "La sentencia del Villalar es la respuesta a sus infamias"

El equipo de Gobierno denuncia la "deslealtad" de la oposición al llegar a hacer público el acuerdo pese a su confidencialidad y anuncia acciones legales por su vulneración

El concejal de Medio Ambiente y portavoz de IU, Manuel Burón, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, y la concejala de Urbanismo y portavoz del PSOE, Sandra Veleda. J. A. G.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha cargado contra el Partido Popular y Ciudadanos tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL), que ha descrito como "un varapalo judicial a los propietarios", "un mazazo político" a la oposición y también "la respuesta a sus infamias".

Huerga ha comparecido en rueda de prensa junto a los concejales y portavoces de PSOE e IU y calificado de "histórica" la resolución y ha señalado el de hoy como "un día de alegría para todos los benaventanos y creo que también para muchos vecinos del Villalar".

La sentencia es la demostración de la legalidad del acuerdo de mediación intrajudicial buscado por el Ayuntamiento de Benavente con la Comunidad de Propietarios del Edificio Villalar y con Román Ávila, ha dicho.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha cargado contra el PP y Ciudadanos tras conocerse la sentencia sobre el edificio Villalar. J. A. G.

"El cuanto peor, mejor, de la oposición"

"Un acuerdo que buscaba el interés general del Ayuntamiento por los posibles daños que la demolición del Edificio Villalar podría suponer a las arcas municipales, estimadas en cerca de dos millones de euros".

En segundo lugar, el alcalde ha insistido en que la resolución es "un mazazo político para la oposición desleal del Partido Popular que supone un descrédito político ante su postura de deslealtad institucional y, a su vez, a demostración pública, una vez más, de la falta de credibilidad y de su política de la mentira y de que cuanto peor, mejor".

Repercusiones económicas

Huerga ha afirmado que "las descalificaciones y afirmaciones, las mentiras flagrantes expresadas por los portavoces del Partido Popular y Ciudadanos únicamente buscaban dañar la imagen de este Gobierno intentando marcar un relato falso y aprovechándose de la obligación de confidencialidad a la que el Ayuntamiento se veía sometido en virtud del acuerdo de mediación extrajudicial elaborado por las partes de este proceso”.

También ha calificado el contenido de la sentencia de "noticia extraordinaria" para el Ayuntamiento de Benavente y para los benaventanos en su conjunto "ya que supone el principio del fin a 16 años de litigio jurídico. Sin acuerdo intrajudicial, se podrían haber originado unos daños económicos que hubiesen puesto en peligro la economía municipal y la ejecución del Proyecto Logístico del Puerta del Noroeste", ha dicho.

El edificio Villalar. L. O. Z.

"El enemigo en casa"

“Los concejales de la oposición de Benavente nunca se han dado cuenta de que en “asuntos de estado o capitales para Benavente, una oposición sensata, leal, razonable, debe arrimar el hombro para buscar soluciones buenas para Benavente. En cambio, lo que vienen haciendo como opción es, un día tras otro, tratar de crispar, enredar y enturbiar la vida municipal. Eso no es ser oposición, es ser un lastre para Benavente”, ha enfatizado.

Huerga ha recordado que PP y Ciudadanos llegaron a acusarle junto a miembros del equipo de Gobierno de "malversación de fondos" y "prevaricación" en una rueda de prensa "infame"; reveló que fue amenazado durante las reuniones con los vecinos con querellas por estos presuntos delitos y que el expresidente y mediador, el expresidente del Tribunal Constituicional, Pascual Sala, sufrió ataques y faltas de respeto, al igual que técnicos municipales o el abogado del Ayuntamiento.

Concejales con extécnicos y técnicos municipales, ayer, tras la rueda de prensa. J. A. G.

El alcalde fue también preciso a la hora de identificar el origen de la filtración del acuerdo de confidencialidad. "Teníamos el enemigo en casa. Una concejala que trabajaba para sus intereses y no para los intereses generales de Benavente filtró el acuerdo intrajudicial que era confidencial". Se refiere Huerga a la concejala de Ciudadanos, Sara Casquero, propietaria también en el Edificio Villalar y a quien el arquitecto Román Ávila ha señalado también directamente.

Luciano Huerga ha anunciado que una vez que la sentencia sea firme (cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo) se estudiará el inicio de acciones legales por la revelación del acuerdo intrajudicial sobre el que pesaba, hasta homologación, la obligación de confidencialidad por todas las partes.

"No somos iguales"

El alcalde ha recordado que en 2013 la entonces concejala de Urbanismo del PP, Meri Martínez, pidió al PSOE, entonces en la oposición, su apoyo para tratar de resolver la situación del edificio con unas obras que buscaban revestir de solución definitiva los problemas urbanísticos del inmueble. "No somos iguales. Fuimos leales. Ellos no lo han sido. Si algo es bueno para Benavente es malo para el PP y para Saldaña. Sienten un desprecio absoluto por el Estado de derecho y no soportan que además de parecer honrados lo seamos como han demostrado en la calle Zafra o en el Centro de Hemodiálisis".

También ha reconocido de forma pública que "en este caso Román Ávila tenía razón. Hay que decirlo alto y claro porque es verdad y porque durante años se ha cuestionado por este asunto su honorabilidad y la de su familia".

El alcalde ha expresado su reconocimiento público "a las personas que han hecho posible esta resolución judicial como son: la técnico municipal de disciplina urbanística, Inés Ruíz, la ex secretaria municipal, Mercedes Tagarro (artífice del acuerdo intrajudicial y que a pesar de no estar destinada en Benavente ayer estuvo presente en la rueda de prensa) , la arquitecta municipal, Elena Ortega así como a todo el departamento municipal de Urbanismo, la secretaria municipal, Pilar Mateos, el vice interventor, Álvaro Gutiérrez, el abogado del Ayuntamiento, Barca y a Pascual Sala, mediador intrajudicial, además de a los miembros del equipo de Gobierno".

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