La comunidad de propietarios del edificio Villalar ha valorado también positivamente la sentencia del 5 de mayo de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) porque “por fin hemos conseguido que se declare la situación legal del edificio”, asegura la abogada de estos propietarios, Inmaculada Benítez. Y ahora seguirá adelante con la reclamación patrimonial por “daños y perjuicios”.

La confirmación de que el edificio sí cuenta con licencia de obras, algo que defendía el propio Ayuntamiento desde la reanudación del procedimiento en el año 2017, es para los propietarios una buena noticia, a pesar de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL ha tumbado todos los motivos del recurso interpuesto por la comunidad de propietarios. Ya han confirmado que no habrá recurso de casación, aunque fueron los propios propietarios los que recurrieron el acuerdo intrajudicial adoptado por el Ayuntamiento y Román Ávila, que ha llevado a este fallo.

Asegura la abogada que “hasta el momento no había una declaración oficial por parte del Ayuntamiento de cuál era la situación legal en la que se encontraba el edificio. No sabíamos si era fuera de ordenación o cuál era su situación”. Aunque insiste en que existe una nota registral, en el Registro de la Propiedad, en el que el Ayuntamiento señala que “está fuera de ordenación”, algo que no se ha podido confirmar. Además, lo cierto es que no existe declaración expresa de que el edificio esté fuera de ordenación.

La letrada hizo un resumen de los años de litigios que han llevado a esta situación y explicó que para los propietarios “la sorpresa ha sido cuando nos presentamos a la mediación con la pretensión fundamental de que el Ayuntamiento determinase en qué situación se encontraba el edificio, si era legal o no lo era. Nuestra principal pretensión fue siempre que se reconociese la situación jurídica del edificio. Y en esa mediación nos apartamos antes de que se resolviera porque lo que pretendían era algo así como un contrato en blanco”.

Asegura también Benítez con relación a esa mediación que “nos decían que el Ayuntamiento se comprometía a hacer todas las obras que hicieran falta y en función del resultado de las mismas, si el edificio seguía siendo ilegal compensaría a los vecinos económicamente pero no establecía ni el cómo, ni el cuándo, ni dónde. En esos términos nosotros no conseguíamos que se reconociera una situación determinada del edificio. Seguíamos sin saber si era legal o ilegal”. No quiso entrar a valorar el acuerdo alcanzado por el ejecutante, Román Ávila, y el Ayuntamiento de Benavente con el que se logró poner fin a 16 años de litigios.

Asegura también la abogada que “tuvimos que recurrir ese acuerdo de mediación porque no decía nada de la situación legal del edificio. Ahora gracias a ese reconocimiento de legalidad mis clientes podrán pedir licencia de obras, vender sus casas o hipotecarlas. En ningún momento se ha pretendido obtener dinero, la única finalidad de la propiedad pasaba porque se legalizase el edificio”.

No obstante, confirmada ya la licencia de obras del inmueble, la comunidad de propietarios de nueve viviendas y dos locales, seguirá adelante con la petición de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento. “Tenemos claro que vamos a mantener de todo lo que se pedía, la responsabilidad por daños y perjuicios causados a estos vecinos, por la inseguridad que le ha causado el Ayuntamiento al no definir en qué situación estaba el edificio (aunque el Ayuntamiento ha defendido que había licencia de obras) y las obras que han tenido que soportar para nada, que han deslucido y han reducido habitabilidad”. Responsabilidad patrimonial que cifró ahora la abogada en 60.000 euros por cada uno de los propietarios del inmueble.

E insistió “por las obras que han tenido que realizar, ya que tienen una serie de problemas que tendrán que restablecer”. Esas obras a las que se refiere la abogada fueron las realizadas en el año 2013 atendiendo a un proyecto realizado por la comunidad de vecinos y sufragado por el propio Ayuntamiento. “Los daños morales que hemos reclamado”.

Cifró en 60.000 euros los daños por vecinos “por las obras que tienen que realizar”, aunque en el expediente que hay registrado en el Ayuntamiento y según fuentes municipales la comunidad de propietarios pedía como indemnización hasta 1,9 millones de euros. “Siguen pidiendo 660.000 euros al Ayuntamiento cuando ya se ha confirmado por el TSJ que la licencia del edificio es legal. Cómo siguen diciendo que no persiguen fines económicos, que se lo expliquen a los benaventanos”, señalan fuentes municipales.