El Partido Popular vinculó ayer la “solución” judicial del edificio Villalar a dos decretos firmados en 2012 y 2013 por el entonces alcalde Saturnino Mañanes, que según los populares fue quien “resolvió” este asunto.
El que fuera en aquella etapa concejal de Urbanismo tras el cese voluntario de Emérita Martínez, José Manuel Salvador, reprochó al actual alcalde, Luciano Huerga, que durante su comparecencia para valorar la sentencia del TSJ olvidara recordar que el caso Villalar se produjo en 2005 con un Gobierno municipal del PSOE.
“Otra de las cosas que se le olvidó decir es que la solución ha llegado gracias a una actuación que realizó un Gobierno del Partido Popular en el año 2013. Viene en la sentencia, y además viene recogido en negrita perfectamente explicado este tema”, afirmó, aunque la sentencia solo indica que el edificio tenía licencia firme desde 2013.
“¿Y quién lo resolvió? Pues mira, lo resolvió Saturnino Mañanes en un decreto del día 9 de enero de 2012 y el 16 de enero de 2013 hizo otro decreto en el que otorgó la licencia urbanística que menciona la sentencia, la última sentencia de la que hablaba el alcalde”, añadió.
PP y Ciudadanos comparecieron en la sede del PP para hablar del Edificio Villalar con, dijeron, diferentes posiciones. El PP, que mantuvo por boca de sus dos portavoces que se ha limitado en este asunto a pedir información pese a que rechazaron el acuerdo intrajudicial públicamente, aprovechó para cargar contra Huerga a quien acusaron de “triunfalismo” y de actuar como secretario general del PSOE ya en campaña electoral.
"El agujero negro" y la "gallina que cacarea"
La portavoz popular, Beatriz Asensio, culpó a Huerga de estar “convirtiendo Benavente en un agujero negro” y de “negarse a ver la realidad” con tal de “seguir cobrando del Ayuntamiento”. Las críticas del PP a la gestión del PSOE e IU apuntan a una gestión desoladora, criticas que, de una u otra forma se sucedieron durante una hora de rueda de prensa.
El portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña comparó a Huerga con “una gallina que cacarea porque ha puesto un huevo”, criticó de nuevo el acuerdo intrajudicial y la compensación de 110.000 euros a Román Ávila, a quien calificó de “altruista defensor de la legalidad” y “paladín del Plan General”. Saldaña preguntó en voz alta “quién garantiza que las dos partes (Ávila y Ayuntamiento) no se han puesto de acuerdo al margen del mediador intrajudicial”.
De largo, la intervención más prolija fue la de la concejala de Ciudadanos, Sara Casquero, propietaria de un piso desde 2016 en el edificio y presidenta “por rotación” de la comunidad de vecinos.
Casquero, que manifestó haberse visto perjudicada moralmente por el proceso en el que se ha visto inmerso el edificio aunque adquirió su vivienda once años después del origen del conflicto, explicó que la cuantificación de este daño lo determinará su abogada, que es también la de los vecinos. Estos reclaman ahora 660.000 euros.
"El derribo del edificio, nunca jamás"
La concejala se presentó como una víctima de todo lo sucedido tras conocerse la sentencia, según enfatizó en varias ocasiones llegando a denunciar "animadversión" hacia su persona. Reconoció haber mantenido contactos y llamadas telefónicas con todos los actores "de este circo", técnicos y políticos, pero rechazó que hubiera mezclado su cargo de concejala con la de propietaria.
Dijo que se había mantenido aparte porque no había participado en ninguna comisión informativa de Urbanismo, de la que, por otro lado, no es miembro.
Pese al contenido del recurso vecinal que encabeza la sentencia del TSJ, aseguró que “nunca jamás” los propietarios han querido que se derrumbe el edificio (la demolición y la indemnización son dos peticiones expresas del recurso que ha dado lugar a esta sentencia), y optó por no revelar si filtró el acuerdo intrajudicial “porque entiendo que este tema puede llegar a estar judicializado”. De cualquier modo, anunció que valora querellarse por injurias y calumnias.
