Los ganaderos reclaman a la Junta veterinarios para vacunar la lengua azul

La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta que ponga al servicio del sector los servicios veterinarios oficiales para vacunar contra la lengua azul.

La organización denuncia «la inacción de los equipos veterinarios contratados por la Junta de Castilla y León que no responden a las llamadas de los ganaderos para que sean suministradas las vacunas obligatorias contra la lengua azul convirtiendo en un verdadero caos esta gestión que es básica para las ganaderías de determinadas zonas».

 Advierte UPA-COAG de la «desesperación» del sector porque « la empresa encargada de la vacunación contra la lengua azul no está disponible y por lo tanto no atiende el teléfono donde se les demanda la vacuna en sí y el desplazamiento de un equipo para suministrarla a los animales». 

Hablan de una «situación caótica generada por parte de los equipos veterinarios dependientes de la Junta de Castilla y León, que no responden a las demandas continuas de los afectados, por lo que la responsabilidad final corresponde al Gobierno regional por no exigirles eficiencia, diligencia y medios de refuerzo de personal suficiente para desempeñar los trabajos de vacunación contra la enfermedad».

La Alianza UPA-COAG se teme que ante la falta de respuesta, los ganaderos «decidan buscarse la vida por su cuenta asumiendo los gastos de la vacunación, y por lo tanto el sector productor sea víctima del interés que pudiera tener la propia Consejería de Agricultura y Ganadería en ir privatizando poco a poco unos servicios que debería asumir directamente el Gobierno autonómico».  

No es la primera vez que la organización denuncia la situación de las unidades veterinarias, especialmente en periodos clave, «sobrepasadas para atender a la demanda de los ganaderos en materia de saneamiento ganadero".

La Alianza UPA-COAG recuerda que esta enfermedad de rumiantes no afecta al ser humano, y su vacunación es obligatoria en zonas donde está detectado el mosquito a todos los animales de más de tres meses. Una vez confirmada la presencia de la enfermedad por parte del muestreo que se realiza periódicamente se procede a la inmovilización de la explotación, tal y como dicta el protocolo sanitario. Una vez confirmado el foco, las medidas legales consisten en la vacunación obligatoria de las unidades veterinarias afectadas y en el establecimiento de una zona de inmovilización alrededor del origen del foco.