El Congreso abre la puerta a recuperar la caza del lobo en el norte del Duero
"La sobreprotección del lobo está poniendo contra las cuerdas a los ganaderos", asegura el PP
Ical
El Pleno del Congreso de los Diputados acordó este martes iniciar la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP para que el lobo deje de ser una especie protegida y pueda cazarse al norte del Duero.
La iniciativa contó con 180 votos a favor, 155 en contra y 7 abstenciones, y es la primera que se aprueba para estudiar si se rebaja la protección del lobo.
No obstante, el lobo ibérico está considerado una especie protegida en toda España al ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) desde el 22 de septiembre de 2021, con lo que no está permitida su caza deportiva.
Este asunto suscitó encendidos debates parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado durante la pasada legislatura, que resucitaron este martes en el Pleno del Congreso a vueltas de una proposición de ley promovida por el PP que defiende "la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico".
Aumento de las manadas
La principal novedad es que este cánido deje de estar protegido al norte del Duero y, por tanto, pueda ser cazado. El PP ya presentó esa iniciativa en el Congreso en 2022 y su toma en consideración fue rechazada, al contrario que este martes.
Silverio Argüelles, del PP, indicó que la “sobreprotección del lobo está poniendo contra las cuerdas” a los ganaderos, puesto que, según indicó, cada día hay 35 ataques de lobos y el año pasado murieron por ellos más de 14.000 animales, al tiempo que el número de manadas loberas aumentó de 312 en 2014 a más de 400 en 2023.
Daniel Senderos, del PSOE, abogó por la “coexistencia” del lobo ibérico con la ganadería y que el Gobierno ha destinado 20 millones de euros en ayudas para los ganaderos.
Desde la tribuna de oradores, Isidre Gavin (Junts) y Joseba Agirretxea (PNV) mostraron su apoyo a que se tramite la proposición de ley, lo que no garantiza su apoyo al final del recorrido parlamentario, y Júlia Boada (Sumar) y Tereas Jordà (Esquerra) expresaron su rechazo.
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