Endesa pide "seguridad jurídica" a las "distintas administraciones" ante la "creciente" oposición social a las renovables

La "creciente" oposición social y la judicialización de la ejecución de proyectos renovables en España empieza a ser un problema para el desarrollo de la energía eólica y solar en España. Así lo ha trasladado el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante la Junta de Accionistas celebrada este miércoles en la sede central de la empresa en Madrid, al pedir a las "distintas administraciones" dar "seguridad jurídica" a estos proyectos para evitar poner en riesgo la transición energética del país.

"Es necesario otorgar seguridad jurídica a las inversiones para que se pueda avanzar en la descarbonización", ha advertido Bogas durante su discurso, en el que ha defendido el modelo de expansión renovable de Endesa, que ha descrito como un "desarrollo local con proyectos de valor compartido y apostando por la integración sostenible".

Bogas ha avanzado que la energética aspira a incluir a "socios" para desarrollar determinados proyectos renovables, en línea con otras empresas del sector, como Repsol o Iberdrola. "Nuestra intención es preparar a la compañía de forma sólida y alineada para que, si se dan las circunstancias, alguno de los proyectos lo acometiéramos con un socio en renovables", ha argumentado, tras la pregunta de uno de los accionistas.

La eléctrica, propiedad en un 70% de la italiana Enel, prevé destinar la mitad de sus 8.900 millones de euros en inversiones previstos para los próximos tres años a las renovables, con un peso especial para la energía eólica y con el foco geográfico en Galicia y en los proyectos de transición justa de Andorra (Aragón) y Pego (Comunidad Valenciana), tras el cierre de las centrales de carbón en estas zonas.

Endesa todavía cuenta con una "mínima actividad" de generación con carbón en Alcudia, Islas Baleares, "por razones de seguridad de suministro", pero el dirigente recordó que los planes de la empresa pasan por salir "completamente del carbón" en el negocio insular en 2027.

En este sentido, Bogas ha recordado que "es urgente sustituir, modernizar e incorporar nueva capacidad de generación" en las islas "para garantizar el suministro y reducir las emisiones", pero ha recordado que desde 2013 el Gobierno no ha puesto en marcha ningún concurso para nueva generación regulada en los sistemas peninsulares.

Visibilidad regulatoria

Capítulo aparte ha merecido en el discurso la inversión en redes eléctricas. La energética prevé destinar 2.800 millones a las redes de distribución, 200 millones más que el año pasado, aunque "pendientes" de tener una "mayor visibilidad sobre la revisión regulatoria" en un contexto de "inflación y mayores costes financieros". "Endesa tiene capacidad para incrementar la inversión, pero es necesario que la regulación de esta actividad mejore", ha indicado Bogas.

La eléctrica, igual que sus pares Iberdrola o Naturgy, ha elevado la presión sobre el Gobierno y el regulador --la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-- para "eliminar los topes a la inversión" en redes, ahora vinculados al PIB; así como para mejorar la rentabilidad del capital, ahora fijada en un 5,58%, "al nivel de otros países de nuestro entorno".

"Es un tema urgente, ya que la actual regulación en materia de distribución nos está haciendo perder oportunidades a nivel país para atraer empresas, talento y tejido industrial", ha insistido, antes de asegurar que pese a que "cada vez hay más casos de empresas que, atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España quieren instalarse en el país", como los centros de procesamiento de datos, pero no pueden hacerlo --según ha dicho-- porque "las limitaciones regulatorias y los topes a la inversión no permiten dimensionar y adaptar la capacidad de acceso de las redes de distribución".

Impuesto energético

Hacia el final de su discurso, antes de agradecer a Alicia Koplowitz su etapa como consejera y dar la bienvenida a los nuevos miembros (Michela Mossini, Elisabetta Colacchia y Guillermo Alonso) ha reiterado su repulsa al gravamen extraordinario impuesto por el Gobierno sobre las ventas de las empresas energéticas y ha advertido que "detrae opciones" a su capacidad de invertir y "afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética".

Con un quórum de asistencia del 83,694% del capital, los accionistas han aprobado todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentran, además del nombramiento de los nuevos consejeros, las cuentas de la compañía, que el año pasado ganó 742 millones de euros, casi el 71% menos que los más de 2.540 millones obtenidos en 2022 y prácticamente la mitad de los 1.435 millones de 2021, debido a un pleito con Qatar. Mientras, un centenar de trabajadores se concentraron a las puertas de la sede en defensa de un nuevo convenio colectivo "justo" que "consolide y amplíe" el teletrabajo y que lleva en negociación desde hace casi un año.

De cara a 2026, el objetivo de Endesa es alcanzar un resultado ordinario neto en el rango de 2.200 y 2.300 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 5.600 y 5.900 millones y un dividendo por acción de 1,5 euros en ese año.