Un alcalde de Zamora, al juzgado por autorizar placas en fincas comunales

El alcalde de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo Bobillo, está siendo investigado por un presunto delito de falsificación de documento público para permitir la instalación de placas solares en tres parcelas comunales utilizadas por los vecinos para pasto y aprovechamiento ganadero, para obtener leña, setas y pizarra, actividades que impiden cambiar el uso de los terrenos, de acuerdo con la legislación vigente.

El Juzgado de Puebla tendrá que determinar si el alcalde, a sabiendas de que los vecinos utilizaron de forma ininterrumpida esas parcelas, contravino la ley para certificar que hacía más de una década que no se aprovechaban las tres fincas comunales, lo que implicaría tomar una decisión que sería "ilegal, injusta y arbitraria, lo que constituiría un delito de prevaricación administrativa".

La Fiscalía no descarta que pueda haber ilegalidad en los procedimientos administrativos que se tramitaron para llevar a cabo esa desafección de los bienes comunales que permitían la instalación de empresas para explotar placas solares, resoluciones que "pudieran no ajustarse a derecho o haberse apartado de los parámetros de la legalidad". El informe habla de "sospechas de actividad administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública".

La decisión tomada en un pleno de Manzanal de finales de 2019 se tomó a pesar de la aportación un documento suscrito por 801 personas en el que se solicitaba al Consistorio "la reversión a terrenos comunales, pues han sido utilizados como tales en los últimos diez años", una petición que se entregó el 21 de septiembre de 2021.

Servicio común

Esa norma estipula que solo podrá realizarse ese trámite si las fincas llevan sin ser destinadas al servicio común de los vecinos durante diez años. Asimismo, especifica que serán arrendadas a los vecinos de la localidad para su aprovechamiento agrícola si pasan a calificarse como bienes patrimoniales del municipio.

La Fiscalía de Zamora ha remitido la investigación de la Guardia Civil al Juzgado para que determine si el regidor aprobó el cambio la desafección en el Pleno del Ayuntamiento de Manzanal el 23 de octubre de 2019 para dejar vía libre a la instalación fotovoltaica y para conceder la explotación de la cantera a una empresa, recoge el escrito de la Fiscalía que remite la denuncia al Juzgado de Puebla de Sanabria.

El regidor municipal, sin embargo, certificó que los terrenos mencionados no habían sido explotados por los vecinos para ningún uso en los últimos diez años, una certificación que unió al expediente municipal administrativo que sirvió de base a la Diputación de Zamora para autorizar la desafección de las fincas. Incluso, existe una providencia de la Alcaldía en la que se sostiene que una de esas fincas, denominada "Urrieta", no se ha aprovechado desde hace, "al menos, 20 años".

El informe jurídico del secretario y certificaciones municipales sitúan a este terreno en el inventario de bienes del Ayuntamiento como comunal, para indicar que "no ha sido objeto de aprovechamiento comunal en 10 años", certificados que firman el alto funcionario y el propio alcalde, abunda el informe de la Fiscalía de Zamora. El Pleno Extraordinario de 23 de octubre de 2019 acuerda la ocupación de esos terrenos por placas solares, acuerdo que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de febrero de 2020 y la Junta de Gobierno de la Diputación autoriza el expediente de desafección del carácter de bien comunal de la parcela indicada el 25 de febrero de 2021. El mismo sistema se habría seguido con las otras dos parcelas.

El Ministerio Público abrió diligencias el 10 de julio de este 2023 después de recibir y la investigación de la Guardia Civil sobre el presunto delito de falsificación de documento público que recibió una denuncia en la que se aportan las actas de los plenos del 25 de julio de 2019 y del 23 de octubre de ese mismo año, así como los expedientes de fechados en el año 2021 para llevar a cabo el trámite de desafección. La Fiscalía aporta certificaciones de adjudicación de pastos comunales y de la Junta de Castilla y León para obtener grava.

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