Los empleados de la Junta en Zamora se forman en Transparencia y en Atención al Ciudadano

El director general de Transparencia de la Consejería de la Presidencia, Máximo López Vilaboa, acompañado por la delegada territorial de la Junta, Leticia García, ha asistido en la mañana de este jueves a la sesión de apertura de las jornadas de formación en Atención al Ciudadano y Transparencia para los empleados de la Delegación Territorial de Zamora, que también se están realizando en el resto de provincias de la comunidad.

Las jornadas de formación en Atención al Ciudadano y Transparencia para empleados de las Delegaciones Territoriales han recalado esta semana en Zamora. Los destinatarios de esta formación son los empleados de las oficinas provinciales que son receptores de las solicitudes de acceso a la información (oficinas de registros, personal que presta atención al público, etcétera), tanto de la propias Delegación como de los servicios territoriales de las distintas consejerías en Zamora.

Tramitación correcta

Esta línea de formación viene a dar continuidad a la actuación que se realizó el pasado año, destinada a ayudar a discernir con mayor claridad en las Delegaciones Territoriales las consultas que se debían enmarcar dentro de la normativa de Transparencia.

En esta jornada se da una especial importancia a dos elementos: la correcta identificación de las solicitudes de acceso a información pública por parte del personal, y la asistencia al ciudadano para que tenga claras las diferentes vías para acceder a la información que necesita.

En lo que va de 2023, los órganos territoriales de Zamora han recibido 18 solicitudes de información, de las cuales 17 han sido resueltas, lo cual representa más de un 94% de índice de resolución. Esta cifra se sitúa ligeramente por encima de la media en Castilla y León, que es de un 92%.

En el Comisionado de Transparencia, que funciona como institución propia vinculado al Procurador del Común, en lo que va de año se han formalizado 21 reclamaciones relacionadas con la petición de información.

Y es que los ciudadanos tienen derecho, y cauces, para conocer datos que obren en poder de la administración.