Funcionarios de Justicia de Zamora, denunciados por el PSOE por reivindicar en sus actos

Los 85 días de huelga indefinida de los funcionarios de los juzgados de Zamora se coronaban ayer con la denuncia del PSOE por delito electoral a los trece empleados que acuden a sus actos de campaña de estos comicios del 23J, en la vía pública, para reivindicar una negociación con el Ministerio de Justicia de sus mejoras. Y lo hacen con pequeños carteles tamaño folio con eslóganes como "justicia parada, el gobierno no hace nada" o "sin negociación no hay solución", la última vez, este 11 de julio en la plaza de Sagasta, donde permanecieron en silencio. Eso sí, acabaron acordonados por policías nacionales y por un militante socialista que les impedía aproximarse al secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.

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Una actitud la de los funcionarios que contrasta con la denuncia del Partido Socialista que afirma que los candidatos al Congreso y el Senado, Antidio Fagúndez y José Fernández Blanco, "han sufrido insultos que, en algunas ocasiones, han resultado ofensivos y acosadores al utilizarse silbatos y gritería más allá de la simple reivindicación en el ejercicio de sus derechos".

Para "facilitar la identificación de los funcionarios del Ministerio de Justicia" a la Junta Electoral, el partido puntualiza que los trece "manifestantes" que estuvieron este martes en la plaza de Sagasta, donde se limitaron a exhibir sus carteles, "fueron identificados por agentes de al Policía Nacional".

Los agentes impidieron, junto a cargos públicos socialistas, que los empleados públicos de Justicia pudieran cercarse demasiado al lugar donde Luis Tudanca celebraba un mitin junto a Antidio Fagúndez y José Fernández Blanco.

Cárcel o multa

En su denuncia, los socialistas concretan que las sanciones por infringir la Ley Electoral por impedir o dificultar "injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores o candidatos, operadores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral" pueden ser castigados a penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses".

Incluso, se reproduce en su denuncia la parte del artículo de la Ley Electoral que establece la inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años.

La Junta Electoral Provincial deberá decidir si las concentraciones, que nunca superan la veintena de personas, contravienen la Ley Electoral, tal y como concreta la denuncia del PSOE, se les puede condenar. Para los socialistas no cabe duda de que han infringido la legislación, puesto que llegan a indicar en su escrito que los trece identificados "han sido responsables de los actos ilícitos denunciados".

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