La firma de un administrador «de paja» decide un pleito empresarial en Zamora

La firma de un documento que ponía fin a la relación contractual de dos empresas, rubricado por la dueña de una de ellas y el administrador de la otra, en realidad un trabajador normal y corriente que sólo figuraba en el cargo nominalmente, cuando el propietario real era otra persona, es el asunto que se ventilaba este martes en la Audiencia Provincial de Zamora. La sentencia debe decidir si la dueña de Pizarras y Piedras Ornamentales Virginia falsificó la firma de la otra parte en esta rescisión de contrato con Greens Projects, lo que le supondía una pena, solicitada por la acusación particular pero no por el fiscal de tres años por falsedad documental más seis por cada uno de los dos delitos de estafa procesal.

Y es que esta firma es clave para saber si efectivamente el contrato entre las dos sociedades estaba rescindido o no. Un elemento fundamental para otros dos juicios que están pendientes, uno por el que Pizarras y Piedras reclama la maquinaria a Greens porque dice que era suya y se la llevó y otro en el que es esta, Greens, la que reclama casi 58.000 euros a Pizarras por facturas del año 2017.

Tode el asunto empieza cuando los dueños de Greens y Pizarras empiezan a colaborar con la adquisición de una cantera con el fin de suministrar balasto a ADIF, en aquel entonces con la obra del AVE en marcha. La acusada de falsedad, E.C.L., estaba asesorada durante el montaje de la planta para balasto por C.S., quien tenía como administrador y supuesto dueño del 90% de las participaciones a un tercero que en realidad era un trabajador suyo, que manejaba la máquina de machacar la piedra.

Colaboración

El sistema era que Pizarras explotaba la mina y pagaba las facturas a Greens por los gastos realizados, mediante un precio por tonelada de mineral que salía de la planta.

Según la versión de E.C.L. la administradora de Pizarras, ella firma con el administrador de Greens, M.B.L. la rescisión del contrato que unía a ambas compañías. Fue en la sede de la planta, a principios de febrero de 2017, pero con fecha 31 de enero de ese año. Explica que Greens reclamó las facturas de febrero y marzo, pero no se las pagaron porque ya no tenían relación contractual.

M.B.L. reconoció haber firmado un documento pero sólo una hoja, y no dos, y bajo la amenaza de despido, ya que había pasado a ser trabajador de Pizarras.

El verdadero dueño de Greens, sin embargo, C.S., asegura que era él quien realmente tomaba las decisiones y no sabía nada del asunto hasta que el documento de rescisión del contrato aparece en los pleitos judiciales que enfrentaron a ambas partes.

En uno de ellos es Pizarras quien reclama la maquinaria de la planta que se llevó Greens, mientras en otro es esta última firma quien solicita casi 58.000 euros a la primera. Una reclamación que solicita en 2018, casi un año después de la supuesta ruptura de relaciones.

Durante el juicio los peritos de ambas partes se empeñaron en demostrar, por un lado, que la firma no era de M.B.L., y por el otro que sí lo era. Ambos, como también lo hizo el perito de la Policía, explicaron la dificultad de su empeño porque M.B.L. no firmaba nunca igual, lo hacía de forma muy simple y por tanto es difícil encontrar rasgos distintivos que avalen cualquiera de ambas tesis. La firma presuntamente falsa tampoco se parece a la de la dueña de la otra empresa, aunque a juicio de la acusación este dato no es relevante para que pueda haber una falsificación.

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