Mañueco defiende al Consultivo como "referencia jurídica" nacional

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido al Consejo Consultivo como “referencia jurídica” a nivel nacional debido al trabajo realizado a lo largo de sus dos décadas de actividad. Los dictámenes y consultas “generan cuerpo de doctrina”, ha señalado el máximo mandatario de la comunidad autónoma, lo que se traduce en “una guía y orientación” para las acciones de los órganos públicos. Además, la función ejecutada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sirve para “evitar un incremento de la actividad judicial” en el ámbito ordinario, lo que contribuye a descongestionar la justicia en un momento clave.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha presentado este jueves la Memoria Anual de 2022 en un acto solemne que ha presidido por Alfonso Fernández Mañueco. El mandatario ha aplaudido la “eficacia de la labor realizada” desde hace más de veinte años por un órgano “que se ha convertido en una de las instituciones propias más importantes” de cuantas funcionan en el conjunto de la comunidad autónoma. El discurso del dirigente ha defendido la tarea “vital” relacionada con el principio de legalidad, “informando sobre el cumplimiento de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico español”.

También ha destacado el presidente la independencia del Consejo Consultivo, pero su “capacidad para colaborar con el Gobierno de la Junta de Castilla y León” para poder realizar la función legislativa con la mayor de las garantías. “Permite con su análisis técnico y jurídico ajustar las políticas al ordenamiento jurídico; una función previa que es importante en épocas de incremento de la litigiosidad”, ha señalado el mandatario.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado el pasado ejercicio un total de 696 dictámenes, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 208 recursos. El presidente, Agustín Sánchez de Vega, ha destacado el papel fundamental de esta institución propia en la tarea de “velar por los derechos de los castellanos y leoneses en el proceso de toma de decisiones de la comunidad” y ha insistido en la “función indispensable que realiza en un Estado social y democrático”.