Sucesos en Zamora
La huelga de Letrados de Justicia en Zamora paraliza un millón de euros a pagar a ciudadanos y al Tesoro Público
Más de 300 demandas se acumulan en las oficinas sin tramitar y a la espera de se admitidas o no desde hace tres semanas
Los antiguos secretarios judiciales, en una asamblea en Zamora. / L.O.Z.
Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (LAJ) de Zamora afrontan su cuarta semana de huelga con las oficinas "llenas de causas" paralizadas y con las cuentas bancarias con saldos elevadísimos, en torno al millón de euros entre todos los órganos, según fuentes del colectivo. Se trata de un dinero que debe ingresarse directamente en las cuentas de víctimas de delitos para damnificarles por daños o del Tesoro Público si procede de multas impuestas en sentencias por infringir la Ley.
Y se da la circunstancia de que este colectivo profesional, convocado por sus tres asociaciones nacionales, son los únicos funcionarios del Ministerio de Justicia autorizados para mover el dinero de esas cuentas. En circunstancias de funcionamiento normal, "el 98% de esas cantidades, procedentes de condenas de jueces a personas procesadas, no está más de tres días sin moverse para entregárselo al perjudicado; o al Tesoro Público. Cuando existe una resolución firme del juez, se entrega de forma inmediata" al ciudadano o a la ciudadana que haya sido víctima de un delito, agregan las mismas fuentes.
De hecho, su máxima es tener inmovilizado ese dinero el menor tiempo posible porque tienen el mandato de "favorecer o beneficiar al perjudicado o a la perjudicada, que tiene derecho a percibir esos pagos". Cuantías que proceden de multitud de autos judiciales o sentencias, desde a pensiones de alimentos para sus hijos y/o excónyuge a indemnizaciones por accidentes, daños, lesiones o los embargos.
El mayor perjuicio
"Los principales perjudicados por esta huelga son la ciudadanía y la propia Justicia". La primera no solo porque no percibe esas cantidades de dinero que le pertenecen, sino porque los pleitos se dilaten al suspenderse juicios, entorno al centenar por semana, así como otro tipo de actuaciones como la toma de declaraciones a testigos o a investigados y denunciantes; la aprobación de la solicitud de pruebas en un procedimiento u otro tipo de diligencias para resolver denuncias de delito o demandas.
Se perjudica a la Justicia porque pierde la agilidad necesaria en las resoluciones para cumplir con la esencial función de beneficiar tanto al justiciable como a la víctima, subrayan desde las asociaciones. Aquí también entran en juego los jueces y las juezas y la Fiscalía que ven acumularse causas y actuaciones, lo que se traducirá en una atasco importante cuando, por fin, se desconvoque la movilización.
La Abogacía y la Procuraduría también sufren este parón judicial, que tampoco perciben las costas de los juicios, es decir, el pago de su trabajo, a la par que sus casos tardarán en salir adelante.
De hecho, desde el 24 de enero, primer día de huelga de LAJ's hasta el 10 de febrero, el colectivo calcula que han entrado en las oficinas de asuntos civiles de los juzgados afectados por esta protesta unas 300 demandas. Estas acciones judiciales precisan del estudio previo del letrado de cada órgano judicial para determinar si cumplen o no los requisitos necesarios y establecer si se admite o no a trámite, si tienen que aportar alguna documentación los impulsores de la causa, explican fuentes de la Administración de Justicia.
La llamada del Ministerio de Justicia para iniciar la negociación el 16 de febrero con el comité de huelga, formado por las asociaciones profesionales, no ha gustado ni a estas ni al funcionariado que ejerce la jefatura de los juzgados, puesto que "regala al país una semana más de paralización de la Justicia en toda la provincia, en todo el país, con las repercusiones que tiene para la ciudadanía, ¿no da importancia a la Justicia?", reprochan. Y se preguntan: "¿Es que la ministra no tiene agenda?, ¿tardaría una semana en recibirnos si estuviéramos quemando ruedas?".
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